Mary Anastasia O’Grady
editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.
La semana pasada se registraron episodios de violencia en Buenos Aires donde manifestantes que protestaban por la escasez de alimentos y la inflación fueron atacados por partidarios de la presidenta Cristina Kirchner armados con palos. Los atacantes eran liderados por un enemigo declarado del sector privado que trabajó con el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner.
"Lo único que me mueve", dijo Luis D'elía, después de que su ataque a un manifestante fue grabado por las cámaras y sus acciones fueron justificadas por el jefe de gabinete de Kirchner, "es odio contra la puta oligarquía". Luego anunció que él y sus hombres patrullarán las calles para defender su visión de que los productores del país son inmorales. La policía nacional, que responde a la presidenta, no hizo nada para detener la violencia.
Desde 2003, Argentina ha estado creciendo rápidamente, más de 8% al año. Pero esto ha sido principalmente el resultado de la combinación de un repunte natural después de su colapso y el auge global de los commodities. Mientras tanto, hirviendo justo por debajo de la superficie se mantiene la contradicción fundamental que provocó la crisis de 2001. Aunque un peso fuerte hizo que los argentinos prosperaran en los 90, este era incompatible con la economía rígida y cerrada del país. La situación es la misma hoy: O se abre la economía, se hacen flexibles los mercados laborales y mejora el clima financiero o el gobierno se aferra a una política de un peso débil como una forma de compensar por un modelo económico poco competitivo y permite que la inflación regrese.
Al escoger la segunda opción, los Kirchner han ganado el apoyo del segmento de la economía leal a los principios de Juan Perón, el fascista argentino del siglo pasado. Estos incluyen a los sindicalistas militantes, burócratas del gobierno, la máquina política peronista y gente como D'elía, cuyos matones actúan como la policía informal de Kirchner. Pero al generar inflación y provocar escasez, la economía de Kirchner está alimentando un descontento general.
Los problemas recientes no comenzaron en Buenos Aires, sino en las provincias, en donde la agricultura es la principal actividad económica. Los agricultores se rebelaron a principios de este mes, cuando el gobierno anunció un incremento en los impuestos a la exportación de productos agrícolas. Las denuncias de que las nuevas tasas de retención del gobierno, es decir impuestos a la exportación, son casi una expropiación no están alejadas de la realidad.
Tomemos por ejemplo el caso de la soya. El nuevo impuesto a las exportaciones será incrementado de 35% a 44%. Pero ya que los agricultores también tienen que pagar un impuesto de 35% sobre sus ganancias, la tasa impositiva efectiva es significativamente mayor. "El agricultor termina pagando esencialmente un impuesto de 63% sobre sus ingresos brutos", dice Pablo Guidotti, decano de la escuela de gobierno de la Universidad DiTella. Si el precio de la soya sube, agrega Guidotti, la "tasa de retención" se incrementa hasta que el gobierno pueda tomar hasta 95% de cualquier incremento marginal en los ingresos brutos de los agricultores.
En respuesta a los aumentos de impuestos, los agricultores bloquearon las carreteras en cerca de 300 lugares en todo el país, prometiendo que no permitirían que los bienes llegaran a los mercados. Los efectos de esta decisión se han sentido en la capital, en donde manifestantes se han tomado las calles para apoyar a los agricultores y en contra de lo que dicen que es la arrogancia del gobierno. La huelga ya entraba a su tercera semana.
Kirchner dice que el aumento de impuestos es un mecanismo de redistribución, sugiriendo que los cultivadores y rancheros tienen que ser forzados a compartir más de su buena fortuna con otros. Pero la principal motivación detrás de este aumento impositivo es la inflación.
Según parece, el gobierno hará cualquier cosa para reducir la inflación excepto aquello que resolvería el problema: permitir que el peso se fortalezca. Ha impuesto controles de precios a los negocios, congelado y luego subsidiado los precios de la energía y prohibido las exportaciones de carne. El año pasado, despidió a la directora de la agencia estatal de estadísticas de inflación porque se rehusó a manipular las cifras. Incluso así, los precios subieron aproximadamente 20% en 2007 y las expectativas para este año se mantienen altas. Eso podría explicar la nueva ronda de impuestos confiscatorios. Al desalentar a los agricultores a enviar alimentos al extranjero, el gobierno cree que puede aumentar el suministro interno y ponerle freno a los precios.
Además de enfurecer a los agricultores y reducir el incentivo a producir, esto no hace nada para enfrentarse a las causas de la inflación, las cuales son la expansión monetaria y el fracaso de la economía de atraer inversión y expandir la capacidad de producción. Un peso fuerte y un compromiso del gobierno para respetar la propiedad privada es lo que se necesita para confrontar el alza en los precios.
En cambio, como buenos secuaces sin cerebro, desesperados por abrir hoyos a un dique que gotea, el equipo económico de Kirchner está moviéndose rápidamente, tratando de compensar por los múltiples errores de política de Kirchner sin liberar a la economía. La crisis de inflación es tan sólo el fiasco más reciente. Los subsidios para compensar a los nuevos impuestos a las exportaciones no deben tardar en aparecer.
Pero no importa. El poder de Kirchner no yace en un modelo económico racional. La idea de los Kirchner de dirigir una economía es imponer impuestos, prohibir, regular y subsidiar, si no es micro gestionar cada aspecto de la vida argentina para que ninguna decisión sea tomada sin consultarlo primero con ellos. Ellos son, en el fondo, autoritarios recalcitrantes al estilo de los que hubieron en los años 70.
Si le queda alguna duda, considere el hecho de que Néstor Kirchner invirtió los últimos cinco años desmantelando el sistema institucional de pesos y contrapesos para que cuando llegara este momento, todo el poder estuviera en el palacio presidencial. Él y su esposa ahora controlan al sistema judicial, la legislatura, el banco central, la policía nacional y los gastos discrecionales en las provincias. El único camino que queda para expresar descontento es la desobediencia civil.
Como vimos la semana pasada, ese camino puede estar cerrándose ahora que los Kirchner tienen su propio ejército en las calles de Buenos Aires, liderado por D'elía. La ira y la envidia detrás de la furia de esta multitud es lo que el kirchnerismo ha sembrado desde 2002. Aquellos que se atrevan a discrepar probablemente serán tratados con más salvajismo.
Este artículo fue publicado originalmente en el Wall Street Journal (EE.UU.) el 31 de marzo de 2008.
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