viernes, 27 de junio de 2008

RECOMENDAMOS SU LECTURA


Libro imprescindible, si lo que se quiere es no seguir al stablishment, acerca de la fiscalidad internacional. Libro "open source" en la web de "attac" y que lo encuentran también "copy left" en tan interesante espacio virtual. Se enteraran ustedes del "rol" que cumplen las cuatro principales firmas auditoras y consultoras transnacionales en la elusión ("planificación")fiscal internacional, en la persistencia misma de los paraísos fiscales y en la injusticia fiscal.

A continuación el prefacio como una invitación a su lectura.


INDICE
Prefacio
Introducción
1. Una visión general de la Justicia Fiscal.
1.1. Que son los impuestos.
1.2. El concepto de justicia fiscal.
1.3. Que es un impuesto justo.
1.4. Por que importa la justicia fiscal.
1.5. Cómo se demuestra la existencia de justicia fiscal.
1.6. Conclusiones.
2. Las causas de la injusticia fiscal.
2.1. El ámbito territorial estatal es importante.
2.2. Los sistemas fiscales integrales son decisivos.
2.3. Hay que evitar los impuestos regresivos.
2.4. Los desafíos planteados por las rentas internacionales.
2.5. Cómo las administraciones tributarias dejan de garantizar
la justicia fiscal.
2.6. La injusticia en los impuestos tiene su raíz en los paraísos
fiscales.
3. Agentes decisivos en la injusticia fiscal.
3.1. Los orígenes del negocio de la evasión fiscal.
3.2. Los consultores y los auditores.
3.3. Los abogados.
3.4. Los bancos.
3.5. Las corporaciones transnacionales.
3.6. Jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.
3.7. Los contribuyentes.
4. Organizaciones que abordan cuestiones de fiscalidad global.
4.1. La OCDE.
4.2. La Unión Europea.
4.3. La ONU.
4.4. Los Gobiernos.
4.5. La Sociedad civil.
5. Hacia la Justicia Fiscal.
5.1. La responsabilidad corporativa.
5.2. El intercambio automático de información.
5.3. La nacionalidad y la fiscalidad personal.
5.4. La fiscalidad empresarial.
5.5. La acción estatal para mejorar la fiscalidad empresarial y
personal.
5.6. Los principios generales de antievasión fiscal.
5.7. Una Autoridad Fiscal Global.
5.8. La asistencia en materia fiscal a los países en desarrollo.
5.9. La rendición de cuentas de los gobiernos.
5.10. Los fideicomisos.
5.11. Las prioridades nacionales.
6. Glosario.

PREFACIO
He aquí un excelente estudio en torno a un tema muy importante
sobre el que ha sido muy escasa la investigación y la acción política
además de claramente insuficientes.
Cuando la mayor parte de la actividad económica se desarrollaba
en el interior de los países, las autoridades fiscales nacionales abarcaban
a la mayoría de unidades económicas relevantes. En la era de la
globalización, el capital y la riqueza de las personas acaudaladas se
han convertido en altamente móviles. Esta movilidad ha sido acrecentada
profundamente por la liberalización de la cuenta de capital y
los avances tecnológicos. En la medida que las competencias de las
autoridades fiscales se ejercen básicamente en el marco interno de sus
propios países, el resultado ha sido una pérdida masiva de ingresos
fiscales. De hecho, en Hacednos pagar impuestos si podéis se estima que
los gobiernos de todo el mundo pierden hasta 255,000 millones de
dólares estadounidenses cada año debido a la nula o baja fiscalidad
del capital en los centros financieros extraterritoriales.
Ante una pérdida de ingresos fiscales tan cuantiosa a causa de la
evasión y el fraude fiscal internacional, los gobiernos se ven forzados
a la reducción del gasto público y/o al aumento de la tributación de
las pequeñas empresas menos móviles o de las personas más pobres.
Este resultado es particularmente dañino en países en vías de desarrollo
donde es esencial el gasto público para la financiación del desarrollo
sostenible y la reducción de la pobreza; y entre las categorías
claves de ese gasto esencial están el gasto en salud, en la educación y
en infraestructuras, subsidios para la vivienda de los muy pobres y
redes de seguridad social. Los recortes en los gastos públicos son a
menudo extremadamente perjudiciales e injustos, en la medida en
que van aumentando los impuestos de los más desfavorecidos y
menos móviles.
De ninguna manera podemos considerar inevitable este estado de
cosas. Un primer paso muy valioso será reforzar la coordinación fiscal
internacional entre los gobiernos con el fin de reducir la evasión
y el fraude fiscal internacional. A más largo plazo, seria necesario un
marco tributario único mundial para enfrentarse con algunos aspectos
de la política fiscal internacional, del mismo modo que sería deseable
abordar la evasión y el fraude fiscal global a gran escala. Los
pasos en esta dirección por las autoridades fiscales – tales como los
que esbozan en este estudio – significarían una contribución importante
para una economía mundial que fuera más equitativa, eficiente
y moderna. Por encima de todo, los que tienen tan poco podrían
potencialmente obtener tanto, mientras que los que tienen tanto perderían
solamente un poco.
Stephany Griffith-Jones
Profesor del Instituto de Estudios del Desarrollo
de la Universidad de Sussex.

miércoles, 25 de junio de 2008

PRIMICIA: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO SOBRE SUBCAPITALIZACIÓN


CJE/07/22

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-524/04
Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation / Commissioners of Inland Revenue
La legislación británica sobre la subcapitalización solamente puede aplicarse a los montajes fiscales puramente artificiales.
Para estar justificadas, dichas normas deben dar a las empresas interesadas la posibilidad de presentar elementos relativos a los motivos comerciales por los que se celebró una transacción y la recalificación de los intereses abonados como beneficios distribuidos debe limitarse a la fracción de estos intereses que supere lo que se habría acordado en una situación de libre competencia.

La legislación fiscal británica contiene normas anti-abuso que tienen por objeto actuar contra la «subcapitalización». Cuando una sociedad abona intereses como remuneración de un préstamo, estos pagos son deducibles de los beneficios imponibles. En cambio, las distribuciones de beneficios están sujetas al pago a cuenta del impuesto sobre sociedades. La subcapitalización consiste en financiar una sociedad mediante préstamos en lugar de mediante fondos propios a fin de disfrutar un tratamiento fiscal más ventajoso. Por tanto, dichas normas, vigentes bajo diversas formas hasta el año 2004, limitan, en determinadas circunstancias, la deducibilidad de los intereses que las filiales británicas abonan a sociedades
no residentes. Estas restricciones no se aplican a las sociedades que abonan los intereses a otra sociedad residente.
Entre 1988 y 1995, si el préstamo se concedía por una sociedad no residente a una filial residente, todos los intereses se calificaban como beneficios distribuidos salvo disposición contraria de un convenio para evitar la doble imposición (CDI). Los CDI celebrados con diversos países establecen que los intereses son deducibles si su importe no excede de lo que se habría pagado en caso de no existir relaciones especiales entre las partes.
Entre 1995 y 2004 los intereses abonados entre los miembros de un mismo grupo de
sociedades se calificaban como beneficios distribuidos en cuanto excedían de lo que se habría pagado de no existir relaciones especiales entre las sociedades. Sin embargo, esta norma no se aplicaba cuando ambas sociedades estaban sujetas al impuesto sobre sociedades en el Reino Unido.
A raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de 2002 referente a las normas alemanas sobre subcapitalización,1 algunos grupos de sociedades interpusieron reclamaciones de restitución y/o compensación relativas a las desventajas fiscales que se habían producido por haberles aplicado la legislación británica. Cada uno de estos grupos tiene una filial residente en el Reino Unido que obtuvo un préstamo de una sociedad establecida en otro Estado miembro.
Los recursos se reagruparon en un litigio inscrito en la categoría de «group litigation [demanda colectiva]» sobre la subcapitalización (Thin Cap Group Litigation). La High Court eligió como asuntos piloto los relativos a los grupos Lafarge y Volvo (que tienen la sociedad matriz en un Estado miembro) y Caterpillar y PepsiCo (que tienen la sociedad matriz en un país tercero). La High Court planteó al Tribunal de Justicia varias cuestiones relativas a la compatibilidad de las normas sobre la subcapitalización con el Derecho comunitario, en particular, respecto de la libertad de establecimiento.
Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda que, si bien la fiscalidad directa es competencia de los Estados miembros, éstos deben, sin embargo, ejercerla respetando el Derecho comunitario. Puesto que las normas sobre la subcapitalización se aplican únicamente a situaciones en que la sociedad prestamista tiene una influencia real sobre la sociedad prestataria o está ella misma controlada por una sociedad que tiene tal influencia, dichas normas deben examinarse únicamente a la luz de la libertad de establecimiento.
Existencia de una restricción a la libertad de establecimiento El Tribunal de Justicia observa que calificar de beneficios distribuidos los intereses abonados a una sociedad vinculada puede agravar la carga tributaria de la sociedad prestataria, no sólo porque el importe de los intereses abonados no puede reducir el beneficio imponible, sino también porque la sociedad prestataria puede tener que efectuar el pago a cuenta del impuesto sobre sociedades.
El Tribunal de Justicia señala que las disposiciones británicas relativas a la subcapitalización introducen una diferencia de trato entre sociedades prestatarias residentes en función de donde radique el domicilio de la sociedad prestamista y que la situación tributaria de una sociedad que abona intereses a una sociedad no residente es menos ventajosa. En consecuencia, las normas británicas relativas a la subcapitalización constituyen una restricción a la libertad de establecimiento.
Justificación de la restricción El Tribunal de Justicia recuerda que una medida nacional que restrinja la libertad de establecimiento puede estar justificada cuando tenga por objeto específico los montajes puramente artificiales, carentes de realidad económica, cuyo objetivo sea eludir el impuesto normalmente adeudado. La legislación británica, al impedir la práctica de la subcapitalización, resulta adecuada para cumplir su finalidad.
1 Sentencia de 12 de diciembre de 2002, recaída en el asunto Lankhorst-Hohorst (C-324/00).
No obstante, para estar justificada, la legislación no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de evitar prácticas abusivas (principio de proporcionalidad). En este contexto, una legislación nacional debe considerarse proporcionada cuando, en primer lugar, el contribuyente puede presentar, sin estar sujeto a restricciones administrativas excesivas, elementos relativos a los posibles motivos comerciales por los que se celebró dicha transacción y, en segundo lugar, cuando la recalificación de los intereses abonados como beneficios distribuidos se limite a la fracción de estos intereses que supere lo que se habría acordado de no haber existido relaciones especiales entre las partes.
El Tribunal de Justicia estima que, entre 1988 y 1995 la legislación británica no cumplió dichos requisitos para los supuestos en que no era aplicable un CDI.
En cambio, para los supuestos en que era aplicable un CDI, y entre 1995 y 2004, sí se
cumplió el segundo requisito. En este contexto, corresponde al órgano jurisdiccional
nacional determinar si la legislación británica cumplió el primer requisito permitiendo a las sociedades interesadas presentar elementos relativos a los motivos comerciales en relación con las transacciones de que se trata.
Aplicación a los grupos con la sociedad matriz residente en un país tercero
El Tribunal de Justicia añade que la libertad de establecimiento no comprende la aplicación de las normas sobre la subcapitalización en una situación en que la sociedad matriz reside en un país tercero.
Restitución del impuesto indebidamente recaudado y reparación del perjuicio
Finalmente, el Tribunal de Justicia recuerda que, cuando un Estado miembro ha percibido impuestos infringiendo las normas del Derecho comunitario, los justiciables tienen derecho a la restitución del impuesto indebidamente recaudado y de las cantidades pagadas en relación directa con dicho impuesto.
Sin embargo, no están comprendidos en dicha categoría los demás costes que no están
directamente relacionados con el impuesto, sino que resultan de decisiones adoptadas por las sociedades, por ejemplo, el perjuicio sufrido por una sociedad debido a que sustituyó una financiación mediante préstamos por una mediante fondos propios. Por lo que respecta a estos costes, corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si constituyen pérdidas económicas sufridas por una infracción del Derecho comunitario imputable al Reino Unido.
En este contexto, para determinar si la infracción es lo suficientemente grave como para generar la responsabilidad de un Estado miembro, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta el hecho de que, en un ámbito como el de la fiscalidad directa, las consecuencias que se derivan de las libertades de circulación garantizadas por el Tratado sólo se revelan gradualmente y que, en efecto, hasta la sentencia Lankhorst-Hohorst de 2002, el
problema de la subcapitalización no había sido aún tratado por el Tribunal de Justicia.

martes, 24 de junio de 2008

ESCAPES GOLONDRINOS Y VENCIMIENTOS DE FORWARDS HACEN SUBIR EL DOLAR


La salida de los capitales de corto plazo (por vencimiento de los certificados de depósitos del Banco Central de Reserva), así como el vencimiento de contratos a futuro de dólares o forwards, está haciendo perder posición al nuevo sol frente a la moneda norteamericana. Así, ayer en las calles de Lima el dólar se cotizó en S/.2.920 la compra y S/.2.950 la venta, mientras que en las ventanillas de los bancos estuvo en S/.2.860 y S/.3.020, la compra y venta, respectivamente.
El jefe de Estudios Económicos del Scotiabank, Guillermo Arbe, dijo a Correo que no obstante la caída del nuevo sol, éste seguirá apreciándose muy fuerte al menos hasta inicios del próximo año. “La salida de los capitales de corto plazo (golondrinos o llamados también de inversión de corto plazo) está ayudando a apreciar al dólar frente al nuevo sol, como consecuencia de las medidas que está tomando el BCR para que salgan del país (para no distorsionar el mercado cambiario)”, agregó.

Corto plazo
Según operadores, el tipo de cambio podría bajar debido a la subasta del BCR de certificados de depósito (a pagar en dólares). Arbe añadió que el comportamiento de la moneda norteamericana en el corto plazo estará sujeto a las decisiones que adopte el BCR con respecto a la tasa de interés referencial (que toman en cuenta los bancos para prestarse entre sí), así como a los capitales de corto plazo.

MAS DATOS
El BCR vendió ayer US$14 millones en el mercado, luego de casi dos años y medio sin ofrecer la moneda estadounidense. La salida de los capitales de corto plazo (por vencimiento de los certificados de depósitos del Banco Central de Reserva), así como el vencimiento de contratos a futuro de dólares o forwards, está haciendo perder posición al nuevo sol frente a la moneda norteamericana. Así, ayer en las calles de Lima el dólar se cotizó en S/.2.920 la compra y S/.2.950 la venta, mientras que en las ventanillas de los bancos estuvo en S/.2.860 y S/.3.020, la compra y venta, respectivamente.
El jefe de Estudios Económicos del Scotiabank, Guillermo Arbe, dijo a Correo que no obstante la caída del nuevo sol, éste seguirá apreciándose muy fuerte al menos hasta inicios del próximo año. “La salida de los capitales de corto plazo (golondrinos o llamados también de inversión de corto plazo) está ayudando a apreciar al dólar frente al nuevo sol, como consecuencia de las medidas que está tomando el BCR para que salgan del país (para no distorsionar el mercado cambiario)”, agregó.

domingo, 22 de junio de 2008

TC SE PRONUNCIA SOBRE BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL AGRO


Nota de Prensa Nº 027-2008-OII/TC

TC RATIFICA QUE LAS AVÍCOLAS QUE UTILICEN MAÍZ NACIONAL GOZARÁN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Esto favorecería a la canasta familiar frente al alza de los precios de los alimentos

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar fundada la demanda de amparo interpuesta por San Fernando S.A. contra la SUNAT, lo que favorecería la canasta familiar frente al alza de precios de los alimentos de primera necesidad.

El TC estima que en el caso concreto resulta inaplicable el numeral 2.4 del artículo 2 de la Ley 27360 (Ley que aprueba normas de promoción del sector agrario), toda vez que vulnera el principio de igualdad en materia tributaria, por cuanto establece una distinción no justificada en parámetros constitucionales.

La citada Ley establece que sólo las avícolas que utilicen el maíz amarillo duro nacional, como es el caso de la empresa San Fernando S.A., gozarán de los beneficios tributarios establecidos en la Ley, mientras que aquellas empresas que utilicen maíz amarillo duro importado no les serán aplicables tales beneficios.

El TC considera en la sentencia del Expediente N.° 05970-2006-PA/TC que tal diferenciación no se encuentra justificada, debido a que frente a la insuficiencia de producción de maíz nacional -que no cubre la demanda interna- la demandante se vio obligada a utilizar maíz importado. Por consiguiente, en este caso en concreto deviene en desproporcionado desconocer los beneficios otorgados, ya que ello es motivado por cuestiones ajenas a la voluntad de la empresa. En tal caso, la SUNAT no puede desconocer los beneficios otorgados.

De igual forma, el TC estableció claramente que el juez constitucional puede evaluar normas legales que otorgan beneficios tributarios cuando se afecte el principio de igualdad ante la ley en materia tributaria.

Ello no significa que procederán demandas de amparo que pretendan de forma indiscriminada: i) cuestionar la decisión política que deja sin efecto una exoneración, buscando perennizar tal beneficio, ii) interpretar un convenio de estabilidad tributaria a efectos de determinar que le corresponde una exoneración e, iii) interpretar de manera favorable a la parte recurrente una serie de normas a efectos de determinar si le corresponde una exoneración al demandante.

Así, el TC en su función ordenadora y pacificadora cumple con el rol de velar por la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, al mismo tiempo que orienta y plantea criterios claros a fin de evitar la interposición de demandas de amparo que resultan claramente improcedentes.

Lima, 24 de mayo del 2008

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL