INTERNACIONALES: EEUU, CUANDO LOS CONTRIBUYENTES TERMINAN SALVANDO A WALL STREET

Si Wall Street consigue salir de esto, representará un fraude histórico al pueblo americano - todo el azúcar para los bandidos, el dolor duradero y el daño para las víctimas.” Así es como Guillermo Greider describió el rescate de Wall Street.

Todo el sistema capitalista está en caos, mientras la implosión financiera ahora amenaza convertirse en una depresión. Para los trabajadores, esto viene después de años de salarios estancados, de la pérdida de millones de buenos trabajos, de una ola de ejecuciones de hipoteca y del alza descontrolada en el precio de combustibles y alimentos.

La crisis fue causada por los mismos capitalistas. Su avaricia por la ganancia ha desestabilizado el sistema entero. Todas los argumentos sobre el mercado “solucionando los problemas" ahora son desenmascarados, mientras Wall Street mendiga más ayuda financiera a los contribuyentes.

La hipocresía de la elite política de Washington es impresionante. Con las elecciones presidenciales asomando, los defensores de ayer de la desregulación financiera y las reducciones de impuestos se han transformado repentinamente en los defensores de la ciudadanía contra los criminales de Wall Street.

Cada vez que los trabajadores, los sindicatos o grupos de la comunidad exigían mejores salarios, beneficios o servicios sociales; estos políticos corporativos nos decían: “No podemos costearlo.” Ahora el gobierno está autorizando hasta un trillón de dólares (quizá mucho más) para comprar las malas deudas de los “banqueros” de Wall Street”. Este dinero, en cambio, se debería utilizar para garantizar la salud pública, la vivienda, el cuidado de los niños, la educación y un salario digno para todos.

Ellos reclaman que el rescate económico de la élite financiera es necesario para prevenir un desastre económico para los trabajadores. Sin embargo, incluso los congresistas Demócratas están exigiendo nada más que reformas simbólicas en Wall Street a cambio del programa de rescate corporativo más grande en la historia de los EE.UU. Wall Street y los grande bancos se han revelado como una guarida de especulación y corrupción. Ellos son el más poderoso lobby de Washington, y han financiado las carreras de numerosos políticos, Obama y McCain entre ellos.

En realidad, este plan de rescate no ayuda en nada a la seguridad económica de los trabajadores; en cambio si es un completo apoyo para su sistema de explotación y ganancias, a costa de nuestros bolsillos. Incluso los defensores de este rescate económico, reconocen que esto no evitará que millones de familias pierdan sus hogares debido a las ejecuciones de sus hipotecas. Ellos admiten que esto no frenará el creciente desempleo y la inflación.

Esto es porqué los grandes empresarios y los políticos que ellos financian, rechazan gastar dinero de los contribuyentes donde realmente beneficiaría a la economía; para cancelar las deudas de viviendas, para los estudiantes, los trabajadores; para programas estatales de generación de empleo o de construcción de escuelas, hospitales, para infraestructura de energía no contaminante, y otras necesidades sociales.

Necesitamos luchar para defender nuestros derechos. Los trabajadores tienen la fuerza para detener este fraude masivo.

· Hacer a que los criminales corporativos paguen por su corrupción!
Si la gente común es atrapada infringiendo la ley, ella va a la cárcel. Que los gerentes y los grandes accionistas grandes de los bancos quebrados no reciban un multimillonario “paracaídas de oro.” Deben ser investigados y forzados a compensar los beneficios adquiridos ilícitamente. Una comisión formada por sindicatos, organizaciones sociales y la comunidad debe investigar su actividad criminal. Así como a los jefes del narcotráfico se les confiscan los bienes por sus crímenes; lo mismo debe ocurrir para los jugadores y especuladores de Wall Street!!

Alarma en la City por el impuesto a los ricos

Londres planea una cuota lineal de 40.000 euros anuales que apunta a las grandes fortunas "asiladas" en el Reino Unido

La City de Londres se ha alzado en armas contra el plan del Gobierno laborista de fijar un impuesto lineal de 30.000 libras anuales (unos 40.000 euros) a los ciudadanos que no tienen residencia fiscal en Reino Unido y disponen de suficientes recursos como para disfrutar de una segunda vivienda - además de sus cuentas bancarias- en algún paraíso fiscal como el Principado de Mónaco, Liechtenstein o Islas Caimán.

Los non doms (abreviación de no domiciliados),como Hacienda los denomina coloquialmente, se han beneficiado hasta ahora de la generosidad de las leyes fiscales del país hacia ellos, con el fin de atraer el talento y el dinero a la City de Londres para que sea la capital europea de las finanzas y compita con Wall Street por el cetro mundial. Así como Estados Unidos requiere que paguen impuestos todos los residentes en el país, Gran Bretaña tiene un régimen mucho más laxo y 116.000 personas (entre ellas el magnate del acero Lakshmi Mittal, uno de los hombres más ricos del mundo) se acogen a ese estatus.

Los magnates del acero y la industria naviera, los banqueros y ejecutivos de multinacionales no se van ciertamente a arruinar por 40.000 euros al año, que para ellos apenas es una propina. Pero el mundo de las finanzas ha reaccionado con alarma a lo que considera una medida redistributiva por parte del Gobierno de Gordon Brown y un retroceso en la línea pro negocios iniciada por Margaret Thatcher, que Tony Blair respetó al dedillo. La City tiene miedo al precedente que significa empezar a inventar nuevos impuestos, que en vez de ir dirigidos como es habitual a las clases medias que no tienen forma de evadirlos, tienen esta vez como objetivo los millonarios.

"La implementación de este impuesto, si el Gobierno no da marcha atrás, desembocará en un eventual éxodo de los empresarios de la industria naviera afincados en Londres y, asimismo, de muchos otros empresarios que aportan ideas y vitalidad a la City", asegura Jeremy Penn, principal ejecutivo del mercado marítimo Baltic Exchange. Una treintena de magnates griegos del sector han hecho ya las maletas y han trasladado sus oficinas y residencias fiscales a Singapur, Dubai, Irlanda o Luxemburgo.

En el propio Gobierno, sometido a la presión concertada del sector empresarial y la prensa conservadora, han empezado a surgir fisuras, hasta el punto de que lord Digby Jones - un ex director de la Confederación de la Industria Británica que no pertenece al Labour, pero fue fichado por Brown como secretario de Estado de Finanzas- ha cuestionado públicamente la conveniencia de aplicar el impuesto a los non doms,sobre el que se pronunciará definitivamente el Gobierno a finales del próximo marzo.

Paradójicamente la idea surgió en realidad de los conservadores, que dejaron flotar la posibilidad de un gravamen de esta naturaleza para desestabilizar al Labour. El canciller del Exchequer, Alistair Darling, para no ceder la iniciativa a la oposición y con un espíritu eminentemente populista, decidió hacerla suya con el cálculo electoral de que ganaría votos con un impuesto a los ricos inofensivo en el fondo, porque 40.000 euros al año no harían que ningún millonario abandonase los placeres cosmopolitas de Londres. Pero no imaginó que la City y sus amigos de la prensa iban a desenterrar el hacha de guerra.

El argumento a favor del nuevo impuesto es que todo residente de hecho, al margen de lagunas fiscales, debe contribuir a financiar los servicios públicos de la ciudad, y más aún si le sobran los millones. El argumento en contra es que los non doms,con su talento para generar dinero y atraer inversiones, aumentan la riqueza y competitividad de Gran Bretaña, y no deben ser castigados sino estimulados. Según señala el diario conservador Daily Telegraph,el Tesoro recaudaría 1.100 millones de libras (1.481 millones de euros) con la nueva tasa, pero perdería casi tres veces esa misma cantidad con la fuga de capitales y millonarios que inevitablemente se produciría.

La inmortalidad del impuesto progresivo

Publicamos en esta oportunidad a James A. Dorn, quien es Vice-presidente para Asuntos Académicos de Cato Institute y un liberal ortodoxo. Aunque en nuestra antípoda, este némesis ideológico desliza algunas ideas sugestivas contra la progresión del impuesto a la renta en los Estados Unidos. Curioso ¿no? ahora
que emergen los fantasmas del crack en el epicentro del capitalismo mundial,
¿ a quienes apelan los liberales? si no al propio Estado para el rescate financiero
de la bancarrota propiciada por la irresponsable des-regulación de los mercados que ellos alentaron con singular manía. Expertos en alentar la maximización de los beneficios privados, a la hora de las pérdidas, los liberales como Dorn, sí pregonan la socialización de éstas. Y ustedes se preguntarán de dónde saldrá el paliativo fiscal en gran medida, sino de los impuestos progresivos que tanto maldice nuestro columnista de hoy.

La inmortalidad del impuesto progresivo
Por James A. Dorn

En 1848, Karl Marx y Friedrich Engels propusieron la instrumentación de un impuesto progresivo para "despojar de modo gradual a la burguesía de la totalidad del capital, transfiriendo al Estado todos los instrumentos de producción". Aunque el comunismo fracasó, persiste la idea del impuesto progresivo como manera de alcanzar la "justicia social". El impuesto progresivo viola el alma de la Constitución de Estados Unidos.

Nuestro gobierno constitucional se basa en el principio que los individuos son iguales ante la ley, que la aprobación general es la base de leyes justas y que el poder del gobierno está estrictamente limitado. Ninguno de esos principios se ajusta a la imposición de un impuesto a la renta con tasas progresivamente más altas. Es hora de denunciar la pretensión moral del impuesto progresivo y acabar con un sistema impositivo socialista que ha corroído la libertad personal y económica.

Antes de la promulgación del la Enmienda 16 de la Constitución en 1913, la Corte Suprema declaró inconstitucional todos los intentos anteriores de legislar un impuesto sobre la renta federal. No había apoyo popular para tal impuesto. Cuando el Congreso aprobó la primera ley de impuesto sobre la renta en 1894, el New York Times la llamó "viciada, injusta, impopular, desatinada y socialista" y el Washington Post se refirió a la ley como una "abominable y monstruosa calamidad".

La Constitución y la justicia requieren que a todos los individuos se les dé el mismo tratamiento bajo la ley y que la ley misma sea justa. Un impuesto progresivo que discrimina contra individuos simplemente porque tienen mayores ingresos se basa en un precepto arbitrario que jamás lograría aprobación universal. La minoría jamás aceptaría ser esclavizada por la mayoría. Como no hay manera objetiva de medir la justicia social, no hay límite a la redistribución bajo un sistema impositivo progresivo. Bajo tal sistema ni las personas ni la propiedad están protegidas. En "Los fundamentos de la libertad", el Premio Nobel F. A. Hayek escribió: "La progresión no ofrece criterio alguno que permita distinguir lo justo o injusto. No establece hito alguno para detenerse. Ese 'buen juicio' de la gente, al que aluden los partidarios del sistema como única defensa, no es sino mero estado transitorio de opinión, formado por los últimos acontecimientos".

Hayek tenía razón, mientras que Marx y Engels estaban equivocados. Sin embargo, conservadores y liberales caen en una trampa populista al tratar de justificar un impuesto progresivo en base al deseo de la mayoría. Elevar valores democráticos por encima de los derechos individuales para alcanzar la igualdad de resultados viola las reglas de conducta justa que son elfundamento de la sociedad libre.

Un impuesto de tasa única es consistente con la seguridad jurídica y el principio de no discriminación. Todo el mundo paga la misma tasa en su ingreso sujeto a impuestos y los ingresos provenientes del trabajo y de la inversión son pechados de la misma manera; no se aplican dobles impuestos a los dividendos ni a los intereses. Y si el impuesto de tasa única se aplica al consumo en lugar de a los ingresos, desaparecería la predisposición actual contra el ahorro, aumentando así el crecimiento económico.

Un beneficio importante del impuesto de tasa única es que haría visible el costo de toda expansión gubernamental, especialmente si existe la obligación de equilibrar el presupuesto. Habría entonces un incentivo para comparar el costo y los beneficios de los programas oficiales. Por el contrario, bajo el sistema de impuestos progresivos hay más bien una tentación constante a aumentar las tasas de impuestos que pagan los ciudadanos productivos para financiar nuevos programas.

El impuesto progresivo no es una virtud sino un vicio. Presume que los derechos de propiedad de los ricos no son tan sagrados como los derechos de propiedad de los pobres y que los valores de la mayoría están por encima de los derechos de la minoría. La envidia y no la justicia es la base de este impuesto discriminatorio. Si permitimos a la mayoría debilitar los principios constitucionales en nombre de la justicia social, perderemos tanto la libertad como la verdadera justicia. "La ley es el tejido de la sociedad civil y la justicia es la igualdad bajo la ley", escribió Cicerón. Si vamos a lograr restaurar la sociedad civil progresando del socialismo fiscal a la justicia fiscal, tendremos que instituir un impuesto de tasa única y limitar el tamaño del gobierno. De otra forma prevalecerán la guerra de clases y el Estado Providencia.

CUANDO EL ESTADO TIRA EL SALVAVIDAS

"La desregulación afiebrada e ideológica ha implosionado y se ha revelado ineficaz, incompetente e irresponsable. Ha significado, en la generación de la crisis, la extrema privatización de colosales ganancias para sus operadores y, en la solución del desastre que ha creado, la socialización de las pérdidas también en magnitudes colosales."

La crisis financiera mundial y el fracaso del neoliberalismo desregulador
Por: Manuel Rodríguez Cuadros

Al anunciar la más grande intervención de su gobierno en los mercados, como la única solución a la crisis financiera, el Presidente Bush justificó la estatización de gran parte del sistema financiero norteamericano, señalando que “el riesgo de no actuar sería mucho mayor, más presión sobre nuestros mercados financieros causaría pérdidas de empleo masivos, devastaría las cuentas de ahorro de las pensiones, erosionaría más aún el valor de las casas y secaría la fuente de los préstamos para nuevas casas, coches y estudios. Son riesgos que los americanos no pueden permitirse”.

A partir de esta decisión y con el consenso negociado de los demócratas, el gobierno norteamericano a través de una agencia estatal anticrisis adquirirá las hipotecas “tóxicas” (impagables) de los bancos hasta por un valor de 700 mil millones de dólares. A esta cifra hay que añadir 900 mil millones de dólares del presupuesto nacional que la Reserva Federal utilizó para adquirir los activos de las agencias Fannie Mae y Freddie Mac, tomar el control de la aseguradora AIG –la número uno del mundo– refinanciar y otorgar garantías a las hipotecas con riesgo de no pagarse, otorgar un crédito de salvación a Morgan Stanley y comprar Bearn Steearn. El paquete de intervención estatal en los mercados financieros, que se suponían eficientes y transparentes y se revelaron ineficientes y transgresores del riesgo moral, llega así a más de 1.6 billones de dólares. El 15% del PBI norteamericano. Esto sin contar el costo de las intervenciones de los bancos centrales europeos en su propio sistema financiero, contagiado por las hipotecas subprime.

Llega, así, a su fin el fundamentalismo neoliberal que durante 30 años pregonó la desregulación extrema de los mercados. La desregulación afiebrada e ideológica ha implosionado y se ha revelado ineficaz, incompetente e irresponsable. Ha significado, en la generación de la crisis, la extrema privatización de colosales ganancias para sus operadores y, en la solución del desastre que ha creado, la socialización de las pérdidas también en magnitudes colosales. El desastre que han producido los ultraliberales en economía y neoconservadores en política, lo paga ahora inocentemente el ciudadano y el Estado norteamericano.

La adquisición estatal de los activos contaminados permitirá que el estallido de la burbuja financiera no conduzca al desplome de la economía real. Y eso es bueno. Pero la superación de la crisis tomará un tiempo. Los expertos señalan que la fase aguda de afectación de los mercados financieros se prolongará hasta el tercer trimestre del 2009. Y terminará probablemente a fines del 2010. Pero su fase crónica “double dip o triple dip” (doble o triple recaída) puede abarcar un periodo de seis o siete años.

John McCain que impulsó y se comprometió con la doctrina neoliberal de la desregulación, hoy abjura de ella –creo sinceramente– reclamando una sensatez macroeconómica que revalorice la regulación estatal. Barack Obama, limpio de compromisos con la intervención en Irak y el pensamiento económico neoliberal, con honestidad, releva a su adversario de toda responsabilidad directa en la crisis. Pero recuerda que la culpa es de la “filosofía económica que él defiende”. Obama coincide con Bush en la creación de la agencia estatal anticrisis, pero plantea con inteligencia y sensibilidad una diferencia fundamental. “No hay que socorrer sólo a Wall Street (las finanzas), sino también a Main Street (la economía del ciudadano de a pie).

Don Genaro y sus papeles sin valor

¿ se puede cancelar deuda tributaria con bonos emitidos por el Estado? lean este interesante caso que relata el diario opositor La Primera el día de hoy.


El empresario televisivo Genaro Delgado Parker mintió cuando dijo a través de una carta rectificatoria enviada a LA PRIMERA, que pagará la deuda de casi cien millones de soles contraída por Panamericana Televisión con el Estado peruano con bonos de desarrollo, cuando la verdad es que han prescrito y por lo tanto no tienen ningún valor monetario.

Esta información es corroborada por el Ministerio de Economía con fecha 11 de octubre de 2007, mediante comunicado Nª006-2007-EF/75.01 titulado Prescripción de Bonos emitidos por el Estado peruano, según se pudo observar en el comunicado 006-2007-EF / 75.1

Dicho documento pone en conocimiento de las instituciones públicas y de las personas naturales y jurídicas en general que el Ministerio de Economía y Finanzas no admite ninguna gestión de requerimiento de pago de Bonos emitidos por la República del Perú, respecto a los cuales se han producido la caducidad y prescripción para su cobro en aplicación de la Ley Nº 8599, de fecha 18 de noviembre de 1937 y del inciso 1) del Artículo 2001ª del Código Civil vigente.

Entre tales bonos se encuentran los emitidos en los años 1871, 1874, 1875, 1920 y 1828, así como aquellos emitidos en virtud a las leyes Nº 5621, Nº 6752, Nº13517 y Nº 15591, sus ampliatorias y modificatorias a los cuales se les aplica la ley Nº8599.

Asimismo, los Bonos de Ensanche y Acondicionamiento de Poblaciones-Decreto Ley Nº 17803, los Bonos para Ensanche y Acondicionamiento de poblaciones para la zona afectada por el terremoto del 31 de mayo de 1970. Decreto Ley Nº 18974, los Bonos de Recontrucción -Ley 23592 y los Bonos de Desarrollo- Ley 24030, a los cuales es de aplicación del Inc. 1) del Artículo 2001 del Código Civil.

En conclusión, el referido comunicado del MEF desmiente lo dicho por Delgado Parker, porque dichos Bonos de Reconstrucción, los mismos que fueron emitidos entre los años 85 y 87 durante el primer gobierno del presidente Alan García, no tienen ningún valor, han prescrito.


DETALLE

La directiva N° 004–2002/SUNAT, publicada el 5 de noviembre de 2002, precisa que los Bonos de Reconstrucción y de Desarrollo emitidos al amparo de las leyes Nos. 23592 y 24030, respectivamente, no constituyen medios de pago de la deuda tributaria.

MEDRANO URGE PRECISIONES A LAS MODIFICACIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA A PARTIR DEL 2009

A propósito de las estructurales modificaciones a la Ley del Impuesto a la renta previstas a partir del ejercicio 2009, Medrano urge precisiones en un artículo aparecido en el diario El Comercio el 6 de septiembre pasado.



INDISPENSABLES PRECISIONES

Impuesto a la Renta 2009
Por Humberto Medrano Cornejo. Abogado


A partir del 1 de enero del 2009, entrará en vigencia el Decreto Legislativo 972 que modifica el régimen del Impuesto a la Renta, pero que tiene varios vacíos y contradicciones que, por razones constitucionales, es necesario superar en el curso de este ejercicio.


Como se sabe, los sujetos residentes en el extranjero solo están obligados a tributar por sus rentas de fuente peruana. En el caso de enajenación de acciones ello se configura únicamente si se trata de títulos emitidos por sociedades constituidas en el país.


Ahora bien, según la nueva norma, las personas naturales domiciliadas en el exterior que obtienen ganancias al enajenar acciones deben tributar 30% si son realizadas "fuera del país". En cambio, debe interpretarse que si las ganancias se obtienen "dentro del país", el impuesto se aplica con la tasa del 5%.


También se advierte, el lugar (dentro, fuera del país) es esencial para determinar el impuesto que resulta aplicable. Sin embargo, aunque parezca increíble la norma no contiene la menor referencia a lo que debe entenderse por tales expresiones. ¿Es suficiente tomar en cuenta el lugar de celebración de los contratos? Si así fuera bastaría que los documentos se suscribieran en el país para que opere la tasa reducida ¿O sin decirlo, la norma se refiere solo a las operaciones en la Bolsa de Lima (dentro del país) o en una del extranjero (fuera) pero respecto de acciones emitidas por empresas peruanas? Imposible saberlo y, por ello, la precisión en la ley resulta inevitable para impedir omisiones y reclamos.


De otro lado, en lo que puede considerarse un tratamiento discriminatorio, las personas jurídicas domiciliadas que enajenan valores, deben pagar el impuesto con la tasa del 30% sobre la renta neta que obtienen en el país. En cambio a las personas jurídicas no domiciliadas se les aplica un tributo de solo 5%.


Ello significa que frente a dos operaciones de igual naturaleza que generan exactamente el mismo beneficio las empresas constituidas en el extranjero resultan gravadas con un tributo mucho más reducido que las domiciliadas en el Perú, lo que parece no tener explicación. El hecho de que las domiciliadas puedan deducir las pérdidas que, eventualmente, sufran no elimina la discriminación.


En la enajenación de acciones la ganancia gravable está dada por la diferencia entre el valor de venta y el costo computable de los títulos que, según el procedimiento actual, debe ser validado por Sunat en un plazo de 30 días.


Como quiera que a partir del próximo año la ganancia en bolsa estará gravada, es evidente que el referido procedimiento resulta inaplicable ya que, por su propia naturaleza, las operaciones en ese mercado deben cerrarse con gran rapidez.


Según la nueva disposición, tratándose de acciones adquiridas antes del año 2009, el MEF publicará una tabla referencial que, se supone, debe ser considerada para determinar la base gravable y el impuesto, cuando los títulos se negocian a través de la bolsa. En esos casos es la propia entidad liquidadora (Cavali) la que debe actuar como agente de retención (ya no el comprador). ¿Sin embargo, qué ocurrirá si para el vendedor el costo real de las acciones ha sido superior al previsto en dicha tabla? ¿Lo obligarán a tributar sobre una renta inexistente? Si así fuera, podríamos estar frente a un tributo confiscatorio, por lo tanto, inconstitucional.


Ahora bien, en el caso inverso, es decir si los valores señalados en la tabla superan el costo en que incurrió el vendedor, ¿se determinará una renta inferior a la real y se exigirá un impuesto menor al que verdaderamente corresponde? En esa hipótesis se produciría una violación del principio de igualdad.


Los extremos señalados son una muestra de los aspectos que deben corregirse, por lo que es necesario expedir normas complementarias que permitan aplicar el nuevo ordenamiento sin mayores dificultades.

POR QUÉ LOS NEO LIBERALES CREEN EN LOS PARAÍSOS FISCALES

Por qué los neo- liberales creen en los paraísos fiscales? aquí un conspicuo y fundamentalista liberal como Dan Mitchell nos da sus motivos (al punto de considerarlos una bendición), aunque no los compartimos, es bueno tenerlos en cuenta para combatirlos como lo hace ahora la canciller alemana Angela Merkel, abanderada de la lucha contra esa inmoral práctica internacional de los Paraísos Fiscales.

Aunque debemos resaltar que argumentos como el siguiente, sostenido por Mitchell no resisten el menos análisis ¿? cinísmo puro, demagogia perversa? habría que recordarle a este truhan que funge de académico a dónde van las ilícitas ganancias del narcotráfico, del tráfico de armas, de las mega corrupciones de funcionarios públicos, que tan presentes son en países como el nuestro... la verdad que arguir derechos de minorías etnicas, sexuales o religiosas para mantener los paraísos fiscales es en verdad una tomadura de pelo por decir lo menos. Pero este es el nivel de los liberales como mitchell en su afán por defender la nociva práctica de los paraísos fiscales y el poder soterrado de la corrupción y de las grandes corporaciones que subyace en su perduración, miren lo que aduce este gracioso: "Finalmente, hay una justificación moral para los paraísos fiscales: Ellos juegan un rol crítico al proteger a las personas sujetas a persecuciones religiosas, étnicas, sexuales políticas o raciales. La mayoría de la población mundial vive en regimenes con inadecuadas protecciones a los derechos humanos. Y las personas con bienes, son usualmente el blanco de estos gobiernos opresores. La habilidad de depositar dinero en estos paraísos fiscales ofrece importantes protecciones para estas potenciales víctimas.


"
Los paraísos fiscales son una bendición
Por Dan Mitchell académico titular del Cato Institute.

Si alguna vez Ian Fleming hubiera querido escribir una novela de espionaje acerca de la política fiscal, es muy probable que hubiera encontrado muy buen material en la compra de datos confidenciales de los clientes del banco de Liechtenstein, que recientemente hizo el servicio de inteligencia externa de Alemania. Con una lista de supuestos evasores de impuestos, Alemania se está uniendo a otros países de Europa en demandar que Liechtenstein, al igual que otros sitios llamados “paraísos fiscales”, pierdan su legislación privada para que los recaudadores extranjeros de impuestos puedan rastrear—e imponer impuestos—a los fondos invertidos en jurisdicciones a favor de bajos impuestos. La Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), detectando un momento oportuno, han unido sus voces en un coro que está clamando por la destrucción de los paraísos fiscales.

Cuando pensamos en paraísos fiscales, tendemos a imaginarnos a millonarios diletantes en sus lujosos yates cubiertos en joyas, jctándose acerca del último truco que sus contadores acaban de descubrir para evadir impuestos. Esta popular imagen—y el hecho de que solo unos cuantos de nosotros poseen cuentas millonarias en Mónaco o en Andorra—hace mas fácil para muchos aplaudir a la canciller alemana Ángela Mérkel en su cruzada. Según la lógica general, uno se pregunta: ¿Porque los millonarios pueden salirse con la suya mientras el resto de nosotros estamos pagando lo que debemos? Sin embargo, esta sabiduría convencional no podría estar más equivocada. Todos somos beneficiarios de los paraísos fiscales, en formas que ni nos percatamos.

Antes que nada, si uno vive en un país desarrollado, los impuestos son probablemente mucho menores de lo que eran hace 30 años, gracias en parte a los paraísos fiscales. En 1980 el ingreso fiscal personal en los países miembros de la OCDE promediaba más del 67% y las tasas corporativas en ese año promediaban casi un 50%. Y por si esto fuera poco, los países rutinariamente impusieron nuevas capas fiscales al capital, incluyendo impuestos sobre dividendos, sobre ingresos capitales, sobre herencia e impuestos a la riqueza. Estas políticas desalentaron al ahorro y la inversión, estancando el desarrollo económico y dañando considerablemente la economía.

Sin embargo, empezando por Reagan y Thatcher, los gobiernos se han esforzado por disminuir las tasas fiscales y reformar sus regimenes. Las tasas fiscales personales ahora promedian solamente cerca de un 40% y las tasas fiscales corporativas se han reducido a un 27%. Es en gran medida la globalización—no la ideología—lo que ha conducido esta virtuosa “carrera hacia abajo”. Los gobiernos están disminuyendo impuestos porque temen que los empleos y las inversiones se vayan de su país. Al proveer un refugio seguro para las personas que buscan evadir tasas fiscales confiscatorias, los paraísos fiscales han jugado un rol imprescindible. Los legisladores han concluido que es mejor recibir algún ingreso con tasas fiscales modestas, que imponer altos impuestos y perder dinero.

Segundo, los ducados europeos y las islas del Caribe no son los únicos lugares que reciben a los refugiados de altas tasas impositivas. EE.UU., por ejemplo, podría ser considerado el paraíso fiscal más importante del mundo. El gobierno estadounidense generalmente no cobra impuestos sobre ganancias de interés y capital recibidos por extranjeros que invierten en el país. Y considerando que el sistema tributario no posee datos sobre estos pagos, hay muy poca información para compartir con recaudadores fiscales extranjeros. Además las estructuras corporativas de EE.UU., como las compañías de Delaware y Nevada, son excelentes mecanismos para que los extranjeros puedan administrar sus inversiones. Gracias en parte a estas políticas atractivas, los extranjeros hoy en día han invertido más de $12 trillones en EE.UU. Aún si los esfuerzos de Mérkel son exitosos y a todas las naciones se les impone la obligación de reforzar las legislaciones fiscales para extranjeros, es muy probable que una suma sustancial de ese capital que crea empleos, escapará de EE.UU.

Finalmente, hay una justificación moral para los paraísos fiscales: Ellos juegan un rol crítico al proteger a las personas sujetas a persecuciones religiosas, étnicas, sexuales políticas o raciales. La mayoría de la población mundial vive en regimenes con inadecuadas protecciones a los derechos humanos. Y las personas con bienes, son usualmente el blanco de estos gobiernos opresores. La habilidad de depositar dinero en estos paraísos fiscales ofrece importantes protecciones para estas potenciales víctimas. Incluso las Naciones Unidas, en un reporte de 1998 que atacaba a los paraísos fiscales, tuvo que admitir que “A lo largo del siglo XX, los gobiernos alrededor del mundo espiaron a sus ciudadanos para mantener el control político. La libertad política puede depender de la habilidad de esconder información puramente personal, de los ojos del gobierno”.

A pesar de este poderoso argumento para dejar a los paraísos fiscales en paz, los burócratas internacionales han visto una oportunidad para expandir su cobertura. La OCDE está tratando de beneficiarse con la controversia del caso Liechtenstein rejuveneciendo su campaña de la “perjudicial competencia fiscal” contra “los incooperantes paraísos fiscales” que irónicamente son los mismos países que ayudaron a mejorar las políticas fiscales. Este esfuerzo, que ha estado en reposo desde que la administración del presidente George W. Bush le retiró apoyo en 2001, ha puesto a los paraísos fiscales en una lista negra y los ha amenazado con impuestos discriminatorios y restricciones comerciales si no aceptan adoptar un sistema de recaudación similar al de las naciones con altos impuestos.

Mientras tanto, la Comisión Europea establece que el embrollo muestra la necesidad de expandir la directiva de ahorros e impuestos de la UE, la cual consiste en un acuerdo de compartir información para ayudar a cobrarle impuestos a los ciudadanos de países como Francia y Alemania que ganan intereses fiscales en lugares como Luxemburgo. Por ahora, solamente se aplica a tipos de ingreso de capital en países europeos y sus territorios. Pero los ambiciosos recaudadores fiscales de Europa quieren intervenir en todas las formas de ingreso de capital, y quieren que los gobiernos no europeos como el de Singapur, Estados Unidos y Hong Kong, participen en lo que equivale a un cartel fiscal.

Afortunadamente, las propuestas de OCDE y de la UE enfrentan un gran reto. La OCDE fue capaz conseguir que los paraísos fiscales ubicados en la lista negra firmaran las llamadas cartas de compromiso. En esta prometen debilitar sus leyes fiscales y de privacidad, con la condición de reciprocidad, lo que significa que los paraísos fiscales acceden a esto solamente si el resto de países también lo hacen, incluyendo a los miembros de la OCDE como EE.UU., Suiza, Luxemburgo, y también países no miembros como Hong Kong y Singapur. La directiva de ahorros e impuestos de la UE enfrenta obstáculos similares, en gran parte por las mimas razones.

Estas son buenas noticias. La competencia fiscal está llevando a las políticas fiscales en la dirección correcta y los paraísos fiscales juegan un papel clave en este proceso de liberalización. Los países con sistemas de altos impuestos se quejan de que las jurisdicciones como la de Liechtenstein permitan la evasión fiscal, pero este argumento no toma en cuenta el punto obvio: las bajas tasas fiscales y las reformas tributarias son la mejor forma de reducir la evasión. La verdad es que aquellos luchando en contra de los paraísos fiscales nos costarían mucho mas a todos nosotros, de lo que nos podría costar alguna vez pequeño Liechtenstein.

Este artículo fue publicado originalmente el Foreign Policy (EE.UU.) el 18 de marzo de 2008.