Se encuentra en la fase de poder materializar el esquema teórico y convertirlo en un modelo matemático (alguna fórmula polinómica que tase las diversas variables productivas de la minería) hasta llegar a coeficientes que precisen esos datos.
En ese sentido las complejas negociaciones entre el Ejecutivo y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se siguen llevando a cabo.
El equipo negociador minero lo preside Eva Arias, y es integrado por representantes de la la gran minería, mediana y pequeña; empresas con contrato de estabilidad tributaria y aquellos que no la tienen.
Por el lado del Estado, lo dirigen los titulares del MEF y del MEM; y a nivel técnico, la viceministra de Economía, Laura Calderón.
Ambas partes han concordado en las líneas de base que establecen la carga tributaria comparativa en el sector minero con los países con los que competimos, particularmente Chile.
La recaudación minera peruana en el 2010 fue superior al S/. 8,000 millones. El Impuesto a la Renta en el periodo 2007 – 2009 asciende a S/. 21,900 millones. El canon minero en el periodo 2006 – 2009 fue S/. 15,900 millones.
Pero una cosa es la relativa carga tributaria y otra la suculenta crema de la utilidad. Citado por el diario La República, el especialista Jorge Manco explicó que el año pasado, las mineras ganaron S/.20 mil millones de utilidades después de pagar impuestos y que este año las proyecciones apuntan a S/.24 mil millones.
Sin considerar el aporte voluntario, se evidencia el carácter regresivo del actual esquema de tributación peruana en base a la venta bruta.
En el Perú la minería paga una regalía entre 1 y 3% sobre la venta bruta.
Los proyectos mineros de baja rentabilidad pagan más impuestos que en Chile, pero los de rentabilidad superior al 80 por ciento pagan menos impuestos.
Las partes también están de acuerdo con aplicar el impuesto sobre utilidades como en Chile y no sobre la venta bruta.
Desde el 2010, en Chile se paga una regalía variable y progresiva entre 2 y 6% sobre utilidades.
La negociación sacará punta en estos días para establecer la tasa de regalía sobre utilidades. Sobre la mesa se evalúan esquemas de tasas fijas y variables distintas a las chilenas.
El gravamen sobre utilidades tendría varias ventajas:
–Pagan más las mineras con más utilidades; el actual esquema es regresivo.
–Los proyectos de baja rentabilidad –por Ley o altos costos– se hacen viables.
–Es más equitativo, porque el Estado recauda más cuando los precios suben, pero menos cuando caen los precios.
El modelo chileno incentiva a su vez –según la SNMEP– la reinversión: Grava la distribución de dividendos más que en el Perú (4.1%), pero reduce el pago del IR a quienes reinvierten.
El nuevo esquema tributario debe contemplar la heterogeneidad del sector minero: minas grandes, medianas y pequeñas; con altas y bajas leyes; con costos bajos y altos; con contratos de estabilidad y sin ellos.
De las negociaciones debe surgir una fórmula polinómica para tasar los múltiples escenarios.
Existiría consenso en la Sociedad de Minería, Energía y Petróleo para acatar la nueva política tributaria, incluso aquellas con contratos de estabilidad tributaria.
Subyace en la discusión el hecho que la producción minera está a la baja. De ahí podría explicarse en parte el aparente consenso que tiene entre los mineros la propuesta del gobierno.
Queda aún por definir también la suerte del aporte voluntario – que gravó con el equivalente a 3% de regalía a las empresas con contratos de estabilidad durante el gobierno de AGP.
El esquema quedó en suspenso este año a la espera de una definición del nuevo gobierno.
El aporte voluntario fue sustantivo y ha servido, como lo ha reconocido el propio Herrera Descalzi, para financiar exitosos programas sociales implementados por las propias mineras.
En caso de desaparecer, surge la interrogante de qué irá a pasar con los proyectos en marcha financiados de esta manera.
En el ala zurda del espectro, especialistas como Manco se encuentran en desacuerdo con la propuesta del gobierno. Para él sería más conveniente mantener el aporte voluntario y duplicar la tasa de regalías, pues considera que el gravamen sobre las utilidades operativas deja espacio para que las mineras “puedan incrementar artificialmente sus egresos con partidas sobredimensionadas” y así terminen por pagar menos impuestos.
ACENTOS Y ÉNFASISLa discusión es técnica y minuciosa pero tendrá sin duda efectos políticos.
Es evidente que Ollanta Humala se encuentra muy dedicado en darle una identidad popular a su gobierno. En todos sus discursos repite que no se encuentra subordinado a los grandes intereses y que solo se debe al pueblo.
La verdad es que, en medio de una economía globalizada al extremo y un camino al desarrollo que admite pocos desvíos, los márgenes de identidad son pocos. Acentos y énfasis resultan determinantes en la percepción pública.
Y basta ver ejemplos como el de Chile. Es cierto que el presidente Sebastián Piñera es un empresario millonario (guardando las distancias, el premier Lerner es un hombre adinerado). Pero también es cierto que su régimen fue el que viene ajustando a los mineros. Aún así las últimas protestas estudiantiles lo terminaron de encasillar como un presidente que gobierna “para los ricos”.
El gobierno de Humala se encuentra obligado a salir bien librado de la negociación en torno a las sobreganancias. No por nada puso buena parte de los huevos en esa canasta y si los números no cuadran la oposición –dentro y fuera del Congreso– estará lista para aprovecharlos.
Más aún cuando el proceso ya no es novedoso. Ernst & Young acaba de publicar un informe en el que concluye que la “nacionalización de los recursos” (es decir, reformas tributarias) constituye la principal amenaza que confronta la industria minera este año. Según el documento, al menos 20 países aumentaron o se encuentran en proceso de aumentarle los impuestos a la minería. Ya no hay que ser de izquierda ni nacionalista para hacerlo. (Fuentes: Caretas, Semana Económica, La República y Correo)
El equipo negociador minero lo preside Eva Arias, y es integrado por representantes de la la gran minería, mediana y pequeña; empresas con contrato de estabilidad tributaria y aquellos que no la tienen.
Por el lado del Estado, lo dirigen los titulares del MEF y del MEM; y a nivel técnico, la viceministra de Economía, Laura Calderón.
Ambas partes han concordado en las líneas de base que establecen la carga tributaria comparativa en el sector minero con los países con los que competimos, particularmente Chile.
La recaudación minera peruana en el 2010 fue superior al S/. 8,000 millones. El Impuesto a la Renta en el periodo 2007 – 2009 asciende a S/. 21,900 millones. El canon minero en el periodo 2006 – 2009 fue S/. 15,900 millones.
Pero una cosa es la relativa carga tributaria y otra la suculenta crema de la utilidad. Citado por el diario La República, el especialista Jorge Manco explicó que el año pasado, las mineras ganaron S/.20 mil millones de utilidades después de pagar impuestos y que este año las proyecciones apuntan a S/.24 mil millones.
Sin considerar el aporte voluntario, se evidencia el carácter regresivo del actual esquema de tributación peruana en base a la venta bruta.
En el Perú la minería paga una regalía entre 1 y 3% sobre la venta bruta.
Los proyectos mineros de baja rentabilidad pagan más impuestos que en Chile, pero los de rentabilidad superior al 80 por ciento pagan menos impuestos.
Las partes también están de acuerdo con aplicar el impuesto sobre utilidades como en Chile y no sobre la venta bruta.
Desde el 2010, en Chile se paga una regalía variable y progresiva entre 2 y 6% sobre utilidades.
La negociación sacará punta en estos días para establecer la tasa de regalía sobre utilidades. Sobre la mesa se evalúan esquemas de tasas fijas y variables distintas a las chilenas.
El gravamen sobre utilidades tendría varias ventajas:
–Pagan más las mineras con más utilidades; el actual esquema es regresivo.
–Los proyectos de baja rentabilidad –por Ley o altos costos– se hacen viables.
–Es más equitativo, porque el Estado recauda más cuando los precios suben, pero menos cuando caen los precios.
El modelo chileno incentiva a su vez –según la SNMEP– la reinversión: Grava la distribución de dividendos más que en el Perú (4.1%), pero reduce el pago del IR a quienes reinvierten.
El nuevo esquema tributario debe contemplar la heterogeneidad del sector minero: minas grandes, medianas y pequeñas; con altas y bajas leyes; con costos bajos y altos; con contratos de estabilidad y sin ellos.
De las negociaciones debe surgir una fórmula polinómica para tasar los múltiples escenarios.
Existiría consenso en la Sociedad de Minería, Energía y Petróleo para acatar la nueva política tributaria, incluso aquellas con contratos de estabilidad tributaria.
Subyace en la discusión el hecho que la producción minera está a la baja. De ahí podría explicarse en parte el aparente consenso que tiene entre los mineros la propuesta del gobierno.
Queda aún por definir también la suerte del aporte voluntario – que gravó con el equivalente a 3% de regalía a las empresas con contratos de estabilidad durante el gobierno de AGP.
El esquema quedó en suspenso este año a la espera de una definición del nuevo gobierno.
El aporte voluntario fue sustantivo y ha servido, como lo ha reconocido el propio Herrera Descalzi, para financiar exitosos programas sociales implementados por las propias mineras.
En caso de desaparecer, surge la interrogante de qué irá a pasar con los proyectos en marcha financiados de esta manera.
En el ala zurda del espectro, especialistas como Manco se encuentran en desacuerdo con la propuesta del gobierno. Para él sería más conveniente mantener el aporte voluntario y duplicar la tasa de regalías, pues considera que el gravamen sobre las utilidades operativas deja espacio para que las mineras “puedan incrementar artificialmente sus egresos con partidas sobredimensionadas” y así terminen por pagar menos impuestos.
ACENTOS Y ÉNFASISLa discusión es técnica y minuciosa pero tendrá sin duda efectos políticos.
Es evidente que Ollanta Humala se encuentra muy dedicado en darle una identidad popular a su gobierno. En todos sus discursos repite que no se encuentra subordinado a los grandes intereses y que solo se debe al pueblo.
La verdad es que, en medio de una economía globalizada al extremo y un camino al desarrollo que admite pocos desvíos, los márgenes de identidad son pocos. Acentos y énfasis resultan determinantes en la percepción pública.
Y basta ver ejemplos como el de Chile. Es cierto que el presidente Sebastián Piñera es un empresario millonario (guardando las distancias, el premier Lerner es un hombre adinerado). Pero también es cierto que su régimen fue el que viene ajustando a los mineros. Aún así las últimas protestas estudiantiles lo terminaron de encasillar como un presidente que gobierna “para los ricos”.
El gobierno de Humala se encuentra obligado a salir bien librado de la negociación en torno a las sobreganancias. No por nada puso buena parte de los huevos en esa canasta y si los números no cuadran la oposición –dentro y fuera del Congreso– estará lista para aprovecharlos.
Más aún cuando el proceso ya no es novedoso. Ernst & Young acaba de publicar un informe en el que concluye que la “nacionalización de los recursos” (es decir, reformas tributarias) constituye la principal amenaza que confronta la industria minera este año. Según el documento, al menos 20 países aumentaron o se encuentran en proceso de aumentarle los impuestos a la minería. Ya no hay que ser de izquierda ni nacionalista para hacerlo. (Fuentes: Caretas, Semana Económica, La República y Correo)
