Mientras muchos nos encontrábamos prestos a celebrar la venida del nuevo año, una noticia remeció el mercado de acciones. Poder Judicial resuelve suspender la venta de valores de propiedad estatal en la azucarera Cayaltí. Un evidente conflicto de intereses es la causa, ver como informa el Diario de Tafur:
Por efecto del escándalo ocasionado por la contratación de un asesor del Grupo Gloria en la consultora Deloitte & Touche, encargada de valorizar las acciones del Estado en las empresas azucareras, un mandato judicial ordenó suspender el proceso de venta de las acciones del Estado en Cayaltí que iba a realizarse -según ProInversión- mañana jueves 30 de diciembre.
Esta resolución judicial, emitida por el Primer Juzgado de Chiclayo, determinó la suspensión del proceso de venta de los títulos del Estado en Cayaltí en virtud a la solicitud efectuada por la Asociación de Trabajadores de Cayaltí para la compra de las acciones del Estado.
La resolución judicial precisa: “Deloitte & Touche S.R.L. (valorizadora) no pudo participar o ser contratada para valorar las acciones del Estado en Cayaltí porque estaba impedida, según el artículo 6 inciso e) del Acuerdo PROINVERSION N° 267-01-2009, al tener como asesor principal al Sr. Juan Calisaya Medina, quien es empleado (en planillas) de la empresa Casagrande S.A.A., del Grupo Gloria, quien tiene un interés probado en comprar las acciones de esta azucarera”.
Además, el mandato judicial señala: “Deloitte & Touche S.R.L. al tener un vínculo con una compradora (Casagrande SAA), a través de su asesor Sr. Calisaya Medina, buscaría favorecer a un determinado grupo económico al valorizar las acciones, no respetando la transparencia y moralidad en el debido procedimiento estatal; más aún, si ProInversión sabía del vínculo laboral del asesor Calisaya con el Grupo Gloria”.
Justamente, antes de conocerse esta decisión judicial, los trabajadores de Cayaltí realizaron ayer una manifestación exigiendo la interrupción de la venta de acciones.
Los trabajadores señalaron su cuestionamiento al proceso de venta de ProInversión, señalando que se encontraban en desventaja frente a otros compradores, específicamente respecto al grupo Gloria.
Los trabajadores, además, exigieron que la venta sea directa y que el pago sea con cargo a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y acreencias laborales.
Por su parte, consultado sobre la suspensión decretada por orden judicial, el Presidente de la Asociación, Javier Vásquez Hernández, manifestó que se hizo justicia.
El dirigente sostuvo que ProInversión haciendo abuso de su poder infiltró a un ‘topo’, el alto funcionario de Gloria Juan Calisaya, para obtener información privilegiada y perjudicar a los trabajadores azucareros, por lo que exigió la inmediata destitución de estos malos funcionarios.
“Solicitamos a la Comisión Permanente del Congreso requiera la presencia del Ministro de Economía para que, en su condición de Presidente del Consejo Directivo de ProInversión, explique lo ocurrido y sancione a los responsables”, sentenció Vasquez Hernández.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), al amparo de la actual norma de protección de las azucareras con participación del Estado –cuyo vencimiento es el 31 de este mes- convocó al proceso de venta mediante subasta de las acciones estatales en esas empresas, empezando por Cayaltí, en donde tiene el 23.5% del accionariado.
La empresa Cayaltí, con fideicomiso de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), alcanzó recientemente a ProInversión la lista de 1,097 trabajadores aptos para ejercer la opción de compra, por lo que todo estaba listo para la subasta. Hasta la decisión judicial, que ayer, una vez conocida en la población norteña, fue recibida con alegría.
Esta resolución judicial, emitida por el Primer Juzgado de Chiclayo, determinó la suspensión del proceso de venta de los títulos del Estado en Cayaltí en virtud a la solicitud efectuada por la Asociación de Trabajadores de Cayaltí para la compra de las acciones del Estado.
La resolución judicial precisa: “Deloitte & Touche S.R.L. (valorizadora) no pudo participar o ser contratada para valorar las acciones del Estado en Cayaltí porque estaba impedida, según el artículo 6 inciso e) del Acuerdo PROINVERSION N° 267-01-2009, al tener como asesor principal al Sr. Juan Calisaya Medina, quien es empleado (en planillas) de la empresa Casagrande S.A.A., del Grupo Gloria, quien tiene un interés probado en comprar las acciones de esta azucarera”.
Además, el mandato judicial señala: “Deloitte & Touche S.R.L. al tener un vínculo con una compradora (Casagrande SAA), a través de su asesor Sr. Calisaya Medina, buscaría favorecer a un determinado grupo económico al valorizar las acciones, no respetando la transparencia y moralidad en el debido procedimiento estatal; más aún, si ProInversión sabía del vínculo laboral del asesor Calisaya con el Grupo Gloria”.
Justamente, antes de conocerse esta decisión judicial, los trabajadores de Cayaltí realizaron ayer una manifestación exigiendo la interrupción de la venta de acciones.
Los trabajadores señalaron su cuestionamiento al proceso de venta de ProInversión, señalando que se encontraban en desventaja frente a otros compradores, específicamente respecto al grupo Gloria.
Los trabajadores, además, exigieron que la venta sea directa y que el pago sea con cargo a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y acreencias laborales.
Por su parte, consultado sobre la suspensión decretada por orden judicial, el Presidente de la Asociación, Javier Vásquez Hernández, manifestó que se hizo justicia.
El dirigente sostuvo que ProInversión haciendo abuso de su poder infiltró a un ‘topo’, el alto funcionario de Gloria Juan Calisaya, para obtener información privilegiada y perjudicar a los trabajadores azucareros, por lo que exigió la inmediata destitución de estos malos funcionarios.
“Solicitamos a la Comisión Permanente del Congreso requiera la presencia del Ministro de Economía para que, en su condición de Presidente del Consejo Directivo de ProInversión, explique lo ocurrido y sancione a los responsables”, sentenció Vasquez Hernández.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), al amparo de la actual norma de protección de las azucareras con participación del Estado –cuyo vencimiento es el 31 de este mes- convocó al proceso de venta mediante subasta de las acciones estatales en esas empresas, empezando por Cayaltí, en donde tiene el 23.5% del accionariado.
La empresa Cayaltí, con fideicomiso de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), alcanzó recientemente a ProInversión la lista de 1,097 trabajadores aptos para ejercer la opción de compra, por lo que todo estaba listo para la subasta. Hasta la decisión judicial, que ayer, una vez conocida en la población norteña, fue recibida con alegría.
