Londres planea una cuota lineal de 40.000 euros anuales que apunta a las grandes fortunas "asiladas" en el Reino Unido
La City de Londres se ha alzado en armas contra el plan del Gobierno laborista de fijar un impuesto lineal de 30.000 libras anuales (unos 40.000 euros) a los ciudadanos que no tienen residencia fiscal en Reino Unido y disponen de suficientes recursos como para disfrutar de una segunda vivienda - además de sus cuentas bancarias- en algún paraíso fiscal como el Principado de Mónaco, Liechtenstein o Islas Caimán.
Los non doms (abreviación de no domiciliados),como Hacienda los denomina coloquialmente, se han beneficiado hasta ahora de la generosidad de las leyes fiscales del país hacia ellos, con el fin de atraer el talento y el dinero a la City de Londres para que sea la capital europea de las finanzas y compita con Wall Street por el cetro mundial. Así como Estados Unidos requiere que paguen impuestos todos los residentes en el país, Gran Bretaña tiene un régimen mucho más laxo y 116.000 personas (entre ellas el magnate del acero Lakshmi Mittal, uno de los hombres más ricos del mundo) se acogen a ese estatus.
Los magnates del acero y la industria naviera, los banqueros y ejecutivos de multinacionales no se van ciertamente a arruinar por 40.000 euros al año, que para ellos apenas es una propina. Pero el mundo de las finanzas ha reaccionado con alarma a lo que considera una medida redistributiva por parte del Gobierno de Gordon Brown y un retroceso en la línea pro negocios iniciada por Margaret Thatcher, que Tony Blair respetó al dedillo. La City tiene miedo al precedente que significa empezar a inventar nuevos impuestos, que en vez de ir dirigidos como es habitual a las clases medias que no tienen forma de evadirlos, tienen esta vez como objetivo los millonarios.
"La implementación de este impuesto, si el Gobierno no da marcha atrás, desembocará en un eventual éxodo de los empresarios de la industria naviera afincados en Londres y, asimismo, de muchos otros empresarios que aportan ideas y vitalidad a la City", asegura Jeremy Penn, principal ejecutivo del mercado marítimo Baltic Exchange. Una treintena de magnates griegos del sector han hecho ya las maletas y han trasladado sus oficinas y residencias fiscales a Singapur, Dubai, Irlanda o Luxemburgo.
En el propio Gobierno, sometido a la presión concertada del sector empresarial y la prensa conservadora, han empezado a surgir fisuras, hasta el punto de que lord Digby Jones - un ex director de la Confederación de la Industria Británica que no pertenece al Labour, pero fue fichado por Brown como secretario de Estado de Finanzas- ha cuestionado públicamente la conveniencia de aplicar el impuesto a los non doms,sobre el que se pronunciará definitivamente el Gobierno a finales del próximo marzo.
Paradójicamente la idea surgió en realidad de los conservadores, que dejaron flotar la posibilidad de un gravamen de esta naturaleza para desestabilizar al Labour. El canciller del Exchequer, Alistair Darling, para no ceder la iniciativa a la oposición y con un espíritu eminentemente populista, decidió hacerla suya con el cálculo electoral de que ganaría votos con un impuesto a los ricos inofensivo en el fondo, porque 40.000 euros al año no harían que ningún millonario abandonase los placeres cosmopolitas de Londres. Pero no imaginó que la City y sus amigos de la prensa iban a desenterrar el hacha de guerra.
El argumento a favor del nuevo impuesto es que todo residente de hecho, al margen de lagunas fiscales, debe contribuir a financiar los servicios públicos de la ciudad, y más aún si le sobran los millones. El argumento en contra es que los non doms,con su talento para generar dinero y atraer inversiones, aumentan la riqueza y competitividad de Gran Bretaña, y no deben ser castigados sino estimulados. Según señala el diario conservador Daily Telegraph,el Tesoro recaudaría 1.100 millones de libras (1.481 millones de euros) con la nueva tasa, pero perdería casi tres veces esa misma cantidad con la fuga de capitales y millonarios que inevitablemente se produciría.
