No hace mucho el TC causó gran polémica al enmendarle la plana al ejecutivo y restituir el arancel (12%) a la importación de cemento. Evidentemente se arrogó potestades que no tenía. Fiel a su política liberal, el Ejecutivo, vuelve a 0% el arancel, lo que por cierto es absolutamente constitucional, considerando que nuestra carta política le atribuye potestad tributaria originaria al Ejecutivo para modificar este tipo de impuesto a las importaciones. La noticia es de Perú21:
Le da la razón. El miembro del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Calle aseguró que es facultad del Ejecutivo establecer las tasas de los aranceles, en referencia a un decreto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que restituyó el valor de este impuesto de 12% a 0% para la importación de cemento.
En marzo de 2010, el organismo constitucional derogó la rebaja arancelaria que el Gobierno hizo para este producto y volvió a fijar en 12% la tasa respectiva, hecho que generó críticas de varios sectores contra el TC.
Aunque la entonces ministra de Economía, Mercedes Aráoz, dijo que se pediría una aclaración de dicha resolución, el sábado se publicó el decreto retornando a 0% el valor de importación.
“No necesariamente el Ejecutivo estaría incumpliendo una sentencia del tribunal. Es una decisión potestativa que tiene ese poder del Estado en cuanto a los aranceles”, sostuvo Calle, tras recordar que él tuvo una posición distinta al contenido de la resolución que publicó el órgano de control constitucional.
Sin embargo, el magistrado comentó que sí existen sectores que no están a favor de los fallos que instituciones, como el TC o el Poder Judicial, emiten, tienen todo su derecho de acusar constitucionalmente o emprender acciones legales contra los responsables.
“Se deben fortalecer las instituciones y no generalizar porque a alguien no le agrada un fallo. El tribunal decide para garantizar la vida legal del país y no para agradar a alguien”, dijo.
CHOQUE DE PODERES. En su oportunidad, el presidente Alan García declaró su extrañeza por la decisión del tribunal, e insinuó un problema de corrupción, al afirmar que en el tema del cemento “hay mucho dinero de por medio”, lo que cayó mal entre los magistrados de esta institución. El entonces presidente del TC, Juan Vergara, rechazó que la resolución haya tenido intereses económicos, y manifestó que la reducción arancelaria debe realizarse “de manera gradual”.
La abogada Cecilia Blume advirtió que la sentencia del TC abría el camino para que cualquier empresa terminara cuestionando las rebajas arancelarias y pidiendo su inconstitucionalidad. “Los consumidores terminarían pagando más por los productos”, aseveró.
