La Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi resolvió por mayoría y en última instancia a favor de Doe Run, y desestimó el alegato del consorcio minero Cormin. Asimismo, ratificó la capacidad del accionista principal (Grupo Renco) de ejercer todos sus derechos en la Junta de Acreedores.
Con esta decisión, se elimina el camino seguido por Cormin en su pretensión de, con una deuda de 30 millones de dólares, querer tomar la administración del Complejo Metalúrgico de La Oroya, valorizado en más de 1,500 millones de dólares.
En cuanto a la apelación presentada por el Ministerio de Energía y Minas para que se le reconozca la deuda de US$ 163 millones por la implementación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el tribunal de Indecopi decidió revocar la decisión de primera instancia y reconoció dicha deuda a favor del Ministerio, por considerar que la misma califica como un crédito susceptible de ser reconocido en virtud de la Ley General del Sistema Concursal (la Ley).
Según la Ley, los acreedores de Doe Run Perú S.R.L. (y no el Indecopi), son los que decidirán en Junta el destino de la empresa; es decir, si la reestructuran o liquidan. Si se decidieran por la primera opción, también deberán optar por mantener la administración original o cambiarla en su totalidad o en parte.
Finalmente, Indecopi ratificó “la transparencia de los procedimientos a su cargo” y reiteró que el caso de Doe Run Perú S.R.L. “recibe el mismo tratamiento que se otorga a todos los procedimientos concursales”.
En un comunicado, Doe Run invocó al Poder Judicial “a no permitir maniobras de ningún tipo que afecten los derechos de los verdaderos acreedores y no exponer el reinicio de operaciones a otras pretensiones, con conflicto de intereses, en perjuicio de los trabajadores, la población de La Oroya, la región central del Perú y el país”.
Con esta decisión, se elimina el camino seguido por Cormin en su pretensión de, con una deuda de 30 millones de dólares, querer tomar la administración del Complejo Metalúrgico de La Oroya, valorizado en más de 1,500 millones de dólares.
En cuanto a la apelación presentada por el Ministerio de Energía y Minas para que se le reconozca la deuda de US$ 163 millones por la implementación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el tribunal de Indecopi decidió revocar la decisión de primera instancia y reconoció dicha deuda a favor del Ministerio, por considerar que la misma califica como un crédito susceptible de ser reconocido en virtud de la Ley General del Sistema Concursal (la Ley).
Según la Ley, los acreedores de Doe Run Perú S.R.L. (y no el Indecopi), son los que decidirán en Junta el destino de la empresa; es decir, si la reestructuran o liquidan. Si se decidieran por la primera opción, también deberán optar por mantener la administración original o cambiarla en su totalidad o en parte.
Finalmente, Indecopi ratificó “la transparencia de los procedimientos a su cargo” y reiteró que el caso de Doe Run Perú S.R.L. “recibe el mismo tratamiento que se otorga a todos los procedimientos concursales”.
En un comunicado, Doe Run invocó al Poder Judicial “a no permitir maniobras de ningún tipo que afecten los derechos de los verdaderos acreedores y no exponer el reinicio de operaciones a otras pretensiones, con conflicto de intereses, en perjuicio de los trabajadores, la población de La Oroya, la región central del Perú y el país”.
