La autógrafa de la Ley de Fortalecimiento de la SUNAT la pueden visualizar en este enlace:
lunes, 26 de diciembre de 2011
miércoles, 7 de diciembre de 2011
Nuevo gravamen minero generó S/.204 millones en primer mes de pago
Sin embargo, monto recaudado es inferior a la proyección mensual que esperaba recibir el Gobierno (S/.250 millones)
La aplicación del Gravamen Especial Minero (GEM), el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y el nuevo sistema de regalías al sector minero permitieron que en octubre la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) recaudara unos S/.204 millones por estos tres conceptos, que suponen aportes extraordinarios del sector minero.
Según informó la Sunat, este monto abarca lo pagado por el segmento de los principales contribuyentes de este sector, donde se ubican las mineras más representativas.
De esta manera, se han recaudado S/.61 millones por la aplicación del nuevo sistema de Regalía Minera; 52 millones por el IEM y 92 millones por el GEM.
La recaudación por regalía minera, IEM y GEM es adicional al aporte que el sector minero realiza por concepto de tributos internos.
APORTE OBLIGADODesde el 1 de octubre empezó a aplicarse a la minería el nuevo marco tributario aprobado en setiembre último, el cual reemplaza a la antigua regalía minera por una calculada sobre la utilidad operativa trimestral (ventas menos costos y gastos operativos) de las mineras.
El Gobierno proyectó un aporte anual de S/.3.000 millones anuales; en ese sentido, se esperaba que entre octubre y diciembre de este año se recauden S/.750 millones (a un promedio de S/.250 millones por mes).
Así, el monto de recaudación de octubre estaría por debajo de lo proyectado cuando se anunció el nuevo marco tributario para el sector minero.
Según indicó la Sunat, la recaudación obtenida por todos estos conceptos, que se pagó en noviembre, se verá reflejada en las estadísticas de ingresos de diciembre.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en las leyes indicadas, la regalía minera, el IEM y el GEM que les corresponde pagar por el último trimestre del ejercicio 2011 serán liquidados en febrero del 2012.
La aplicación del Gravamen Especial Minero (GEM), el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y el nuevo sistema de regalías al sector minero permitieron que en octubre la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) recaudara unos S/.204 millones por estos tres conceptos, que suponen aportes extraordinarios del sector minero.
Según informó la Sunat, este monto abarca lo pagado por el segmento de los principales contribuyentes de este sector, donde se ubican las mineras más representativas.
De esta manera, se han recaudado S/.61 millones por la aplicación del nuevo sistema de Regalía Minera; 52 millones por el IEM y 92 millones por el GEM.
La recaudación por regalía minera, IEM y GEM es adicional al aporte que el sector minero realiza por concepto de tributos internos.
APORTE OBLIGADODesde el 1 de octubre empezó a aplicarse a la minería el nuevo marco tributario aprobado en setiembre último, el cual reemplaza a la antigua regalía minera por una calculada sobre la utilidad operativa trimestral (ventas menos costos y gastos operativos) de las mineras.
El Gobierno proyectó un aporte anual de S/.3.000 millones anuales; en ese sentido, se esperaba que entre octubre y diciembre de este año se recauden S/.750 millones (a un promedio de S/.250 millones por mes).
Así, el monto de recaudación de octubre estaría por debajo de lo proyectado cuando se anunció el nuevo marco tributario para el sector minero.
Según indicó la Sunat, la recaudación obtenida por todos estos conceptos, que se pagó en noviembre, se verá reflejada en las estadísticas de ingresos de diciembre.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en las leyes indicadas, la regalía minera, el IEM y el GEM que les corresponde pagar por el último trimestre del ejercicio 2011 serán liquidados en febrero del 2012.
martes, 6 de diciembre de 2011
Una crítica a la (in) competencia del CIADI en materia tributaria
Agradezco a los editores de la prestigiosa revista Análisis Tributario por publicar el siguiente artículo mío en su edición de Noviembre 2011. Es una defensa de los fueros fiscales del Perú ante los embates de este organismo (el CIADI), sólidamente criticado por sus laudos tan controvertidos en desmedro de los fiscos nacionales. Ver enlace:
Cláusula Constitucional: "Toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley" Artículo 2° numeral 4 de la Constitución Política del Perú.
lunes, 5 de diciembre de 2011
Tribunal de Indecopi falla a favor de Doe RUN
La Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi resolvió por mayoría y en última instancia a favor de Doe Run, y desestimó el alegato del consorcio minero Cormin. Asimismo, ratificó la capacidad del accionista principal (Grupo Renco) de ejercer todos sus derechos en la Junta de Acreedores.
Con esta decisión, se elimina el camino seguido por Cormin en su pretensión de, con una deuda de 30 millones de dólares, querer tomar la administración del Complejo Metalúrgico de La Oroya, valorizado en más de 1,500 millones de dólares.
En cuanto a la apelación presentada por el Ministerio de Energía y Minas para que se le reconozca la deuda de US$ 163 millones por la implementación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el tribunal de Indecopi decidió revocar la decisión de primera instancia y reconoció dicha deuda a favor del Ministerio, por considerar que la misma califica como un crédito susceptible de ser reconocido en virtud de la Ley General del Sistema Concursal (la Ley).
Según la Ley, los acreedores de Doe Run Perú S.R.L. (y no el Indecopi), son los que decidirán en Junta el destino de la empresa; es decir, si la reestructuran o liquidan. Si se decidieran por la primera opción, también deberán optar por mantener la administración original o cambiarla en su totalidad o en parte.
Finalmente, Indecopi ratificó “la transparencia de los procedimientos a su cargo” y reiteró que el caso de Doe Run Perú S.R.L. “recibe el mismo tratamiento que se otorga a todos los procedimientos concursales”.
En un comunicado, Doe Run invocó al Poder Judicial “a no permitir maniobras de ningún tipo que afecten los derechos de los verdaderos acreedores y no exponer el reinicio de operaciones a otras pretensiones, con conflicto de intereses, en perjuicio de los trabajadores, la población de La Oroya, la región central del Perú y el país”.
Con esta decisión, se elimina el camino seguido por Cormin en su pretensión de, con una deuda de 30 millones de dólares, querer tomar la administración del Complejo Metalúrgico de La Oroya, valorizado en más de 1,500 millones de dólares.
En cuanto a la apelación presentada por el Ministerio de Energía y Minas para que se le reconozca la deuda de US$ 163 millones por la implementación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el tribunal de Indecopi decidió revocar la decisión de primera instancia y reconoció dicha deuda a favor del Ministerio, por considerar que la misma califica como un crédito susceptible de ser reconocido en virtud de la Ley General del Sistema Concursal (la Ley).
Según la Ley, los acreedores de Doe Run Perú S.R.L. (y no el Indecopi), son los que decidirán en Junta el destino de la empresa; es decir, si la reestructuran o liquidan. Si se decidieran por la primera opción, también deberán optar por mantener la administración original o cambiarla en su totalidad o en parte.
Finalmente, Indecopi ratificó “la transparencia de los procedimientos a su cargo” y reiteró que el caso de Doe Run Perú S.R.L. “recibe el mismo tratamiento que se otorga a todos los procedimientos concursales”.
En un comunicado, Doe Run invocó al Poder Judicial “a no permitir maniobras de ningún tipo que afecten los derechos de los verdaderos acreedores y no exponer el reinicio de operaciones a otras pretensiones, con conflicto de intereses, en perjuicio de los trabajadores, la población de La Oroya, la región central del Perú y el país”.
miércoles, 23 de noviembre de 2011
MANIFIESTO DE LA RED POR LA JUSTICIA FISCAL
RED por la JUSTICIA FISCAL
Globalización, Paraísos Fiscales y Países Pobres
Escuela Julián Besteiro, C/ Azcona 53, Madrid
HAZ PÚBLICO LO QUE (no) PAGAS
Impuestos, control de las empresas y países en desarrollo
Los impuestos se están consolidando rápidamente como el más actual asunto en la temática de responsabilidad y control corporativos. Desde los años 70 el enfoque en esta temática ha cambiado progresivamente desde los problemas ambientales hacia los de responsabilidad corporativa, tales como los derechos humanos y el trabajo infantil, en los años 90. Más recientemente, esta temática ha comenzado a desviarse
de los asuntos "blandos" sociales y ambientales para adquirir una mirada más crítica hacia los supuestos impactos económicos de la actividad empresarial, incluyendo sus compromisos de comercio y precios justos. La inclusión de los impuestos en la temática de responsabilidad y control de las empresas constituye, pues, de un progreso lógico en la exigencia a las empresas de una mayor transparencia en sus actividades, así como del control de los impactos que estas actividades provocan sobre las comunidades en las que operan, especialmente en los países en desarrollo.
El pago de impuestos es probablemente el modo básico de compromiso de las compañías con la sociedad exterior. Si tomamos como ejemplo el caso de las empresas de hidrocarburos con actividades de cabecera en África Occidental, sabemos que los impactos sociales y ambientales negativos que causan pueden ser considerables, justificándolos estas empresas por los impactos económicos significativos sobre las comunidades de albergue. En la práctica, sin embargo, la huella económica de las empresas es pequeña en términos de empleo directo creado y de abastecimientos locales, de modo que la parte esencial de esta huella es el pago de impuestos y royalties al gobierno local. Y, curiosamente, éste es el asunto en el que las empresas de exploración y producción petrolíferas se muestran más impenetrables y menos controlables.
Nuestra reciente experiencia en Nigeria ha demostrado que las empresas petrolíferas internacionales se muestran renuentes a la publicación detallada de sus pagos por impuestos realizados por sus filiales locales, escondiéndose tras falsas cláusulas de confidencialidad para justificar su secretismo en este asunto crucial. Y ello a pesar de la labor de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas en Nigeria, que todavía ha de realizar su primer informe. No es sorprendente que este ámbito secreto, tan celosamente guardado, constituye el cultivo ideal para la evasión fiscal cuando menos y, probablemente, también para la corrupción, soborno y el fraude fiscal. Las empresas pueden alegar que no ocurren estas cosas, pero, mientras su
comportamiento sea el que ahora es, no hay forma de saberlo.
Y este razonamiento se refuerza porque, en la mayoría de los casos, las actividades dudosas se realizan a través de empresas filiales -- las llamadas Special Purpose Vehicles (SPVs)- localizadas en centros offshore (paraísos fiscales), que son muy difíciles de investigar. La dificultad reside en que frecuente y deliberadamente estas SPVs son propiedad de un fideicomiso establecido en un centro extraterritorial en
una jurisdicción distinta a la de la empresa offshore y determinar las identidades de los que han establecido el fideicomiso y de sus beneficiarios se convierte en un ejercicio jurídico considerable. A veces, incluso el fideicomiso está inscrito como "caritativo" para disfrazar estos datos, constituyendo una situación todavía más inadmisible desde el punto de vista ético. Ya es hora, por tanto, de que el debate sobre responsabilidad y control de las empresas profundice en el asunto de los impuestos y exija a las empresas que Publiquen lo que Pagan y lo que /No/ Pagan.
El impulso que mueve el enfoque actual de la sociedad civil sobre la responsabilidad corporativa y los impuestos tiene su origen en un informe de Oxfam (/"La liberación de los fondos ocultos para el desarrollo"/, Junio 2000) en el que se razonaba que la utilización de paraísos fiscales por las empresas trasnacionales y por las entidades
financieras por cuenta de personas ricas suponía una pérdida de ingresos mínima de 50.000 millones de dólares anuales para el conjunto de países en desarrollo. Oxfam exponía que la posibilidad de que las empresas trasnacionales utilizasen los paraísos fiscales tenía consecuencias importantes para la base impositiva de los países implicados, en especial para los países en desarrollo, algunos de los cuales dependen
en buena medida de los impuestos de sociedades. Oxfam también recalcaba que las compañías trasnacionales preparadas para adoptar prácticas agresivas de planificación fiscal (2) se benefician, sin embargo, de la infraestructura y niveles educativos costeados por otros contribuyentes. Este problema económico, "el viaje gratuito", se reconoce con frecuencia en la teoría económica pero raramente se combate en la práctica. El resultado es que cada vez más empresas se ven estimuladas a la adopción de estrategias agresivas de planificación fiscal, generalmente utilizando paraísos fiscales, para beneficiarse de estos "viajes gratuitos".
En un estudio más reciente (3) se estima que las pérdidas totales al año de ingresos
fiscales en países en desarrollo se elevan a 385.000 millones de dólares mediante la combinación de:
- Fraude fiscal en el ámbito doméstico (principalmente por actividades económicas en sectores de economía informal)
- Evasión de impuestos en actividades internacionales (la mayoría de las cuales se encaminan a través de empresas filiales establecidas en paraísos fiscales) y
- Presiones sobre los gobiernos para que compitan por la inversión de capitales mediante incentivos fiscales (a menudo erróneamente descrito como competencia fiscal)
Para comprender el significado de esta pérdida fiscal, indiquemos que el Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas señala que triplicar el monto del presupuesto de ayuda global a 195.000 millones de dólares en 2015 sería suficiente para reducir la pobreza mundial a la mitad en una década y prevenir millones de muertes innecesarias en los países pobres.
Las empresas trasnacionales utilizan los paraísos fiscales de varias formas:
En primer lugar, los bancos internacionales y las instituciones financieras utilizan los paraísos fiscales para permitir que sus clientes ricos defrauden y evadan impuestos. Para la mayoría de los bancos, la banca privada es una de sus actividades más rentables. Las investigaciones llevadas a cabo por la Red de Justicia Fiscal indica que
aproximadamente una cantidad de 11,5 billones de dólares se mantiene en cuentas y fideicomisos de paraísos fiscales, básicamente para escapar al pago de impuestos en otros territorios (4). Los bancos como Citigroup, HSBC, Standard Chartered, BBVA, Santander Central Hispano, BNP-Paribas y otros utilizan su red de banca al por menor para animar a sus clientes de más recursos a trasladarlos a estructuras extraterritoriales de alto rendimiento fiscal (5) . Es cierto que la mayoría de estos 11,5 billones de dólares proviene de países desarrollados, pero una proporción significativa lo hace de países en desarrollo. Por ejemplo, se supone que más del 50% del efectivo y valores de las personas ricas de América Latina están depositados en paraísos fiscales (6). Existen pocos datos para África, pero la mayoría de los analistas supone que la proporción es comparable a la de América latina o incluso mayor. La última edición de /Africa Report/ (de Marzo 2006) cita estimaciones bancarias de huida de capitales de 30.000 millones de dólares anuales. Esta pérdida minimiza el valor de la ayuda y condonación de deuda prometida a los líderes africanos durante la cumbre
del G-8 en Gleneagles el año pasado.
En segundo lugar, la posibilidad de las empresas trasnacionales para estructurar su comercio e inversiones a través de filiales nominales en paraísos fiscales les confiere una ventaja fiscal significativa sobre sus competidoras nacionales. La OCDE estima que el 50% del comercio mundial incluye algún elemento en paraísos fiscales. En la práctica este tratamiento fiscal sesgado favorece a las grandes empresas sobre las
pequeñas, a las trasnacionales sobre las nacionales y a las experimentadas sobre las recientes. De ello se deduce, dado que la mayoría de las empresas en el mundo en desarrollo son menores y más recientes que las de los países desarrollados, a la vez que más enfocadas hacia el negocio nacional, que este sesgo embebido en el
sistema fiscal favorece generalmente a las empresas multinacionales del Norte frente a sus competidoras nacionales de los países en desarrollo.
Esta distorsión del mercado perjudica las perspectivas de crecimiento de los países en desarrollo de varias formas:
· Pierden ingresos fiscales a causa de la facilidad con la que las empresas trasnacionales manejan técnicas de fraude.
· Pierden inversiones ya que los beneficios se repatrían en vez de reinvertirse en la economía nacional y
· Pierden empleos al pasar la carga fiscal del capital al trabajo y al consumo, lo que provoca la sustitución de procesos intensivos en mano de obra por otros intensivos en capital.
En tercer lugar, el secreto bancario y los servicios de empresas extraterritoriales y fideicomisos ofrecidos por las entidades financieras globales que operan en centros extraterritoriales constituyen una tapadera segura para lavar los beneficios de la
corrupción comercial y política, fraude, desfalcos, tráfico ilícito de armas y del comercio global de drogas. La falta de transparencia en los mercados financieros internacionales contribuye a la extensión del crimen globalizado, terrorismo, soborno de funcionarios mal pagados por parte de las multinacionales occidentales y al saqueo de los recursos por las élites políticas y económicas. La corrupción amenaza claramente el desarrollo y son los paraísos fiscales los que facilitan el lavado de dinero procedente del crimen, de la corrupción y de todo tipo de transacciones comerciales ilícitas. Un investigador ha estimado el flujo de dinero sucio desde los países en desarrollo hacia los paraísos fiscales en 500.000 millones de dólares anualmente. En total, se supone que unos 5 billones de dólares procedentes de actividades ilícitas han
llegado desde los países en desarrollo a inversiones en centros extraterritoriales de los países desarrollados.
En cuarto lugar, el poder político y económico de las empresas trasnacionales les permite forzar a los países en desarrollo a ofrecer incentivos fiscales que no desearían ofrecer, en otras condiciones. Estos incentivos toman diferentes formas, incluyendo zonas de procesamiento de exportaciones, vacaciones fiscales, aportaciones y
subsidios o amortizaciones excepcionales. Inevitablemente, estos incentivos socavan la base impositiva del país receptor, creando además distorsiones del mercado que benefician a las empresas trasnacionales sobre su competencia local. No existe justificación económica para estos incentivos. Son casi invariablemente perjudiciales y el concepto de competición fiscal es totalmente antidemocrático y sin base teórica. Ni
siquiera los conocidos consultores internacionales McKinsey's han podido hallar pruebas de beneficios atribuibles a este concepto.
El informe de Oxfam contribuyó a que estos asuntos y los paraísos fiscales que los facilitan se incluyeran en las agendas para el desarrollo. Del informe se deducía que las empresas trasnacionales deberían adoptar estándares de información sobre la fiscalidad que faciliten toda la información precisa país por país y deberían evitar
una planificación fiscal agresiva, así como utilizar las transferencias de precios, la infracapitalización y el uso de empresas instrumentales, generalmente establecidas en paraísos fiscales, para modificar su base impositiva. Oxfam también proponía la redacción de un código de conducta para el sector de planificación fiscal, con el fin de que sus miembros añadiesen una dimensión de responsabilidad social, además de la de legalidad, en los informes a sus clientes. Lamentablemente, ninguna de estas recomendaciones de Oxfam ha sido adoptada ni en el sector contable ni en los demás sectores relacionados con el asesoramiento fiscal.
Para iniciar la lucha frente a la cultura de la evasión fiscal tenemos que cambiar nuestra actitud desde la aceptación de un enfoque puramente técnico y legalista a la planificación fiscal hacia una situación en que la planificación fiscal agresiva llegue a asociarse con el riesgo a la reputación de quienes la practiquen, acusados de irresponsabilidad empresarial y conducta antisocial. Es interesante notar que cuando la Red por la Justicia Fiscal (TJN) logró que KPMG, la empresa trasnacional de servicios contables, recibiera una mención como empresa irresponsable en la Visión Pública, en la reunión de Davos de Enero de 2005, KPMG respondió mediante la publicación de un informe llamado /"Impuestos en el Consejo de Administración"/, en el que decían:
/"Los impuestos han experimentado un cambio importante en los últimos años. Su perfil público es más llamativo, han adquirido dimensiones morales, éticas y sociales nunca estudiadas anteriormente y, por ello, los problemas de administración de empresas relacionados con los impuestos se han convertido en más complicados, más sutiles, de mayor riesgo y mucho más difíciles"./
En febrero de 2006, SustainAbility, un Instituto de Estudios especializado en conducta empresarial y desarrollo sostenible, publicó su propio informe sobre empresas responsables e impuestos (7). SustainAbility opina que, en la actualidad, las empresas debieran distinguir con claridad entre el enfoque legal y financiero a la planificación fiscal y un enfoque más dirigido hacia su control, que reconoce las responsabilidades económicas y sociales de la empresa para con las comunidades en las que opera. En la práctica, este enfoque desviaría la cultura actual de preocupación por la frontera entre la evasión legal de impuestos y el ilegal fraude hacia un enfoque más amplio en el que se distinga entre unas conductas empresariales responsables y otras irresponsables (como se ve en la Figura siguiente).
fig_1.gif
En resumen, el informe de SustainAbility caracterizaba la actividad fiscal responsable como un proceso en dos etapas:
1. Las empresas deberían declarar los beneficios en el país en el que mejor se determine que se han obtenido y
2. Deberían pagar sus impuestos sobre tales beneficios según el espíritu de las leyes fiscales de aquel país.
Existen evidencias de que la mayoría de las empresas no proceden de esta forma, sino que tratan de justificar sus actividades de evasión fiscal agresiva con la excusa de que la evasión de impuestos es un deber de los administradores hacia sus accionistas. El razonamiento de esta posición es el siguiente:
· Los impuestos son un coste
· Los costes se deben minimizar
· Esta minimización es su deber hacia los accionistas
· En consecuencia, deben evadir impuestos siempre que sea posible.
Este argumento es falso. En primer lugar, los impuestos no son un coste y los contables lo demuestran cuando declaran un beneficio antes de impuestos, que después se distribuye en dos partes. La primera parte son los impuestos y la segunda los dividendos pagados a los accionistas. Al igual que los dividendos, los impuestos son un rendimiento pagado a una parte involucrada que se deduce del superávit de la empresa. Siendo así, se entiende que no existe la obligación de minimizar el coste de los impuestos en una empresa, puesto que los impuestos no son un coste. En segundo lugar, en la mayoría de los países no existe la obligación de minimizar los costes en la legislación mercantil.
Invertir la cultura empresarial de la evasión fiscal
Un objetivo clave debe ser situar el asunto de la justicia fiscal junto a las campañas de condonación de deuda, comercio justo y ayuda dentro del esfuerzo global contra la pobreza. Es necesario convencer a la opinión pública, a los gobiernos nacionales y a las agencias multilaterales e intergubernamentales de que el medio más efectivo de
movilizar recursos nacionales para mejorar la autosuficiencia de los países más pobres es la cooperación internacional en el refuerzo de sus regímenes fiscales para evitar la evasión y fraude fiscales, así como la competición fiscal. Las cantidades potenciales que pudieran obtenerse desde la fiscalidad superan con mucho otras fuentes de financiación previsibles en este momento.
Para abordar la cultura de evasión fiscal, que se ha convertido en un elemento dominante del mundo empresarial, los impuestos deberían considerarse una prueba básica de responsabilidad y control empresariales. Esta responsabilidad y transparencia en materia fiscal deberían incluirse en los estándares contables internacionales que establecen las exigencias legales de información.
En referencia al control empresarial, deberíamos exigir que las empresas:
- Declaren sus beneficios, sus costos y paguen impuestos en los países en que sea más fácil establecer el origen de tales beneficios.
- Se rijan por el Principio General de Antievasión Fiscal y no utilicen transacciones proyectadas principalmente para obtener beneficios fiscales.
- Reconozcan que los impuestos son un elemento principal de su impacto económico en la sociedad y, en consecuencia, incluyan sus políticas y prácticas fiscales dentro de su información financiera anual.
- Adopten técnicas de mitigación fiscal que tengan en cuenta los impactos sociales y económicos de las mismas.
- Integren las estrategias y prácticas fiscales en sus sistemas de gobierno empresariales.
Respecto a la transparencia, deberíamos exigir a las empresas que
- Publiquen de forma total y desglosada todos los impuestos pagados en cada país, suministrando los datos precisos para la comprobación de sus cálculos fiscales.
- Informen de todas sus entidades filiales, incluyendo empresas en paraísos fiscales y los fideicomisos relacionados, así como sus funciones e informes financieros sobre sus actividades.
- Incluyan la descripción de su política fiscal y riesgos materiales en sus informes anuales a los accionistas.
No sólo son precisas las medidas citadas para enfrentarse al fraude fiscal de las empresas, sino que también se necesita dar pasos hacia el desmantelamiento de la "infraestructura de oferta" del sistema financiero global, que estimula y facilita el lavado de los beneficios del crimen, actividades comerciales ilícitas y corrupción. El lavado de
dinero y la evasión de impuestos correrían mucho mayor riesgo de detección y enjuiciamiento de no ser por la infraestructura "intachable" constituida por las cuentas bancarias secretas y las empresas y fideicomisos en paraísos fiscales. El que algunos de los principales bancos, bufetes jurídicos y empresas contables continúen utilizando y suministrando servicios en los paraísos fiscales constituye un escándalo de proporciones globales, al suministrar a estos paraísos fiscales una inmerecida aura de respetabilidad. Las actividades de tales entidades financieras justifican cualquier campaña para "desenmascarar y avergonzar" que revele al público la auténtica naturaleza de la industria financiera extraterritorial.
Mi experiencia personal actuando como asesor económico de un importante
paraíso fiscal apoya mi opinión de que la cultura de los bancos extraterritoriales y las empresas contables no ha cambiado mucho, a pesar de las muchas iniciativas lanzadas por las agencias internacionales en los últimos años. Los paraísos fiscales -que son en gran medida creación de las grandes instituciones financieras- continúan
apoyando y estimulando el fraude y las estrategias de minimización fiscales, que con frecuencia atraviesan la barrera de la ilegalidad. Por lo tanto, enfrentarse a la "infraestructura de oferta" suministrada por los paraísos fiscales es crucial en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Debemos hacer campaña para que la comunidad internacional incluya específicamente la huida de capitales y la evasión
fiscal en sus esfuerzos contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Y ya existe un precedente para hacer esta relación entre evasión fiscal y lavado de dinero. En la cumbre del G-8 de Junio de 1999, los países participantes se comprometieron a /"profundizar nuestra cooperación en aplicación de la ley, combatiendo el crimen organizado y el lavado de dinero, incluyendo su relación con la huida de capitales"./
No se ha investigado suficientemente la amplitud de la elusión fiscal de las compañías trasnacionales que operan en los países en desarrollo.
Esta investigación debería recibir máxima prioridad. Las escasas investigaciones ya realizadas, por ejemplo de los pagos fiscales efectuados por las principales compañías mineras trasnacionales que operan en Chile, indican que han utilizado en buena medida las técnicas de transferencia de precios y los incentivos fiscales sin un objetivo económico legítimo (8). El hecho de que prácticamente todas las empresas trasnacionales importantes encaminen sus relaciones comerciales e inversiones a través de los paraísos fiscales apoya la idea de que las prácticas fiscales abusivas son preponderantes en la mayoría de los países en desarrollo. Así lo confirmó indirectamente el socio fiscal establecido en África de una empresa global de contabilidad al recalcar que ningún país africano había sido capaz de rechazar con éxito un sistema de transferencia de precios, a pesar de que esta práctica es habitual en el Continente.
Lo que me conduce a mi última sugerencia del día, que constituiría una forma muy práctica de ayudar a las entidades recaudatorias de muchos países africanos, permanentemente escasos de recursos, y que consistiría en la creación de un grupo de /inspecteurs fiscaux sans frontières, /al que podrían contribuir los experimentados y conocedores inspectores fiscales de Europa y Norteamérica. Al mismo tiempo se atraería la atención hacia el impacto perjudicial de los paraísos fiscales y sus clientes de las empresas trasnacionales. Este tipo de ayuda directa y práctica podría obtener resultados significativos en un plazo relativamente breve.
Globalización, Paraísos Fiscales y Países Pobres
Escuela Julián Besteiro, C/ Azcona 53, Madrid
HAZ PÚBLICO LO QUE (no) PAGAS
Impuestos, control de las empresas y países en desarrollo
Los impuestos se están consolidando rápidamente como el más actual asunto en la temática de responsabilidad y control corporativos. Desde los años 70 el enfoque en esta temática ha cambiado progresivamente desde los problemas ambientales hacia los de responsabilidad corporativa, tales como los derechos humanos y el trabajo infantil, en los años 90. Más recientemente, esta temática ha comenzado a desviarse
de los asuntos "blandos" sociales y ambientales para adquirir una mirada más crítica hacia los supuestos impactos económicos de la actividad empresarial, incluyendo sus compromisos de comercio y precios justos. La inclusión de los impuestos en la temática de responsabilidad y control de las empresas constituye, pues, de un progreso lógico en la exigencia a las empresas de una mayor transparencia en sus actividades, así como del control de los impactos que estas actividades provocan sobre las comunidades en las que operan, especialmente en los países en desarrollo.
El pago de impuestos es probablemente el modo básico de compromiso de las compañías con la sociedad exterior. Si tomamos como ejemplo el caso de las empresas de hidrocarburos con actividades de cabecera en África Occidental, sabemos que los impactos sociales y ambientales negativos que causan pueden ser considerables, justificándolos estas empresas por los impactos económicos significativos sobre las comunidades de albergue. En la práctica, sin embargo, la huella económica de las empresas es pequeña en términos de empleo directo creado y de abastecimientos locales, de modo que la parte esencial de esta huella es el pago de impuestos y royalties al gobierno local. Y, curiosamente, éste es el asunto en el que las empresas de exploración y producción petrolíferas se muestran más impenetrables y menos controlables.
Nuestra reciente experiencia en Nigeria ha demostrado que las empresas petrolíferas internacionales se muestran renuentes a la publicación detallada de sus pagos por impuestos realizados por sus filiales locales, escondiéndose tras falsas cláusulas de confidencialidad para justificar su secretismo en este asunto crucial. Y ello a pesar de la labor de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas en Nigeria, que todavía ha de realizar su primer informe. No es sorprendente que este ámbito secreto, tan celosamente guardado, constituye el cultivo ideal para la evasión fiscal cuando menos y, probablemente, también para la corrupción, soborno y el fraude fiscal. Las empresas pueden alegar que no ocurren estas cosas, pero, mientras su
comportamiento sea el que ahora es, no hay forma de saberlo.
Y este razonamiento se refuerza porque, en la mayoría de los casos, las actividades dudosas se realizan a través de empresas filiales -- las llamadas Special Purpose Vehicles (SPVs)- localizadas en centros offshore (paraísos fiscales), que son muy difíciles de investigar. La dificultad reside en que frecuente y deliberadamente estas SPVs son propiedad de un fideicomiso establecido en un centro extraterritorial en
una jurisdicción distinta a la de la empresa offshore y determinar las identidades de los que han establecido el fideicomiso y de sus beneficiarios se convierte en un ejercicio jurídico considerable. A veces, incluso el fideicomiso está inscrito como "caritativo" para disfrazar estos datos, constituyendo una situación todavía más inadmisible desde el punto de vista ético. Ya es hora, por tanto, de que el debate sobre responsabilidad y control de las empresas profundice en el asunto de los impuestos y exija a las empresas que Publiquen lo que Pagan y lo que /No/ Pagan.
El impulso que mueve el enfoque actual de la sociedad civil sobre la responsabilidad corporativa y los impuestos tiene su origen en un informe de Oxfam (/"La liberación de los fondos ocultos para el desarrollo"/, Junio 2000) en el que se razonaba que la utilización de paraísos fiscales por las empresas trasnacionales y por las entidades
financieras por cuenta de personas ricas suponía una pérdida de ingresos mínima de 50.000 millones de dólares anuales para el conjunto de países en desarrollo. Oxfam exponía que la posibilidad de que las empresas trasnacionales utilizasen los paraísos fiscales tenía consecuencias importantes para la base impositiva de los países implicados, en especial para los países en desarrollo, algunos de los cuales dependen
en buena medida de los impuestos de sociedades. Oxfam también recalcaba que las compañías trasnacionales preparadas para adoptar prácticas agresivas de planificación fiscal (2) se benefician, sin embargo, de la infraestructura y niveles educativos costeados por otros contribuyentes. Este problema económico, "el viaje gratuito", se reconoce con frecuencia en la teoría económica pero raramente se combate en la práctica. El resultado es que cada vez más empresas se ven estimuladas a la adopción de estrategias agresivas de planificación fiscal, generalmente utilizando paraísos fiscales, para beneficiarse de estos "viajes gratuitos".
En un estudio más reciente (3) se estima que las pérdidas totales al año de ingresos
fiscales en países en desarrollo se elevan a 385.000 millones de dólares mediante la combinación de:
- Fraude fiscal en el ámbito doméstico (principalmente por actividades económicas en sectores de economía informal)
- Evasión de impuestos en actividades internacionales (la mayoría de las cuales se encaminan a través de empresas filiales establecidas en paraísos fiscales) y
- Presiones sobre los gobiernos para que compitan por la inversión de capitales mediante incentivos fiscales (a menudo erróneamente descrito como competencia fiscal)
Para comprender el significado de esta pérdida fiscal, indiquemos que el Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas señala que triplicar el monto del presupuesto de ayuda global a 195.000 millones de dólares en 2015 sería suficiente para reducir la pobreza mundial a la mitad en una década y prevenir millones de muertes innecesarias en los países pobres.
Las empresas trasnacionales utilizan los paraísos fiscales de varias formas:
En primer lugar, los bancos internacionales y las instituciones financieras utilizan los paraísos fiscales para permitir que sus clientes ricos defrauden y evadan impuestos. Para la mayoría de los bancos, la banca privada es una de sus actividades más rentables. Las investigaciones llevadas a cabo por la Red de Justicia Fiscal indica que
aproximadamente una cantidad de 11,5 billones de dólares se mantiene en cuentas y fideicomisos de paraísos fiscales, básicamente para escapar al pago de impuestos en otros territorios (4). Los bancos como Citigroup, HSBC, Standard Chartered, BBVA, Santander Central Hispano, BNP-Paribas y otros utilizan su red de banca al por menor para animar a sus clientes de más recursos a trasladarlos a estructuras extraterritoriales de alto rendimiento fiscal (5) . Es cierto que la mayoría de estos 11,5 billones de dólares proviene de países desarrollados, pero una proporción significativa lo hace de países en desarrollo. Por ejemplo, se supone que más del 50% del efectivo y valores de las personas ricas de América Latina están depositados en paraísos fiscales (6). Existen pocos datos para África, pero la mayoría de los analistas supone que la proporción es comparable a la de América latina o incluso mayor. La última edición de /Africa Report/ (de Marzo 2006) cita estimaciones bancarias de huida de capitales de 30.000 millones de dólares anuales. Esta pérdida minimiza el valor de la ayuda y condonación de deuda prometida a los líderes africanos durante la cumbre
del G-8 en Gleneagles el año pasado.
En segundo lugar, la posibilidad de las empresas trasnacionales para estructurar su comercio e inversiones a través de filiales nominales en paraísos fiscales les confiere una ventaja fiscal significativa sobre sus competidoras nacionales. La OCDE estima que el 50% del comercio mundial incluye algún elemento en paraísos fiscales. En la práctica este tratamiento fiscal sesgado favorece a las grandes empresas sobre las
pequeñas, a las trasnacionales sobre las nacionales y a las experimentadas sobre las recientes. De ello se deduce, dado que la mayoría de las empresas en el mundo en desarrollo son menores y más recientes que las de los países desarrollados, a la vez que más enfocadas hacia el negocio nacional, que este sesgo embebido en el
sistema fiscal favorece generalmente a las empresas multinacionales del Norte frente a sus competidoras nacionales de los países en desarrollo.
Esta distorsión del mercado perjudica las perspectivas de crecimiento de los países en desarrollo de varias formas:
· Pierden ingresos fiscales a causa de la facilidad con la que las empresas trasnacionales manejan técnicas de fraude.
· Pierden inversiones ya que los beneficios se repatrían en vez de reinvertirse en la economía nacional y
· Pierden empleos al pasar la carga fiscal del capital al trabajo y al consumo, lo que provoca la sustitución de procesos intensivos en mano de obra por otros intensivos en capital.
En tercer lugar, el secreto bancario y los servicios de empresas extraterritoriales y fideicomisos ofrecidos por las entidades financieras globales que operan en centros extraterritoriales constituyen una tapadera segura para lavar los beneficios de la
corrupción comercial y política, fraude, desfalcos, tráfico ilícito de armas y del comercio global de drogas. La falta de transparencia en los mercados financieros internacionales contribuye a la extensión del crimen globalizado, terrorismo, soborno de funcionarios mal pagados por parte de las multinacionales occidentales y al saqueo de los recursos por las élites políticas y económicas. La corrupción amenaza claramente el desarrollo y son los paraísos fiscales los que facilitan el lavado de dinero procedente del crimen, de la corrupción y de todo tipo de transacciones comerciales ilícitas. Un investigador ha estimado el flujo de dinero sucio desde los países en desarrollo hacia los paraísos fiscales en 500.000 millones de dólares anualmente. En total, se supone que unos 5 billones de dólares procedentes de actividades ilícitas han
llegado desde los países en desarrollo a inversiones en centros extraterritoriales de los países desarrollados.
En cuarto lugar, el poder político y económico de las empresas trasnacionales les permite forzar a los países en desarrollo a ofrecer incentivos fiscales que no desearían ofrecer, en otras condiciones. Estos incentivos toman diferentes formas, incluyendo zonas de procesamiento de exportaciones, vacaciones fiscales, aportaciones y
subsidios o amortizaciones excepcionales. Inevitablemente, estos incentivos socavan la base impositiva del país receptor, creando además distorsiones del mercado que benefician a las empresas trasnacionales sobre su competencia local. No existe justificación económica para estos incentivos. Son casi invariablemente perjudiciales y el concepto de competición fiscal es totalmente antidemocrático y sin base teórica. Ni
siquiera los conocidos consultores internacionales McKinsey's han podido hallar pruebas de beneficios atribuibles a este concepto.
El informe de Oxfam contribuyó a que estos asuntos y los paraísos fiscales que los facilitan se incluyeran en las agendas para el desarrollo. Del informe se deducía que las empresas trasnacionales deberían adoptar estándares de información sobre la fiscalidad que faciliten toda la información precisa país por país y deberían evitar
una planificación fiscal agresiva, así como utilizar las transferencias de precios, la infracapitalización y el uso de empresas instrumentales, generalmente establecidas en paraísos fiscales, para modificar su base impositiva. Oxfam también proponía la redacción de un código de conducta para el sector de planificación fiscal, con el fin de que sus miembros añadiesen una dimensión de responsabilidad social, además de la de legalidad, en los informes a sus clientes. Lamentablemente, ninguna de estas recomendaciones de Oxfam ha sido adoptada ni en el sector contable ni en los demás sectores relacionados con el asesoramiento fiscal.
Para iniciar la lucha frente a la cultura de la evasión fiscal tenemos que cambiar nuestra actitud desde la aceptación de un enfoque puramente técnico y legalista a la planificación fiscal hacia una situación en que la planificación fiscal agresiva llegue a asociarse con el riesgo a la reputación de quienes la practiquen, acusados de irresponsabilidad empresarial y conducta antisocial. Es interesante notar que cuando la Red por la Justicia Fiscal (TJN) logró que KPMG, la empresa trasnacional de servicios contables, recibiera una mención como empresa irresponsable en la Visión Pública, en la reunión de Davos de Enero de 2005, KPMG respondió mediante la publicación de un informe llamado /"Impuestos en el Consejo de Administración"/, en el que decían:
/"Los impuestos han experimentado un cambio importante en los últimos años. Su perfil público es más llamativo, han adquirido dimensiones morales, éticas y sociales nunca estudiadas anteriormente y, por ello, los problemas de administración de empresas relacionados con los impuestos se han convertido en más complicados, más sutiles, de mayor riesgo y mucho más difíciles"./
En febrero de 2006, SustainAbility, un Instituto de Estudios especializado en conducta empresarial y desarrollo sostenible, publicó su propio informe sobre empresas responsables e impuestos (7). SustainAbility opina que, en la actualidad, las empresas debieran distinguir con claridad entre el enfoque legal y financiero a la planificación fiscal y un enfoque más dirigido hacia su control, que reconoce las responsabilidades económicas y sociales de la empresa para con las comunidades en las que opera. En la práctica, este enfoque desviaría la cultura actual de preocupación por la frontera entre la evasión legal de impuestos y el ilegal fraude hacia un enfoque más amplio en el que se distinga entre unas conductas empresariales responsables y otras irresponsables (como se ve en la Figura siguiente).
fig_1.gif
En resumen, el informe de SustainAbility caracterizaba la actividad fiscal responsable como un proceso en dos etapas:
1. Las empresas deberían declarar los beneficios en el país en el que mejor se determine que se han obtenido y
2. Deberían pagar sus impuestos sobre tales beneficios según el espíritu de las leyes fiscales de aquel país.
Existen evidencias de que la mayoría de las empresas no proceden de esta forma, sino que tratan de justificar sus actividades de evasión fiscal agresiva con la excusa de que la evasión de impuestos es un deber de los administradores hacia sus accionistas. El razonamiento de esta posición es el siguiente:
· Los impuestos son un coste
· Los costes se deben minimizar
· Esta minimización es su deber hacia los accionistas
· En consecuencia, deben evadir impuestos siempre que sea posible.
Este argumento es falso. En primer lugar, los impuestos no son un coste y los contables lo demuestran cuando declaran un beneficio antes de impuestos, que después se distribuye en dos partes. La primera parte son los impuestos y la segunda los dividendos pagados a los accionistas. Al igual que los dividendos, los impuestos son un rendimiento pagado a una parte involucrada que se deduce del superávit de la empresa. Siendo así, se entiende que no existe la obligación de minimizar el coste de los impuestos en una empresa, puesto que los impuestos no son un coste. En segundo lugar, en la mayoría de los países no existe la obligación de minimizar los costes en la legislación mercantil.
Invertir la cultura empresarial de la evasión fiscal
Un objetivo clave debe ser situar el asunto de la justicia fiscal junto a las campañas de condonación de deuda, comercio justo y ayuda dentro del esfuerzo global contra la pobreza. Es necesario convencer a la opinión pública, a los gobiernos nacionales y a las agencias multilaterales e intergubernamentales de que el medio más efectivo de
movilizar recursos nacionales para mejorar la autosuficiencia de los países más pobres es la cooperación internacional en el refuerzo de sus regímenes fiscales para evitar la evasión y fraude fiscales, así como la competición fiscal. Las cantidades potenciales que pudieran obtenerse desde la fiscalidad superan con mucho otras fuentes de financiación previsibles en este momento.
Para abordar la cultura de evasión fiscal, que se ha convertido en un elemento dominante del mundo empresarial, los impuestos deberían considerarse una prueba básica de responsabilidad y control empresariales. Esta responsabilidad y transparencia en materia fiscal deberían incluirse en los estándares contables internacionales que establecen las exigencias legales de información.
En referencia al control empresarial, deberíamos exigir que las empresas:
- Declaren sus beneficios, sus costos y paguen impuestos en los países en que sea más fácil establecer el origen de tales beneficios.
- Se rijan por el Principio General de Antievasión Fiscal y no utilicen transacciones proyectadas principalmente para obtener beneficios fiscales.
- Reconozcan que los impuestos son un elemento principal de su impacto económico en la sociedad y, en consecuencia, incluyan sus políticas y prácticas fiscales dentro de su información financiera anual.
- Adopten técnicas de mitigación fiscal que tengan en cuenta los impactos sociales y económicos de las mismas.
- Integren las estrategias y prácticas fiscales en sus sistemas de gobierno empresariales.
Respecto a la transparencia, deberíamos exigir a las empresas que
- Publiquen de forma total y desglosada todos los impuestos pagados en cada país, suministrando los datos precisos para la comprobación de sus cálculos fiscales.
- Informen de todas sus entidades filiales, incluyendo empresas en paraísos fiscales y los fideicomisos relacionados, así como sus funciones e informes financieros sobre sus actividades.
- Incluyan la descripción de su política fiscal y riesgos materiales en sus informes anuales a los accionistas.
No sólo son precisas las medidas citadas para enfrentarse al fraude fiscal de las empresas, sino que también se necesita dar pasos hacia el desmantelamiento de la "infraestructura de oferta" del sistema financiero global, que estimula y facilita el lavado de los beneficios del crimen, actividades comerciales ilícitas y corrupción. El lavado de
dinero y la evasión de impuestos correrían mucho mayor riesgo de detección y enjuiciamiento de no ser por la infraestructura "intachable" constituida por las cuentas bancarias secretas y las empresas y fideicomisos en paraísos fiscales. El que algunos de los principales bancos, bufetes jurídicos y empresas contables continúen utilizando y suministrando servicios en los paraísos fiscales constituye un escándalo de proporciones globales, al suministrar a estos paraísos fiscales una inmerecida aura de respetabilidad. Las actividades de tales entidades financieras justifican cualquier campaña para "desenmascarar y avergonzar" que revele al público la auténtica naturaleza de la industria financiera extraterritorial.
Mi experiencia personal actuando como asesor económico de un importante
paraíso fiscal apoya mi opinión de que la cultura de los bancos extraterritoriales y las empresas contables no ha cambiado mucho, a pesar de las muchas iniciativas lanzadas por las agencias internacionales en los últimos años. Los paraísos fiscales -que son en gran medida creación de las grandes instituciones financieras- continúan
apoyando y estimulando el fraude y las estrategias de minimización fiscales, que con frecuencia atraviesan la barrera de la ilegalidad. Por lo tanto, enfrentarse a la "infraestructura de oferta" suministrada por los paraísos fiscales es crucial en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Debemos hacer campaña para que la comunidad internacional incluya específicamente la huida de capitales y la evasión
fiscal en sus esfuerzos contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Y ya existe un precedente para hacer esta relación entre evasión fiscal y lavado de dinero. En la cumbre del G-8 de Junio de 1999, los países participantes se comprometieron a /"profundizar nuestra cooperación en aplicación de la ley, combatiendo el crimen organizado y el lavado de dinero, incluyendo su relación con la huida de capitales"./
No se ha investigado suficientemente la amplitud de la elusión fiscal de las compañías trasnacionales que operan en los países en desarrollo.
Esta investigación debería recibir máxima prioridad. Las escasas investigaciones ya realizadas, por ejemplo de los pagos fiscales efectuados por las principales compañías mineras trasnacionales que operan en Chile, indican que han utilizado en buena medida las técnicas de transferencia de precios y los incentivos fiscales sin un objetivo económico legítimo (8). El hecho de que prácticamente todas las empresas trasnacionales importantes encaminen sus relaciones comerciales e inversiones a través de los paraísos fiscales apoya la idea de que las prácticas fiscales abusivas son preponderantes en la mayoría de los países en desarrollo. Así lo confirmó indirectamente el socio fiscal establecido en África de una empresa global de contabilidad al recalcar que ningún país africano había sido capaz de rechazar con éxito un sistema de transferencia de precios, a pesar de que esta práctica es habitual en el Continente.
Lo que me conduce a mi última sugerencia del día, que constituiría una forma muy práctica de ayudar a las entidades recaudatorias de muchos países africanos, permanentemente escasos de recursos, y que consistiría en la creación de un grupo de /inspecteurs fiscaux sans frontières, /al que podrían contribuir los experimentados y conocedores inspectores fiscales de Europa y Norteamérica. Al mismo tiempo se atraería la atención hacia el impacto perjudicial de los paraísos fiscales y sus clientes de las empresas trasnacionales. Este tipo de ayuda directa y práctica podría obtener resultados significativos en un plazo relativamente breve.
martes, 22 de noviembre de 2011
Beneficios tributarios le costarán S/.10.039 millones al Estado el 2012
Cuánto le cuesta al Estado los beneficios tributarios: un exceso de la liberalidad estatal y el descontrol. Estos excesos, a parte de romper el principio de igualdad y ser discriminatorios, sólo han servido para enriquecer a unos pocos en detrimento de todos. Mírese sino el caso de los dueños de las Universidades Privadas, lucrativas como cualquier negocio: cero imposición. O en la región selva donde sólo han favorecido a grandes comerciante y al contrabando. ¿Quién le pone cascabel al gato?
Sunat calcula que pérdida sería casi el 1,94% del PBI. Sin embargo, expertos dicen que MEF debe suplantar exoneraciones por transferencias
Los tratamientos tributarios preferenciales que permiten que algunos contribuyentes paguen menos impuestos o no tributen le costarán al Estado S/.10.039 millones en el 2012, según estimaciones de la Sunat.
El ente recaudador detalló que esos gastos tributarios –que incluyen exoneraciones, inafectaciones, reducciones de tasas, deducciones, créditos, diferimientos y devoluciones vigentes a febrero de este año– equivalen al 1,94% del PBI proyectado para el próximo año.
En detalle, indicó que el IGV es el tributo sobre el que recaen mayores beneficios tributarios, al sumar S/.6.845 millones, es decir, el 68% del total estimado. El 19% de los S/.10.039 millones corresponde al Impuesto a la Renta (S/.1.925 millones); el 9% a los derechos arancelarios (S/.892 millones) y el 4%, al Impuesto Selectivo al Consumo (S/.376 millones).
BENEFICIO PERNICIOSO
Los tratamientos tributarios preferenciales que permiten que algunos contribuyentes paguen menos impuestos o no tributen le costarán al Estado S/.10.039 millones en el 2012, según estimaciones de la Sunat.
El ente recaudador detalló que esos gastos tributarios –que incluyen exoneraciones, inafectaciones, reducciones de tasas, deducciones, créditos, diferimientos y devoluciones vigentes a febrero de este año– equivalen al 1,94% del PBI proyectado para el próximo año.
En detalle, indicó que el IGV es el tributo sobre el que recaen mayores beneficios tributarios, al sumar S/.6.845 millones, es decir, el 68% del total estimado. El 19% de los S/.10.039 millones corresponde al Impuesto a la Renta (S/.1.925 millones); el 9% a los derechos arancelarios (S/.892 millones) y el 4%, al Impuesto Selectivo al Consumo (S/.376 millones).
BENEFICIO PERNICIOSO
La Sunat fue enfática al detallar los problemas que generan estos beneficios, entre los que destacan que no están sujetos al control del proceso presupuestal, que recargan el peso del financiamiento del Estado entre los contribuyentes que ya tributan y que constituyen “un foco de atracción para la elusión y la evasión”.
“Estas medidas, en su mayor parte, tienen un efecto negativo sobre el sistema tributario porque fomentan la evasión, al hacer más complejo el sistema tributario y dificultar el control. Sin embargo, lo más grave es que crean un hueco presupuestal, pero sin evaluar sus resultados ni medir si han logrado que se cumplan los objetivos para los que fueron creados”, opinó el ex jefe de la Sunat Luis Alberto Arias Minaya.
La entidad también detalló que el 75% de esos beneficios se aplica a escala nacional y que casi el 25% restante corresponde a las exoneraciones de la Amazonía.
“Dentro de lo negativo que son los beneficios tributarios, los que solo se aplican a una zona geográfica son los que más desorden generan y la principal prueba es lo que sucede en la Amazonía, donde solo algunas empresas se benefician de los menores impuestos y no la población”, comentó Sandro Fuentes, tributarista del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano.
Consideró que el Ministerio de Economía y Finanzas debería retomar la iniciativa del ex ministro Luis Carranza de suplantar exoneraciones geográficas por transferencias presupuestales directas que financien obras en favor de la población.
“No reducir ese forado, que equivale al 10% del presupuesto del 2011 y al 15% de lo que recauda la Sunat al año, pone en riesgo la meta del actual gobierno de elevar la presión tributaria a 18% y obligará a que los que ya tributan paguen más impuestos”.
EN PUNTOS
“Estas medidas, en su mayor parte, tienen un efecto negativo sobre el sistema tributario porque fomentan la evasión, al hacer más complejo el sistema tributario y dificultar el control. Sin embargo, lo más grave es que crean un hueco presupuestal, pero sin evaluar sus resultados ni medir si han logrado que se cumplan los objetivos para los que fueron creados”, opinó el ex jefe de la Sunat Luis Alberto Arias Minaya.
La entidad también detalló que el 75% de esos beneficios se aplica a escala nacional y que casi el 25% restante corresponde a las exoneraciones de la Amazonía.
“Dentro de lo negativo que son los beneficios tributarios, los que solo se aplican a una zona geográfica son los que más desorden generan y la principal prueba es lo que sucede en la Amazonía, donde solo algunas empresas se benefician de los menores impuestos y no la población”, comentó Sandro Fuentes, tributarista del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano.
Consideró que el Ministerio de Economía y Finanzas debería retomar la iniciativa del ex ministro Luis Carranza de suplantar exoneraciones geográficas por transferencias presupuestales directas que financien obras en favor de la población.
“No reducir ese forado, que equivale al 10% del presupuesto del 2011 y al 15% de lo que recauda la Sunat al año, pone en riesgo la meta del actual gobierno de elevar la presión tributaria a 18% y obligará a que los que ya tributan paguen más impuestos”.
EN PUNTOS
Solo el 33% de los gastos tributarios se aplica de manera general, sin distinguir la actividad económica que se realiza.
Los sectores que agrupan los mayores beneficios son agropecuario, educación e intermediación financiera.
La Sunat considera que esto distorsiona las decisiones de los agentes económicos al desviar recursos hacia esos sectores.
EL DATOLa Sunat calcula los beneficios tributarios como si fueran gastos porque, en la práctica, tienen el mismo efecto sobre el presupuesto que un desembolso.
Los sectores que agrupan los mayores beneficios son agropecuario, educación e intermediación financiera.
La Sunat considera que esto distorsiona las decisiones de los agentes económicos al desviar recursos hacia esos sectores.
EL DATOLa Sunat calcula los beneficios tributarios como si fueran gastos porque, en la práctica, tienen el mismo efecto sobre el presupuesto que un desembolso.
lunes, 21 de noviembre de 2011
ÚLTIMA JURISPRUDENCIA VINCULANTE DEL TRIBUNAL FISCAL
Acuerdo Nº 14-2011
Acuerdo Nº 2011-14 (.pdf 491kb)
Fecha del acuerdo: 12/08/2011
Resolución de Observancia Obligatoria Nº 2011-2-16192 (.pdf 561 kb)
Fecha de Publicación en el Peruano: 13/10/2011
Nro de páginas: 6739
Tema de la Sala Plena
Determinar si el inciso f) del artículo 29° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF, excede lo dispuesto por el artículo 50° de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo N° 774, así como al artículo 25° de la citada ley, modificado por la Ley N° 26415, cuando establece que los contribuyentes que obtienen dividendos deben considerarlos entre sus ingresos a fin de determinar la pérdida neta compensable.
Criterio de Observancia Obligatoria
“El inciso f) del artículo 29º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF, excede lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo Nº 774, así como al inciso a) del artículo 25º de la citada ley (modificada por la Ley Nº 26415) cuando establece que los contribuyentes que obtengan dividendos los deberán considerar entre sus ingresos a fin de determinar la pérdida neta compensable.”
Acuerdo Nº 13-2011
Acuerdo Nº 2011-13 (.pdf 2000kb)
Fecha del acuerdo: 11/07/2011
Resolución de Observancia Obligatoria Nº 2011-9-11952 (.pdf 1024 kb)
Fecha de Publicación en el Peruano: 23/07/2011
Nro de páginas: 6715
Tema de la Sala Plena
Determinar si para que opere la causal de interrupción del cómputo del plazo de prescripción prevista por el inciso f) del artículo 45º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, cuando ésta es invocada en procedimientos contenciosos o no contenciosos tributarios, es necesario verificar que el inicio del procedimiento de cobranza o de ejecución coactiva se haya efectuado conforme a ley, mediante la notificación válida de los valores y de la resolución coactiva que le da inicio.
Criterio de Observancia Obligatoria
“A efecto de que opere la causal de interrupción del cómputo del plazo de prescripción prevista por el inciso f) del artículo 45º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, cuando ésta es invocada en procedimientos contenciosos y no contenciosos tributarios, se debe verificar que los actos a que dicha norma se refiere hayan sido válidamente notificados dentro de un procedimiento de cobranza o ejecución coactiva iniciado conforme a ley, mediante la notificación válida de los correspondientes valores y la resolución de ejecución coactiva que le da inicio.”
Acuerdo Nº 12-2011
Acuerdo Nº 2011-12 (.pdf 2048kb)
Fecha del acuerdo: 06/07/2011
Resolución de Observancia Obligatoria Nº 2011-3-11701 (.pdf 998 kb)
Fecha de Publicación en el Peruano: 04/08/2011
Nro de páginas: 6723
Tema de la Sala Plena
Determinar si los adquirentes de bienes como consecuencia de un anticipo de herencia son responsables solidarios de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1) del artículo 17° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF.
Criterio de Observancia Obligatoria
“Los adquirentes de bienes como consecuencia del anticipo de herencia no son responsables solidarios de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1) del artículo 17° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, antes de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 953.”
Acuerdo Nº 2011-14 (.pdf 491kb)
Fecha del acuerdo: 12/08/2011
Resolución de Observancia Obligatoria Nº 2011-2-16192 (.pdf 561 kb)
Fecha de Publicación en el Peruano: 13/10/2011
Nro de páginas: 6739
Tema de la Sala Plena
Determinar si el inciso f) del artículo 29° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF, excede lo dispuesto por el artículo 50° de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo N° 774, así como al artículo 25° de la citada ley, modificado por la Ley N° 26415, cuando establece que los contribuyentes que obtienen dividendos deben considerarlos entre sus ingresos a fin de determinar la pérdida neta compensable.
Criterio de Observancia Obligatoria
“El inciso f) del artículo 29º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF, excede lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo Nº 774, así como al inciso a) del artículo 25º de la citada ley (modificada por la Ley Nº 26415) cuando establece que los contribuyentes que obtengan dividendos los deberán considerar entre sus ingresos a fin de determinar la pérdida neta compensable.”
Acuerdo Nº 13-2011
Acuerdo Nº 2011-13 (.pdf 2000kb)
Fecha del acuerdo: 11/07/2011
Resolución de Observancia Obligatoria Nº 2011-9-11952 (.pdf 1024 kb)
Fecha de Publicación en el Peruano: 23/07/2011
Nro de páginas: 6715
Tema de la Sala Plena
Determinar si para que opere la causal de interrupción del cómputo del plazo de prescripción prevista por el inciso f) del artículo 45º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, cuando ésta es invocada en procedimientos contenciosos o no contenciosos tributarios, es necesario verificar que el inicio del procedimiento de cobranza o de ejecución coactiva se haya efectuado conforme a ley, mediante la notificación válida de los valores y de la resolución coactiva que le da inicio.
Criterio de Observancia Obligatoria
“A efecto de que opere la causal de interrupción del cómputo del plazo de prescripción prevista por el inciso f) del artículo 45º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, cuando ésta es invocada en procedimientos contenciosos y no contenciosos tributarios, se debe verificar que los actos a que dicha norma se refiere hayan sido válidamente notificados dentro de un procedimiento de cobranza o ejecución coactiva iniciado conforme a ley, mediante la notificación válida de los correspondientes valores y la resolución de ejecución coactiva que le da inicio.”
Acuerdo Nº 12-2011
Acuerdo Nº 2011-12 (.pdf 2048kb)
Fecha del acuerdo: 06/07/2011
Resolución de Observancia Obligatoria Nº 2011-3-11701 (.pdf 998 kb)
Fecha de Publicación en el Peruano: 04/08/2011
Nro de páginas: 6723
Tema de la Sala Plena
Determinar si los adquirentes de bienes como consecuencia de un anticipo de herencia son responsables solidarios de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1) del artículo 17° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF.
Criterio de Observancia Obligatoria
“Los adquirentes de bienes como consecuencia del anticipo de herencia no son responsables solidarios de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1) del artículo 17° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, antes de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 953.”
viernes, 18 de noviembre de 2011
LIBRO HOMENAJE AL PROFESOR PAULO DE BARROS CARVALHO
Somos co-autores de este Libro: cuya compra pueden hacerla vía electrónica en esta web de la librería Communitas: http://www.communitas.pe/0/modulos/TIE/TIE_DetallarProducto.aspx?PRO=8491
jueves, 17 de noviembre de 2011
Grecia debe cobrar US$81.000 millones en deudas tributarias
En todos lados se cuecen habas. En Grecia ( el ojo de la tormenta económica) aun más. Parece un fenómeno mundial, los excesivos litigios tributarios, que impiden a los Estados premunirse de recursos ante la grave situación económica mundial. La Comunidad europea está por implementar un tribunal ad hoc, más expeditivo y menos moroso, ¿les suena conocido?
Grecia debe cobrar US$81.000 millones en deudas tributarias
Sin embargo, casi la mitad del monto está entrampado en procesos legales. Grecia no podrá privatizar activos públicos a fin de año, como planeaba
Uno de los mayores desencadenantes de la crisis financiera de Europa, Grecia, debe cobrar cerca de 60.000 millones de euros (US$81.000 millones) en impuestos, según informó hoy el presidente de la comisión especial de la Unión Europea creada para reestructurar el sector público de ese país.
Horst Reichenbach señaló en informe presentado hoy que de esa suma, unos 8.000 millones de euros podrían cobrarse de inmediato y ayudar al gobierno griego a reducir su cuantioso déficit presupuestario.
Sin embargo, 30.000 millones de euros aún están estancados en prolongados procesos legales que se podrían resolver recién en 7 a 12 años en resolverse. En caso de fortalecerse un mecanismo de solución de disputas tributarias en la Unión Europea, esta será una de sus prioridades.
Por otro lado, los planes de privatizar activos públicos por valor de 5.000 millones de euros para fines de año no podrán ejecutarse, afirmó Reichenbach, porque el deterioro financiero ha hecho mucho más cautelosos a los inversionistas a la hora de invertir en Grecia. El plan de privatización de 50.000 millones de euros es la clave en los dos planes de rescate que ha recibido Grecia.
Sin embargo, casi la mitad del monto está entrampado en procesos legales. Grecia no podrá privatizar activos públicos a fin de año, como planeaba
Uno de los mayores desencadenantes de la crisis financiera de Europa, Grecia, debe cobrar cerca de 60.000 millones de euros (US$81.000 millones) en impuestos, según informó hoy el presidente de la comisión especial de la Unión Europea creada para reestructurar el sector público de ese país.
Horst Reichenbach señaló en informe presentado hoy que de esa suma, unos 8.000 millones de euros podrían cobrarse de inmediato y ayudar al gobierno griego a reducir su cuantioso déficit presupuestario.
Sin embargo, 30.000 millones de euros aún están estancados en prolongados procesos legales que se podrían resolver recién en 7 a 12 años en resolverse. En caso de fortalecerse un mecanismo de solución de disputas tributarias en la Unión Europea, esta será una de sus prioridades.
Por otro lado, los planes de privatizar activos públicos por valor de 5.000 millones de euros para fines de año no podrán ejecutarse, afirmó Reichenbach, porque el deterioro financiero ha hecho mucho más cautelosos a los inversionistas a la hora de invertir en Grecia. El plan de privatización de 50.000 millones de euros es la clave en los dos planes de rescate que ha recibido Grecia.
martes, 8 de noviembre de 2011
Internacionales: Australia cobrará impuesto a las emisiones de dióxido carbono
El precio fijado es US$ 23,7 dólares por cada tonelada de CO2 que se emita a la atmósfera y entrará en vigencia desde el 1 de julio del 2012
Australia, el país del mundo industrializado con el mayor nivel de emisiones por habitante, aprobó este martes un impuesto sobre la emisión de dióxido de carbono con la finalidad de combatir el cambio climático.
El conjunto de 18 medidas fue aprobado en el Senado con 36 votos a favor y 32 en contra, tras una larga y dura polémica causada por este gravamen, que el Gobierno laborista de la primera ministra Julia Gillard considera uno de los pilares de su política.
Tras conocer el resultado de la votación, Gillard dijo en Camberra que se trata de un importante hito en los esfuerzos de Australia por frenar la contaminación por emisión de carbono y aprovechar las oportunidades económicas y laborales del futuro.
Desde el 1 de julio del 2012, todas las empresas de Australia que se encuentren entre las más contaminantes tendrán la obligación de pagar un impuesto de US$ 23,7 dólares por cada tonelada de CO2 que emitan a la atmósfera.
Hasta ahora, el precio por emisión fijado en dicho país es el más elevado del mundo, ya que en los países de la Unión Europea pagan un máximo de US$ 13 dólares por tonelada, el nivel más bajo de los últimos cuatro años, según la prensa australiana.
Con esta medida, Australia pretende recortar sus emisiones en 160 millones de toneladas de dióxido de carbono al año para el 2020, lo cual significa reducirlas en un 5% en relación con los niveles del 2000.
Australia, cuya densidad de población es relativamente baja, es responsable del 1,5 % de la emisión global de gases del efecto invernadero, cantidad inferior a la que generan Estados Unidos o Japón.
Australia, el país del mundo industrializado con el mayor nivel de emisiones por habitante, aprobó este martes un impuesto sobre la emisión de dióxido de carbono con la finalidad de combatir el cambio climático.
El conjunto de 18 medidas fue aprobado en el Senado con 36 votos a favor y 32 en contra, tras una larga y dura polémica causada por este gravamen, que el Gobierno laborista de la primera ministra Julia Gillard considera uno de los pilares de su política.
Tras conocer el resultado de la votación, Gillard dijo en Camberra que se trata de un importante hito en los esfuerzos de Australia por frenar la contaminación por emisión de carbono y aprovechar las oportunidades económicas y laborales del futuro.
Desde el 1 de julio del 2012, todas las empresas de Australia que se encuentren entre las más contaminantes tendrán la obligación de pagar un impuesto de US$ 23,7 dólares por cada tonelada de CO2 que emitan a la atmósfera.
Hasta ahora, el precio por emisión fijado en dicho país es el más elevado del mundo, ya que en los países de la Unión Europea pagan un máximo de US$ 13 dólares por tonelada, el nivel más bajo de los últimos cuatro años, según la prensa australiana.
Con esta medida, Australia pretende recortar sus emisiones en 160 millones de toneladas de dióxido de carbono al año para el 2020, lo cual significa reducirlas en un 5% en relación con los niveles del 2000.
Australia, cuya densidad de población es relativamente baja, es responsable del 1,5 % de la emisión global de gases del efecto invernadero, cantidad inferior a la que generan Estados Unidos o Japón.
Proyecto de ley contra la Transparencia Financiera de las empresas
Cuando no el fujimorismo. El congresista de dicha bancada, Octavio Salazar, presenta peligroso Proyecto de Ley que atenta contra la Transparencia Corporativa. Claro que el ex general Salazar debe saber tanto de transparencia financiera, como yo de física cuántica. Es un simple testaferro legislativo. Ese proyecto no debe pasar. Aquí la nota:
"Pleno del Congreso discutirá este jueves la derogación de la ley que obliga a compañías no listadas a presentar estados financieros auditados
La derogación de la ley que obliga a todas las empresas con facturaciones iguales o mayores a S/.10,8 millones, y que no listen en bolsa, a presentar sus estados financieros auditados a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), no concita acuerdo en el Congreso de la República.
La propuesta, presentada por el congresista Octavio Salazar y aprobada por la Comisión de Economía la semana pasada, podría ingresar a debate en el pleno del próximo jueves, informaron voceros del Congreso.
La iniciativa determina la eliminación del artículo 5 de la Ley 29720, que promueve las emisiones de valores mobiliarios. En ella, se establecía que las empresas (medianas y grandes, que no cotizan en bolsa) debían hacer pública su información desde junio de este año.
Sin embargo, lo sugerido por el congresista Salazar refiere que esta obligación expone a accionistas y gerentes de las empresas medianas ante el crimen organizado.
SEGURIDADLas empresas agremiadas en la Cámara de Comercio de Lima (CCL) respaldaron los argumentos que acompañan este planteamiento.
Voceros de dicha entidad informaron que la divulgación de esta información vulnera la seguridad jurídica y personal de quienes participan en las empresas medianas. Agregaron que, en todo caso, las auditorías deben ser voluntarias.
DEBATEEn el Congreso tampoco hay acuerdo. El parlamentario Juan Carlos Eguren solicitó mayor debate. “Si el argumento de que esta iniciativa evitará que haya raptos de accionistas fuese válido, las grandes empresas que sí cotizan en bolsa podrían decir lo mismo”, opinó.
Además, indicó que se debe considerar que contar con información auditada abrirá mejores condiciones de financiamiento, y permitirá combatir el lavado de activos.
CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN
La derogación de la ley que obliga a todas las empresas con facturaciones iguales o mayores a S/.10,8 millones, y que no listen en bolsa, a presentar sus estados financieros auditados a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), no concita acuerdo en el Congreso de la República.
La propuesta, presentada por el congresista Octavio Salazar y aprobada por la Comisión de Economía la semana pasada, podría ingresar a debate en el pleno del próximo jueves, informaron voceros del Congreso.
La iniciativa determina la eliminación del artículo 5 de la Ley 29720, que promueve las emisiones de valores mobiliarios. En ella, se establecía que las empresas (medianas y grandes, que no cotizan en bolsa) debían hacer pública su información desde junio de este año.
Sin embargo, lo sugerido por el congresista Salazar refiere que esta obligación expone a accionistas y gerentes de las empresas medianas ante el crimen organizado.
SEGURIDADLas empresas agremiadas en la Cámara de Comercio de Lima (CCL) respaldaron los argumentos que acompañan este planteamiento.
Voceros de dicha entidad informaron que la divulgación de esta información vulnera la seguridad jurídica y personal de quienes participan en las empresas medianas. Agregaron que, en todo caso, las auditorías deben ser voluntarias.
DEBATEEn el Congreso tampoco hay acuerdo. El parlamentario Juan Carlos Eguren solicitó mayor debate. “Si el argumento de que esta iniciativa evitará que haya raptos de accionistas fuese válido, las grandes empresas que sí cotizan en bolsa podrían decir lo mismo”, opinó.
Además, indicó que se debe considerar que contar con información auditada abrirá mejores condiciones de financiamiento, y permitirá combatir el lavado de activos.
CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN
Los auditores opinan a favor de la norma que se pretende derogar. Javier Candiotti, partner in charge audit de Kpmg, comenta que el hecho de que todas las empresas tengan información auditada generará confianza en los propietarios, posibles inversionistas, trabajadores y hasta en el propio gobierno.
“Esta norma es un gran paso hacia la confianza. Esto ya se hace en la región”, explicó.
“Esta norma es un gran paso hacia la confianza. Esto ya se hace en la región”, explicó.
lunes, 7 de noviembre de 2011
El G20 promete renovar su lucha contra la opacidad de los paraísos fiscales
A pesar de que la crisis en la eurozona ocupó el primer plano en Cannes, al mismo tiempo hubo una serie de avances importantes en materia de justicia fiscal que pasaron casi desapercibidos. algunos de estos avances son una creación de una lista de 11 paraísos fiscales que no han logrado cumplir en materia de transparencia fiscal. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, dijo que los peores delincuentes "será excluidos de la comunidad internacional".
También el primer ministro indio Manmohan Singh ha advertido que la evasión fiscal y los flujos ilegales de capitales se han convertido en un "serio" problema y ha instado al G20 a liderar el intercambio automático de información. A su vez, David Cameron ha hecho un llamamiento para que principios como la transparencia fiscal y la lucha contra la corrupción lideren la economía global.
Isabel Ortigosa, responsable de incidencia de la ONGD InspirAction, indicó que la cumbre ha ofrecido algunos avances: "Donde antes teníamos sólo retórica, ahora tenemos los primeros indicios de voluntad política. Damos la bienvenida a estas declaraciones, sin olvidar que por sí misma, la voluntad política no es suficiente. Ahora hace falta dotar de recursos a estas iniciativas, y hacer un seguimiento de los procesos para conseguir que la opacidad de los paraísos fiscales pase a la historia. Estimamos que los países en desarrollo pierden alrededor de 160 mil millones de dólares al año debido a la evasión y la elusión de impuestos por parte de las multinacionales. Esa pérdida de ingresos fiscales hace muy difícil a estos países luchar contra la pobreza".
La ONGD ha acogido con satisfacción el informe conjunto del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que exige que los países del G20 evalúen el impacto de sus políticas fiscales en el mundo en desarrollo. En particular, se instó a revelar los incentivos fiscales que ofrecen a las multinacionales. "Las iniciativas del G20 son alentadoras, pero tenemos que hacer más presión para convencer a los paraísos fiscales que el secreto financiero que ofrecen ya no es viable. Debemos obligarles a ser más transparentes", sentencian.
"Estamos encantados de que el G20 haya escuchado las preocupaciones de 40.000 personas en todo el mundo pidiendo el fin del secretismo de los paraísos fiscales. Pero ahora tenemos que hacer un seguimiento de las acciones que se tomen para asegurarnos de que se cumplan", dice Isabel Ortigosa. La campaña 'No a los paraísos fiscales', que engloba a más de 65 organizaciones en alrededor de 20 países, insta a que se hagan cambios en la forma en que las empresas están obligadas a informar de sus cuentas, para garantizar que las multinacionales hagan pública la información sobre los impuestos que pagan y las ganancias que obtienen en cada país donde trabajan. También exigen intercambio automático de información fiscal entre estados a nivel mundial.
También el primer ministro indio Manmohan Singh ha advertido que la evasión fiscal y los flujos ilegales de capitales se han convertido en un "serio" problema y ha instado al G20 a liderar el intercambio automático de información. A su vez, David Cameron ha hecho un llamamiento para que principios como la transparencia fiscal y la lucha contra la corrupción lideren la economía global.
Isabel Ortigosa, responsable de incidencia de la ONGD InspirAction, indicó que la cumbre ha ofrecido algunos avances: "Donde antes teníamos sólo retórica, ahora tenemos los primeros indicios de voluntad política. Damos la bienvenida a estas declaraciones, sin olvidar que por sí misma, la voluntad política no es suficiente. Ahora hace falta dotar de recursos a estas iniciativas, y hacer un seguimiento de los procesos para conseguir que la opacidad de los paraísos fiscales pase a la historia. Estimamos que los países en desarrollo pierden alrededor de 160 mil millones de dólares al año debido a la evasión y la elusión de impuestos por parte de las multinacionales. Esa pérdida de ingresos fiscales hace muy difícil a estos países luchar contra la pobreza".
La ONGD ha acogido con satisfacción el informe conjunto del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que exige que los países del G20 evalúen el impacto de sus políticas fiscales en el mundo en desarrollo. En particular, se instó a revelar los incentivos fiscales que ofrecen a las multinacionales. "Las iniciativas del G20 son alentadoras, pero tenemos que hacer más presión para convencer a los paraísos fiscales que el secreto financiero que ofrecen ya no es viable. Debemos obligarles a ser más transparentes", sentencian.
"Estamos encantados de que el G20 haya escuchado las preocupaciones de 40.000 personas en todo el mundo pidiendo el fin del secretismo de los paraísos fiscales. Pero ahora tenemos que hacer un seguimiento de las acciones que se tomen para asegurarnos de que se cumplan", dice Isabel Ortigosa. La campaña 'No a los paraísos fiscales', que engloba a más de 65 organizaciones en alrededor de 20 países, insta a que se hagan cambios en la forma en que las empresas están obligadas a informar de sus cuentas, para garantizar que las multinacionales hagan pública la información sobre los impuestos que pagan y las ganancias que obtienen en cada país donde trabajan. También exigen intercambio automático de información fiscal entre estados a nivel mundial.
domingo, 6 de noviembre de 2011
domingo, 23 de octubre de 2011
ENTUERTO TELEFÓNICO - TRIBUTARIO
Ya lo habíamos dicho en un post anterior, el affaire LGS Perú abría un peligroso precedente en el CIADI (ver post "abajo"). Por supuestoTelefónica hace lo mismo: demanda al Perú en esa instancia por temas básicamente de impuestos y no de inversiones. Y ya sabemos para que lado tira el CIADI. Lea el informe de IDL Reporteros en el siguiente enlace:
lunes, 17 de octubre de 2011
De Locuras e Impuestos
Informe N° 097-2001-SUNAT/K00000
1. Tratándose de contribuyente incapaces por padecer de deterioro mental (...), si bien la Administración Tributaria no puede demandar judicialmente su interdicción ni el nombramiento de un curador, no existe impedimento para que solicite al Ministerio Público que promueva la demanda respectiva.
2. La Administración Tributaria debe exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias del incapaz a su curador, por tener éste la calidad de representante. El curador, en calidad de responsable solidario, sólo está obligado a asumir con sus propios recursos las obligaciones tributarias del incapaz cuando por su acción u omisión haya dejado de cumplir dichas obligaciones.
2. La Administración Tributaria debe exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias del incapaz a su curador, por tener éste la calidad de representante. El curador, en calidad de responsable solidario, sólo está obligado a asumir con sus propios recursos las obligaciones tributarias del incapaz cuando por su acción u omisión haya dejado de cumplir dichas obligaciones.
Pueden leer el Informe completo aquí:
viernes, 30 de septiembre de 2011
Solo 3% de los titulares de valores ha declarado ante Cavali costo de sus acciones
Hoy vence el plazo para que todos aquellos tenedores de acciones depositadas en Cavali y adquiridas hasta el 9 de setiembre pasado en la Bolsa de Valores de Lima declaren el precio al que las compraron. Ello para que Cavali pueda calcular el Impuesto a la Renta a las ganancias de capital que corresponda a cada titular. Si no se cumple con ello, Cavali asumirá que el costo de compra fue de cero soles y que el íntegro del precio de venta es ganancia gravable.
“Hasta el día de hoy [ayer por la tarde] solo el 2,7% de los titulares se ha acercado a declarar [...] eso perjudicará a los inversionistas, dado que el cálculo para la retención del impuesto se efectuará sobre el monto total de la venta de las acciones, lo vemos con mucha preocupación”, afirmó el gerente general de Cavali, Víctor Sánchez. Según él, hay unos 200.000 tenedores de acciones registrados en Cavali.
A pesar del aparente consenso técnico entre la Sunat, la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV, antes Conasev), Cavali y el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ampliar el mencionado plazo, recién anoche, al cierre de esta edición fuentes del MEF informaron que hoy sería publicado el dispositivo que modifica la norma original.
“Esperábamos que fuera publicado el jueves [ayer] a más tardar, y no entendemos qué es lo que puede haber pasado. Esperamos que, a más tardar, el dispositivo sea publicado mañana y recoja las recomendaciones que hemos hecho en las semanas anteriores”, afirma Sánchez.
En teoría y siendo optimistas, si al día de ayer solo el 3% había declarado, hoy deben presentarse unos 194.000 titulares de valores a cumplir con la norma.
Cavali recomendó permanecer como agente retenedor del impuesto, pero también calcularlo incluyendo todos los costos de entrada y salida –comisiones, contribuciones e IGV– de manera automática y sin necesidad de que los titulares intervengan. ¿Por qué? Porque Cavali, al ser la entidad encargada de liquidar todas las operaciones que se realizan en la BVL, tiene toda la información y las capacidades logísticas para hacerlo por sí solo.
NO NOS DICENIntentamos sin éxito comunicarnos con el MEF y la SMV para que nos den sus versiones oficiales. Sin embargo, trascendió que en la superintendencia están tan preocupados como en Cavali pues la norma modificatoria debió salir publicada en el diario oficial ayer.
La Sunat recordó a todos los tenedores de acciones, mediante un comunicado de prensa, que el plazo vence mañana.
“Los contribuyentes tienen hasta mañana para informar a esta entidad el costo de adquisición de esos valores [...] en esta disposición están comprendidas las personas naturales domiciliadas y no domiciliadas en el país, así como las personas jurídicas no domiciliadas”, reza el mencionado comunicado.
Fuentes cercanas al ente recaudador, confirmaron que sí existirían razones para ampliar el plazo y adoptar las recomendaciones de Cavali, entidad que, además, remitió un oficio al ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, explicándole lo apremiante de la situación, pero tampoco obtuvo una respuesta oficial. Fuente El Comercio
“Hasta el día de hoy [ayer por la tarde] solo el 2,7% de los titulares se ha acercado a declarar [...] eso perjudicará a los inversionistas, dado que el cálculo para la retención del impuesto se efectuará sobre el monto total de la venta de las acciones, lo vemos con mucha preocupación”, afirmó el gerente general de Cavali, Víctor Sánchez. Según él, hay unos 200.000 tenedores de acciones registrados en Cavali.
A pesar del aparente consenso técnico entre la Sunat, la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV, antes Conasev), Cavali y el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ampliar el mencionado plazo, recién anoche, al cierre de esta edición fuentes del MEF informaron que hoy sería publicado el dispositivo que modifica la norma original.
“Esperábamos que fuera publicado el jueves [ayer] a más tardar, y no entendemos qué es lo que puede haber pasado. Esperamos que, a más tardar, el dispositivo sea publicado mañana y recoja las recomendaciones que hemos hecho en las semanas anteriores”, afirma Sánchez.
En teoría y siendo optimistas, si al día de ayer solo el 3% había declarado, hoy deben presentarse unos 194.000 titulares de valores a cumplir con la norma.
Cavali recomendó permanecer como agente retenedor del impuesto, pero también calcularlo incluyendo todos los costos de entrada y salida –comisiones, contribuciones e IGV– de manera automática y sin necesidad de que los titulares intervengan. ¿Por qué? Porque Cavali, al ser la entidad encargada de liquidar todas las operaciones que se realizan en la BVL, tiene toda la información y las capacidades logísticas para hacerlo por sí solo.
NO NOS DICENIntentamos sin éxito comunicarnos con el MEF y la SMV para que nos den sus versiones oficiales. Sin embargo, trascendió que en la superintendencia están tan preocupados como en Cavali pues la norma modificatoria debió salir publicada en el diario oficial ayer.
La Sunat recordó a todos los tenedores de acciones, mediante un comunicado de prensa, que el plazo vence mañana.
“Los contribuyentes tienen hasta mañana para informar a esta entidad el costo de adquisición de esos valores [...] en esta disposición están comprendidas las personas naturales domiciliadas y no domiciliadas en el país, así como las personas jurídicas no domiciliadas”, reza el mencionado comunicado.
Fuentes cercanas al ente recaudador, confirmaron que sí existirían razones para ampliar el plazo y adoptar las recomendaciones de Cavali, entidad que, además, remitió un oficio al ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, explicándole lo apremiante de la situación, pero tampoco obtuvo una respuesta oficial. Fuente El Comercio
jueves, 8 de septiembre de 2011
APUNTES ACERCA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN LA LEY DE REACTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
Por Oscar Martín Sánchez Rojas
Abogado por la Universidad de Lima
1. A Modo de Introducción
Refiere Palacios Dongo, que en la década de los 80 (del siglo pasado), nuestro país tenía una Marina Mercante constituida por 64 buques de alto bordo con una capacidad de 1,160,000 TM recorriendo el mundo. Sin embargo, al inicio de los años 90, con la liberalización de la reserva de carga y la eliminación de las exoneraciones tributarias para la importación de buques, dicha capacidad fue restringiéndose al punto de su extinción. Sumado al hecho que la gran expansión de los mercados internacionales hiciera que los grandes consorcios navieros comenzaran a embanderar sus barcos en países de segundo registro, o banderas de conveniencias con bajo nivel impositivo.
Pues si bien el Decreto Legislativo 644 del 22 de junio de 1991 liberalizó la carga peruana, asumiendo en su integridad las decisiones 314 y 288 de la Comunidad Andina, no se dictaron medidas de protección, al menos, en el proceso de transición hacia un nuevo orden marítimo, como sí lo hicieron Venezuela y Ecuador, que hoy cuentan con una Marina Mercante en plena actividad.
Actualmente no poseemos una Marina Mercante Nacional. Desde hace más de 15 años nuestro comercio exterior depende exclusivamente de buques extranjeros.
Es en ese contexto que con fecha 22 de julio del 2005 se promulga la Ley 28583 denominada de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante. Considerándose como Política de Estado el promover el desarrollo de las empresas navieras nacionales, con buques de bandera peruana en concordancia con el interés nacional, que como sabemos no sólo está restringido al ámbito económico sino también de la defensa nacional.[1]
Dicha norma de origen, reglamentada mediante Decreto Supremo 136-2005/EF, establecía tres tipos de beneficios tributarios; la suspensión de todo tributo bajo el Régimen de Importación Temporal (5 años) de naves y accesorios que realicen las empresas navieras nacionales; así como la nacionalización de dichos bienes considerando una depreciación anual de 20%. Finalmente establecía la exoneración del IGV y el ISC por 10 años a la venta de combustibles, lubricantes y carburantes a naves de bandera nacional por sus operaciones de tráfico nacional.
En un lapso mayor a cinco años, mediante Ley 29475 que modifica la ley de origen (28583), se restablece el beneficio referido al Régimen de Importación Temporal y la nacionalización de los buques, con una vigencia de 15 años. Alienta también las operaciones bajo la modalidad en arrendamiento financiero en la adquisición final de los buques, situación que no se preveía en la ley original.
Además, esta ley modificatoria, establece nuevos beneficios no contemplados originalmente, referidos a la depreciación contable y tributaria, exoneración del impuesto a la renta a los intereses pactados con entidades financieras del exterior, exoneración del IGV a la utilización de servicios por operaciones de arrendamiento financiero y la liberación del impuesto a la Renta por reinversión.
[1] Cabe anotar que los buques de la Marina Mercante Nacional forman parte de la Reserva Naval, los cuales son necesarios en situaciones de conflicto externo para la movilización de tropas, materiales y abastecimiento logístico a los teatros de operaciones. Asimismo, en caso de desastres naturales, para Defensa Civil, a través de puentes marítimos en apoyo a las poblaciones afectadas.
Por Oscar Martín Sánchez Rojas
Abogado por la Universidad de Lima
1. A Modo de Introducción
Refiere Palacios Dongo, que en la década de los 80 (del siglo pasado), nuestro país tenía una Marina Mercante constituida por 64 buques de alto bordo con una capacidad de 1,160,000 TM recorriendo el mundo. Sin embargo, al inicio de los años 90, con la liberalización de la reserva de carga y la eliminación de las exoneraciones tributarias para la importación de buques, dicha capacidad fue restringiéndose al punto de su extinción. Sumado al hecho que la gran expansión de los mercados internacionales hiciera que los grandes consorcios navieros comenzaran a embanderar sus barcos en países de segundo registro, o banderas de conveniencias con bajo nivel impositivo.
Pues si bien el Decreto Legislativo 644 del 22 de junio de 1991 liberalizó la carga peruana, asumiendo en su integridad las decisiones 314 y 288 de la Comunidad Andina, no se dictaron medidas de protección, al menos, en el proceso de transición hacia un nuevo orden marítimo, como sí lo hicieron Venezuela y Ecuador, que hoy cuentan con una Marina Mercante en plena actividad.
Actualmente no poseemos una Marina Mercante Nacional. Desde hace más de 15 años nuestro comercio exterior depende exclusivamente de buques extranjeros.
Es en ese contexto que con fecha 22 de julio del 2005 se promulga la Ley 28583 denominada de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante. Considerándose como Política de Estado el promover el desarrollo de las empresas navieras nacionales, con buques de bandera peruana en concordancia con el interés nacional, que como sabemos no sólo está restringido al ámbito económico sino también de la defensa nacional.[1]
Dicha norma de origen, reglamentada mediante Decreto Supremo 136-2005/EF, establecía tres tipos de beneficios tributarios; la suspensión de todo tributo bajo el Régimen de Importación Temporal (5 años) de naves y accesorios que realicen las empresas navieras nacionales; así como la nacionalización de dichos bienes considerando una depreciación anual de 20%. Finalmente establecía la exoneración del IGV y el ISC por 10 años a la venta de combustibles, lubricantes y carburantes a naves de bandera nacional por sus operaciones de tráfico nacional.
En un lapso mayor a cinco años, mediante Ley 29475 que modifica la ley de origen (28583), se restablece el beneficio referido al Régimen de Importación Temporal y la nacionalización de los buques, con una vigencia de 15 años. Alienta también las operaciones bajo la modalidad en arrendamiento financiero en la adquisición final de los buques, situación que no se preveía en la ley original.
Además, esta ley modificatoria, establece nuevos beneficios no contemplados originalmente, referidos a la depreciación contable y tributaria, exoneración del impuesto a la renta a los intereses pactados con entidades financieras del exterior, exoneración del IGV a la utilización de servicios por operaciones de arrendamiento financiero y la liberación del impuesto a la Renta por reinversión.
[1] Cabe anotar que los buques de la Marina Mercante Nacional forman parte de la Reserva Naval, los cuales son necesarios en situaciones de conflicto externo para la movilización de tropas, materiales y abastecimiento logístico a los teatros de operaciones. Asimismo, en caso de desastres naturales, para Defensa Civil, a través de puentes marítimos en apoyo a las poblaciones afectadas.
Si desea ver el estudio completo, dar click en el siguiente enlace:
lunes, 5 de septiembre de 2011
HOMENAJE AL PROFESOR PAULO DE BARROS CARVALHO
Un agradecimiento especial a los editores del "Libro Homenaje al Profesor Paulo de Barros Carvalho (Brasil)": Jorge Bravo Cucci y Daniel Yacolca, quienes tuvieron a bien incluir el siguiente estudio en dicha obra:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5OIXkXKpVe2NzM5MTEyMGUtOGJlMS00YjYxLTk5MjItMzhiMjg3NTBjYzIz&hl=en_US
miércoles, 31 de agosto de 2011
INTERNACIONALES:IMPUESTO AL SEXO EN ALEMANIA
Las prostitutas que laboran en la vía pública de la ciudad alemana de Bonn, deberán pagar un impuesto diario que podrán abonar en un aparato automático, según un plan puesto en marcha el lunes por la noche.
El importe de 6 euros, para una tarifa nocturna que va desde las 20.15 horas hasta las 06.00, se abonará en un aparato similar a un parquímetro para automóviles, ha informado el rotativo germano Bild.
En Alemania, las prostitutas pagan impuestos. Sus contribuciones varían entre regiones, pero es difícil recaudar los de las mujeres que trabajan en la calle. Esta iniciativa, pionera en Alemania, se basa en la llamada "Ley del impuesto sexual" que el ayuntamiento de Bonn promulgó este año y que espera proporcionar unos ingresos suplementarios de 300.000 euros anuales a las arcas municipales.
La iniciativa se basa en la "Ley del impuesto sexual" promulgada este año en Bonn
Los controladores municipales se encargarán de verificar que las prostitutas callejeras adquieren su ticket en el expendedor automático antes de comenzar a ofrecer sus servicios y podrán sancionarlas en caso de no presentar su resguardo. Se ha estructurado un régimen de sanciones en progresión: si no pudieran demostrar sus aportaciones, primero serían amonestadas verbalmente, después tendrían que enfrentarse a una multa, cuyo importe puede ascender a 100 euros, y finalmente se les prohibiría ejercer.
El hasta ahora único autómata para el pago del impuesto a la prestación de servicios sexuales está en la Immenburgstrasse, junto a un sexshop y un recinto con aparcamiento público y seis cabinas de madera que podrán ser ocupadas por las prostitutas.
"Áreas de consumación"
Debido a las protestas de los residentes, las autoridades de la ciudad han limitado a algunos sectores específicos los lugares en que las cerca de 200 prostitutas de Bonn pueden trabajar.
Pero los críticos aducen que eso les ha facilitado el ejercicio de su oficio. La ciudad ha establecido lo que las autoridades denominan "áreas de consumación", aparcamientos de madera en los que los clientes puede llegar con sus coches y retirarse con prostitutas.
El importe de 6 euros, para una tarifa nocturna que va desde las 20.15 horas hasta las 06.00, se abonará en un aparato similar a un parquímetro para automóviles, ha informado el rotativo germano Bild.
En Alemania, las prostitutas pagan impuestos. Sus contribuciones varían entre regiones, pero es difícil recaudar los de las mujeres que trabajan en la calle. Esta iniciativa, pionera en Alemania, se basa en la llamada "Ley del impuesto sexual" que el ayuntamiento de Bonn promulgó este año y que espera proporcionar unos ingresos suplementarios de 300.000 euros anuales a las arcas municipales.
La iniciativa se basa en la "Ley del impuesto sexual" promulgada este año en Bonn
Los controladores municipales se encargarán de verificar que las prostitutas callejeras adquieren su ticket en el expendedor automático antes de comenzar a ofrecer sus servicios y podrán sancionarlas en caso de no presentar su resguardo. Se ha estructurado un régimen de sanciones en progresión: si no pudieran demostrar sus aportaciones, primero serían amonestadas verbalmente, después tendrían que enfrentarse a una multa, cuyo importe puede ascender a 100 euros, y finalmente se les prohibiría ejercer.
El hasta ahora único autómata para el pago del impuesto a la prestación de servicios sexuales está en la Immenburgstrasse, junto a un sexshop y un recinto con aparcamiento público y seis cabinas de madera que podrán ser ocupadas por las prostitutas.
"Áreas de consumación"
Debido a las protestas de los residentes, las autoridades de la ciudad han limitado a algunos sectores específicos los lugares en que las cerca de 200 prostitutas de Bonn pueden trabajar.
Pero los críticos aducen que eso les ha facilitado el ejercicio de su oficio. La ciudad ha establecido lo que las autoridades denominan "áreas de consumación", aparcamientos de madera en los que los clientes puede llegar con sus coches y retirarse con prostitutas.
lunes, 22 de agosto de 2011
La Discrecionalidad Administrativa
¿Cuáles son los límites de los poderes discrecionales de un funcionario público? Aquí unos fundamentos. Linda teoría, pero vale la pena tenerla presente. Ver enlace:
viernes, 19 de agosto de 2011
FIFA y sus privilegios fiscales causan controversia en Suiza
Ya lo había dicho. La FIFA no solo es una autarquía, sino que tiene la Nomenklatura (o casta dirigencial) más corrupta, y para cerrar el círculo tiene grandes beneficios tributarios. ¿Así cualquiera no? ¿sí o no Burga, sí o no Blatter?
Han pedido al gobierno de ese país que el máximo ente del fútbol sea considerado como una empresa más y que cumpla con pagar todos sus impuestos.
Las Juventudes Socialistas de Suiza han pedido al Gobierno de su país que ponga fin a "los privilegios fiscales" de los que disfruta la FIFA, que tiene su sede en Zúrich.La petición, acompañada de 10.500 firmas y realizada junto a la organización Solidar Suisse, considera injustificado que la FIFA sea considerada un organismo de utilidad pública, dados sus enormes beneficios económicos y sus recientes escándalos de corrupción.Si el máximo órgano ejecutivo del fútbol mundial fuera considerado como cualquier otra empresa, afirman los autores de la iniciativa, entre 2007 y 2010 habría tenido que pagar impuestos por valor de 180 millones de francos (159,6 millones de euros).Sin embargo, aseguraron, sólo pagó 3 millones en ese periodo.Las Juventudes Socialistas recordaron que al término del Mundial de Sudáfrica de 2010 la FIFA informó de unos beneficios de 2.350 millones de francos (2.083 millones de euros), mientras que el país organizador, un país con altos niveles de pobreza, se quedó con una deuda 3.000 millones de francos (2.659 millones de euros).Según informó la agencia local ATS, la Oficina Federal del Deporte de Suiza está preparando para antes de final de año un informe sobre la lucha contra la corrupción en instituciones deportivas, que pondrá de manifiesto cuáles son las medidas que organismos como la FIFA, la UEFA y el COI han tomado al respecto.
Las Juventudes Socialistas de Suiza han pedido al Gobierno de su país que ponga fin a "los privilegios fiscales" de los que disfruta la FIFA, que tiene su sede en Zúrich.La petición, acompañada de 10.500 firmas y realizada junto a la organización Solidar Suisse, considera injustificado que la FIFA sea considerada un organismo de utilidad pública, dados sus enormes beneficios económicos y sus recientes escándalos de corrupción.Si el máximo órgano ejecutivo del fútbol mundial fuera considerado como cualquier otra empresa, afirman los autores de la iniciativa, entre 2007 y 2010 habría tenido que pagar impuestos por valor de 180 millones de francos (159,6 millones de euros).Sin embargo, aseguraron, sólo pagó 3 millones en ese periodo.Las Juventudes Socialistas recordaron que al término del Mundial de Sudáfrica de 2010 la FIFA informó de unos beneficios de 2.350 millones de francos (2.083 millones de euros), mientras que el país organizador, un país con altos niveles de pobreza, se quedó con una deuda 3.000 millones de francos (2.659 millones de euros).Según informó la agencia local ATS, la Oficina Federal del Deporte de Suiza está preparando para antes de final de año un informe sobre la lucha contra la corrupción en instituciones deportivas, que pondrá de manifiesto cuáles son las medidas que organismos como la FIFA, la UEFA y el COI han tomado al respecto.
jueves, 18 de agosto de 2011
COYUNTURA TRIBUTARIA AGOSTO 2011: EN QUE FASE ANDA EL IMPUESTO A LAS SOBREGANANCIAS MINERAS?
Se encuentra en la fase de poder materializar el esquema teórico y convertirlo en un modelo matemático (alguna fórmula polinómica que tase las diversas variables productivas de la minería) hasta llegar a coeficientes que precisen esos datos.
En ese sentido las complejas negociaciones entre el Ejecutivo y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se siguen llevando a cabo.
El equipo negociador minero lo preside Eva Arias, y es integrado por representantes de la la gran minería, mediana y pequeña; empresas con contrato de estabilidad tributaria y aquellos que no la tienen.
Por el lado del Estado, lo dirigen los titulares del MEF y del MEM; y a nivel técnico, la viceministra de Economía, Laura Calderón.
Ambas partes han concordado en las líneas de base que establecen la carga tributaria comparativa en el sector minero con los países con los que competimos, particularmente Chile.
La recaudación minera peruana en el 2010 fue superior al S/. 8,000 millones. El Impuesto a la Renta en el periodo 2007 – 2009 asciende a S/. 21,900 millones. El canon minero en el periodo 2006 – 2009 fue S/. 15,900 millones.
Pero una cosa es la relativa carga tributaria y otra la suculenta crema de la utilidad. Citado por el diario La República, el especialista Jorge Manco explicó que el año pasado, las mineras ganaron S/.20 mil millones de utilidades después de pagar impuestos y que este año las proyecciones apuntan a S/.24 mil millones.
Sin considerar el aporte voluntario, se evidencia el carácter regresivo del actual esquema de tributación peruana en base a la venta bruta.
En el Perú la minería paga una regalía entre 1 y 3% sobre la venta bruta.
Los proyectos mineros de baja rentabilidad pagan más impuestos que en Chile, pero los de rentabilidad superior al 80 por ciento pagan menos impuestos.
Las partes también están de acuerdo con aplicar el impuesto sobre utilidades como en Chile y no sobre la venta bruta.
Desde el 2010, en Chile se paga una regalía variable y progresiva entre 2 y 6% sobre utilidades.
La negociación sacará punta en estos días para establecer la tasa de regalía sobre utilidades. Sobre la mesa se evalúan esquemas de tasas fijas y variables distintas a las chilenas.
El gravamen sobre utilidades tendría varias ventajas:
–Pagan más las mineras con más utilidades; el actual esquema es regresivo.
–Los proyectos de baja rentabilidad –por Ley o altos costos– se hacen viables.
–Es más equitativo, porque el Estado recauda más cuando los precios suben, pero menos cuando caen los precios.
El modelo chileno incentiva a su vez –según la SNMEP– la reinversión: Grava la distribución de dividendos más que en el Perú (4.1%), pero reduce el pago del IR a quienes reinvierten.
El nuevo esquema tributario debe contemplar la heterogeneidad del sector minero: minas grandes, medianas y pequeñas; con altas y bajas leyes; con costos bajos y altos; con contratos de estabilidad y sin ellos.
De las negociaciones debe surgir una fórmula polinómica para tasar los múltiples escenarios.
Existiría consenso en la Sociedad de Minería, Energía y Petróleo para acatar la nueva política tributaria, incluso aquellas con contratos de estabilidad tributaria.
Subyace en la discusión el hecho que la producción minera está a la baja. De ahí podría explicarse en parte el aparente consenso que tiene entre los mineros la propuesta del gobierno.
Queda aún por definir también la suerte del aporte voluntario – que gravó con el equivalente a 3% de regalía a las empresas con contratos de estabilidad durante el gobierno de AGP.
El esquema quedó en suspenso este año a la espera de una definición del nuevo gobierno.
El aporte voluntario fue sustantivo y ha servido, como lo ha reconocido el propio Herrera Descalzi, para financiar exitosos programas sociales implementados por las propias mineras.
En caso de desaparecer, surge la interrogante de qué irá a pasar con los proyectos en marcha financiados de esta manera.
En el ala zurda del espectro, especialistas como Manco se encuentran en desacuerdo con la propuesta del gobierno. Para él sería más conveniente mantener el aporte voluntario y duplicar la tasa de regalías, pues considera que el gravamen sobre las utilidades operativas deja espacio para que las mineras “puedan incrementar artificialmente sus egresos con partidas sobredimensionadas” y así terminen por pagar menos impuestos.
ACENTOS Y ÉNFASISLa discusión es técnica y minuciosa pero tendrá sin duda efectos políticos.
Es evidente que Ollanta Humala se encuentra muy dedicado en darle una identidad popular a su gobierno. En todos sus discursos repite que no se encuentra subordinado a los grandes intereses y que solo se debe al pueblo.
La verdad es que, en medio de una economía globalizada al extremo y un camino al desarrollo que admite pocos desvíos, los márgenes de identidad son pocos. Acentos y énfasis resultan determinantes en la percepción pública.
Y basta ver ejemplos como el de Chile. Es cierto que el presidente Sebastián Piñera es un empresario millonario (guardando las distancias, el premier Lerner es un hombre adinerado). Pero también es cierto que su régimen fue el que viene ajustando a los mineros. Aún así las últimas protestas estudiantiles lo terminaron de encasillar como un presidente que gobierna “para los ricos”.
El gobierno de Humala se encuentra obligado a salir bien librado de la negociación en torno a las sobreganancias. No por nada puso buena parte de los huevos en esa canasta y si los números no cuadran la oposición –dentro y fuera del Congreso– estará lista para aprovecharlos.
Más aún cuando el proceso ya no es novedoso. Ernst & Young acaba de publicar un informe en el que concluye que la “nacionalización de los recursos” (es decir, reformas tributarias) constituye la principal amenaza que confronta la industria minera este año. Según el documento, al menos 20 países aumentaron o se encuentran en proceso de aumentarle los impuestos a la minería. Ya no hay que ser de izquierda ni nacionalista para hacerlo. (Fuentes: Caretas, Semana Económica, La República y Correo)
El equipo negociador minero lo preside Eva Arias, y es integrado por representantes de la la gran minería, mediana y pequeña; empresas con contrato de estabilidad tributaria y aquellos que no la tienen.
Por el lado del Estado, lo dirigen los titulares del MEF y del MEM; y a nivel técnico, la viceministra de Economía, Laura Calderón.
Ambas partes han concordado en las líneas de base que establecen la carga tributaria comparativa en el sector minero con los países con los que competimos, particularmente Chile.
La recaudación minera peruana en el 2010 fue superior al S/. 8,000 millones. El Impuesto a la Renta en el periodo 2007 – 2009 asciende a S/. 21,900 millones. El canon minero en el periodo 2006 – 2009 fue S/. 15,900 millones.
Pero una cosa es la relativa carga tributaria y otra la suculenta crema de la utilidad. Citado por el diario La República, el especialista Jorge Manco explicó que el año pasado, las mineras ganaron S/.20 mil millones de utilidades después de pagar impuestos y que este año las proyecciones apuntan a S/.24 mil millones.
Sin considerar el aporte voluntario, se evidencia el carácter regresivo del actual esquema de tributación peruana en base a la venta bruta.
En el Perú la minería paga una regalía entre 1 y 3% sobre la venta bruta.
Los proyectos mineros de baja rentabilidad pagan más impuestos que en Chile, pero los de rentabilidad superior al 80 por ciento pagan menos impuestos.
Las partes también están de acuerdo con aplicar el impuesto sobre utilidades como en Chile y no sobre la venta bruta.
Desde el 2010, en Chile se paga una regalía variable y progresiva entre 2 y 6% sobre utilidades.
La negociación sacará punta en estos días para establecer la tasa de regalía sobre utilidades. Sobre la mesa se evalúan esquemas de tasas fijas y variables distintas a las chilenas.
El gravamen sobre utilidades tendría varias ventajas:
–Pagan más las mineras con más utilidades; el actual esquema es regresivo.
–Los proyectos de baja rentabilidad –por Ley o altos costos– se hacen viables.
–Es más equitativo, porque el Estado recauda más cuando los precios suben, pero menos cuando caen los precios.
El modelo chileno incentiva a su vez –según la SNMEP– la reinversión: Grava la distribución de dividendos más que en el Perú (4.1%), pero reduce el pago del IR a quienes reinvierten.
El nuevo esquema tributario debe contemplar la heterogeneidad del sector minero: minas grandes, medianas y pequeñas; con altas y bajas leyes; con costos bajos y altos; con contratos de estabilidad y sin ellos.
De las negociaciones debe surgir una fórmula polinómica para tasar los múltiples escenarios.
Existiría consenso en la Sociedad de Minería, Energía y Petróleo para acatar la nueva política tributaria, incluso aquellas con contratos de estabilidad tributaria.
Subyace en la discusión el hecho que la producción minera está a la baja. De ahí podría explicarse en parte el aparente consenso que tiene entre los mineros la propuesta del gobierno.
Queda aún por definir también la suerte del aporte voluntario – que gravó con el equivalente a 3% de regalía a las empresas con contratos de estabilidad durante el gobierno de AGP.
El esquema quedó en suspenso este año a la espera de una definición del nuevo gobierno.
El aporte voluntario fue sustantivo y ha servido, como lo ha reconocido el propio Herrera Descalzi, para financiar exitosos programas sociales implementados por las propias mineras.
En caso de desaparecer, surge la interrogante de qué irá a pasar con los proyectos en marcha financiados de esta manera.
En el ala zurda del espectro, especialistas como Manco se encuentran en desacuerdo con la propuesta del gobierno. Para él sería más conveniente mantener el aporte voluntario y duplicar la tasa de regalías, pues considera que el gravamen sobre las utilidades operativas deja espacio para que las mineras “puedan incrementar artificialmente sus egresos con partidas sobredimensionadas” y así terminen por pagar menos impuestos.
ACENTOS Y ÉNFASISLa discusión es técnica y minuciosa pero tendrá sin duda efectos políticos.
Es evidente que Ollanta Humala se encuentra muy dedicado en darle una identidad popular a su gobierno. En todos sus discursos repite que no se encuentra subordinado a los grandes intereses y que solo se debe al pueblo.
La verdad es que, en medio de una economía globalizada al extremo y un camino al desarrollo que admite pocos desvíos, los márgenes de identidad son pocos. Acentos y énfasis resultan determinantes en la percepción pública.
Y basta ver ejemplos como el de Chile. Es cierto que el presidente Sebastián Piñera es un empresario millonario (guardando las distancias, el premier Lerner es un hombre adinerado). Pero también es cierto que su régimen fue el que viene ajustando a los mineros. Aún así las últimas protestas estudiantiles lo terminaron de encasillar como un presidente que gobierna “para los ricos”.
El gobierno de Humala se encuentra obligado a salir bien librado de la negociación en torno a las sobreganancias. No por nada puso buena parte de los huevos en esa canasta y si los números no cuadran la oposición –dentro y fuera del Congreso– estará lista para aprovecharlos.
Más aún cuando el proceso ya no es novedoso. Ernst & Young acaba de publicar un informe en el que concluye que la “nacionalización de los recursos” (es decir, reformas tributarias) constituye la principal amenaza que confronta la industria minera este año. Según el documento, al menos 20 países aumentaron o se encuentran en proceso de aumentarle los impuestos a la minería. Ya no hay que ser de izquierda ni nacionalista para hacerlo. (Fuentes: Caretas, Semana Económica, La República y Correo)
jueves, 11 de agosto de 2011
PUBLICAMOS EN SOCIAL WATCH DE FRANCIA
Es realmente un honor que la organización no gubernamental Social Watch: éradication de la pauvreté et justice de Francia publique un estudio mío sobre los Paraísos Fiscales y su nefasto papel en el Orden Financiero y Fiscal del Mundo.
Ver el siguiente enlace:
http://www.socialwatch.org/fr/node/12806
miércoles, 10 de agosto de 2011
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Estimado lector: pongo a su disposición un estudio que mereció su publicación en la prestigiosa revista Vectigalia de la PUCP, desde un enfoque constitucional y del derecho internacional público:
domingo, 7 de agosto de 2011
EL CIADI: ¿Se abre un nuevo frente?
Pensé que sólo la FIFA era una autarquía que se sustraía de cualquier jurisdicción. Me equivoqué, el CIADI también lo es. El Estado peruano acaba de perder una causa ante esta singular instancia, lo que no tendría nada de raro, sino fuera porque el objeto de la causa era tributario. Inaudito, el CIADI quiebra una acotación porque supuestamente se afectaba el flujo de caja de una empresa china. Mañana desarrollaremos a fondo este tema.
jueves, 4 de agosto de 2011
IMPUESTO A LAS SOBREGANANCIAS: MINEROS PLANTEAN MODELO CHILENO
En la medida que avanzan los días, se van trasluciendo más detalles respecto de cómo se definirá el nuevo esquema tributario para la minería, el que permitirá afectar las denominadas ganancias extraordinarias de las empresas del sector, obtenidas gracias al alza intempestiva del precio de los minerales.
Por lo pronto, ya habría un consenso en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de que aplicar un esquema de impuestos escalonado, tal como se ha implementado desde el año pasado en Chile, sería lo más adecuado. El ex presidente y miembro del Consejo Consultivo de esta organización, Hans Flury, indicó que de esta manera se mantendría la competitividad del sector minero en los siguientes años.
“Hasta ahora hay un consenso para que las regalías sean similares a las que se aplican en Chile. Allá tienen unas regalías que están basadas en la utilidad; aquí también se busca generar un mecanismo en el que se grave la utilidad que se genere, ya sea mensual o trimestral, descontando ciertos valores como la depreciación, los intereses, etc.”, señaló.
ESQUEMA DEL SUREl sistema de aplicación de las regalías en Chile es un poco complejo, sin embargo se trataría de uno de los mecanismos más interesantes de tributación minera implementados hasta el momento. Según indicó Miguel Palomino, director ejecutivo del Instituto Peruano de Economía (IPE), se trata de un sistema promotor de la inversión minera, en el que las regalías se aplican en función de los márgenes obtenidos por las empresas mineras y sobre las utilidades operativas.
De acuerdo con el esquema chileno, las empresas que producen menos de 50 mil toneladas métricas de cobre fino (o su equivalente) pagan hasta 4,5% sobre su utilidad operativa.
Sin embargo, las empresas que sobrepasan las 50 mil toneladas, que son las mineras más grandes de ese país, tienen una tasa diferenciada, dependiendo del margen operacional obtenido. Así, las que tienen un margen operativo de 35% deben pagar un 5% de regalías.
Las regalías son escalonadas de acuerdo con las ganancias de las empresas mineras. La más alta que se paga es de 34,5%, para empresas que tienen un margen de entre 80% y 85%.
Palomino resalta que no necesariamente en el Perú se deberán aplicar los mismos porcentajes chilenos. “La idea es utilizar el mismo concepto, los porcentajes deberán ser evaluados”, señaló.
Hans Flury indicó que aún no se han planteado porcentajes. Esto sería parte de la conversación que tendrán los mineros con el Gobierno.
El representante destacó que las conversaciones se están desarrollando en un ambiente de cordialidad.
“Lo interesante es que ninguna de las partes ha entrado con una predisposición. Hay una magnífica relación y hay una conversación inteligente”, señaló.
El presidente de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, indicó que los mineros harán las sugerencias y plantearán los criterios bajo los cuales el Gobierno deberá plantear el impuesto, pero será el Ejecutivo el que decidirá. Sin embargo, reiteró que la idea es que el sector mantenga la competitividad, porque es la única manera de que las empresas continúen reinvirtiendo en nuevos proyectos.
SISTEMA INADECUADOHoy el sector minero peruano está afectado por diversas cargas impositivas, entre ellas las regalías de entre 1% y 3% sobre las ventas de las empresas mineras. Según explicó Palomino, la carga tributaria local crea una situación injusta porque castiga más a las que menos ganan y menos a las que más utilidades generan.
“Aquellas que tienen una rentabilidad de 10% tienen una carga tributaria de 64% sobre su renta, es decir, el Estado se lleva casi las dos terceras partes, esto es muy fuerte. Mientras que a los proyectos de alta rentabilidad se les cobra 42,5%, lo que es injusto. En el peor de los casos, debería ser igual o cobrarse más a aquellos que ganan más. Eso se hace en Chile”, señala Palomino.
El actual sistema tributario en el Perú no permitiría sacar adelante proyectos de baja rentabilidad; sin embargo, un esquema escalonado de impuestos sí lo haría. A decir de Palomino, la idea es buscar un punto de equilibrio que permita seguir explotando recursos y que el Estado recaude más. Fuente El Comercio
Por lo pronto, ya habría un consenso en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de que aplicar un esquema de impuestos escalonado, tal como se ha implementado desde el año pasado en Chile, sería lo más adecuado. El ex presidente y miembro del Consejo Consultivo de esta organización, Hans Flury, indicó que de esta manera se mantendría la competitividad del sector minero en los siguientes años.
“Hasta ahora hay un consenso para que las regalías sean similares a las que se aplican en Chile. Allá tienen unas regalías que están basadas en la utilidad; aquí también se busca generar un mecanismo en el que se grave la utilidad que se genere, ya sea mensual o trimestral, descontando ciertos valores como la depreciación, los intereses, etc.”, señaló.
ESQUEMA DEL SUREl sistema de aplicación de las regalías en Chile es un poco complejo, sin embargo se trataría de uno de los mecanismos más interesantes de tributación minera implementados hasta el momento. Según indicó Miguel Palomino, director ejecutivo del Instituto Peruano de Economía (IPE), se trata de un sistema promotor de la inversión minera, en el que las regalías se aplican en función de los márgenes obtenidos por las empresas mineras y sobre las utilidades operativas.
De acuerdo con el esquema chileno, las empresas que producen menos de 50 mil toneladas métricas de cobre fino (o su equivalente) pagan hasta 4,5% sobre su utilidad operativa.
Sin embargo, las empresas que sobrepasan las 50 mil toneladas, que son las mineras más grandes de ese país, tienen una tasa diferenciada, dependiendo del margen operacional obtenido. Así, las que tienen un margen operativo de 35% deben pagar un 5% de regalías.
Las regalías son escalonadas de acuerdo con las ganancias de las empresas mineras. La más alta que se paga es de 34,5%, para empresas que tienen un margen de entre 80% y 85%.
Palomino resalta que no necesariamente en el Perú se deberán aplicar los mismos porcentajes chilenos. “La idea es utilizar el mismo concepto, los porcentajes deberán ser evaluados”, señaló.
Hans Flury indicó que aún no se han planteado porcentajes. Esto sería parte de la conversación que tendrán los mineros con el Gobierno.
El representante destacó que las conversaciones se están desarrollando en un ambiente de cordialidad.
“Lo interesante es que ninguna de las partes ha entrado con una predisposición. Hay una magnífica relación y hay una conversación inteligente”, señaló.
El presidente de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, indicó que los mineros harán las sugerencias y plantearán los criterios bajo los cuales el Gobierno deberá plantear el impuesto, pero será el Ejecutivo el que decidirá. Sin embargo, reiteró que la idea es que el sector mantenga la competitividad, porque es la única manera de que las empresas continúen reinvirtiendo en nuevos proyectos.
SISTEMA INADECUADOHoy el sector minero peruano está afectado por diversas cargas impositivas, entre ellas las regalías de entre 1% y 3% sobre las ventas de las empresas mineras. Según explicó Palomino, la carga tributaria local crea una situación injusta porque castiga más a las que menos ganan y menos a las que más utilidades generan.
“Aquellas que tienen una rentabilidad de 10% tienen una carga tributaria de 64% sobre su renta, es decir, el Estado se lleva casi las dos terceras partes, esto es muy fuerte. Mientras que a los proyectos de alta rentabilidad se les cobra 42,5%, lo que es injusto. En el peor de los casos, debería ser igual o cobrarse más a aquellos que ganan más. Eso se hace en Chile”, señala Palomino.
El actual sistema tributario en el Perú no permitiría sacar adelante proyectos de baja rentabilidad; sin embargo, un esquema escalonado de impuestos sí lo haría. A decir de Palomino, la idea es buscar un punto de equilibrio que permita seguir explotando recursos y que el Estado recaude más. Fuente El Comercio
miércoles, 3 de agosto de 2011
OBLITAS , LAS MINERAS Y LAS SOBREGANANCIAS
Muy a pesar del fallido spot del ciego oblitas se afina y se encuentra casi listo impuesto a las plusvalías mineras. Lo informa hoy el Diario El Comercio.
¿ Y LAS SOBREGANANCIAS BANCARIAS ?
Aun cuando el debate nacional tributario, se ha centrado sobre el sector minero, hay otros sectores como la banca que han obtenido ingentes ganancias durante el último ejercicio. Sin mucho esfuerzo y productividad (nos cobran por cualquier concepto) obtienen plusvalías que ya envidiaría cualquier sector productivo. Y si a eso le sumamos su alta capacidad de eludir el impuesto a las utilidades; negocio redondo, ¿sabía usted estimado lector dónde sitúa don Dionisio Romero su banco?: En Islas Bermudas, un paraíso fiscal, aunque usted no lo crea (ver informe del post anterior).Explicamos:
La utilidad del sistema bancario peruano aumentó 16% en 2010 comparado con el registro de 2009, informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Los bancos, en conjunto, ganaron S/.3,763 millones entre enero y diciembre, frente a los S/.3,247 millones del año previo.
Con este resultado, se logra una altísima tasa de retorno empresarial. El Banco de Crédito, la primera institución bancaria controlada por el holding Credicorp, ganó S/.1,209.3 millones el año pasado, un 31% más que lo obtenido en 2009 (S/.924.5 millones).
En el mismo período de análisis, el BBVA Banco Continental, el segundo en el país en manos de la entidad española BBVA, obtuvo una utilidad de S/.1,007,2 millones, superior en 9% respecto del ejercicio anterior. En el país operan 15 bancos privados, y participan grandes financieras extranjeras como la canadiense Scotiabank, Deutsche Bank y la británica HSBC.
La utilidad del sistema bancario peruano aumentó 16% en 2010 comparado con el registro de 2009, informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Los bancos, en conjunto, ganaron S/.3,763 millones entre enero y diciembre, frente a los S/.3,247 millones del año previo.
Con este resultado, se logra una altísima tasa de retorno empresarial. El Banco de Crédito, la primera institución bancaria controlada por el holding Credicorp, ganó S/.1,209.3 millones el año pasado, un 31% más que lo obtenido en 2009 (S/.924.5 millones).
En el mismo período de análisis, el BBVA Banco Continental, el segundo en el país en manos de la entidad española BBVA, obtuvo una utilidad de S/.1,007,2 millones, superior en 9% respecto del ejercicio anterior. En el país operan 15 bancos privados, y participan grandes financieras extranjeras como la canadiense Scotiabank, Deutsche Bank y la británica HSBC.
martes, 2 de agosto de 2011
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
En nuestro país existen pocos estudios tributarios sobre instrumentos financieros derivados; éste, pretende ser una introducción para su análisis: (ver enlace)
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