WIKILEAKS, VARGAS LLOSA Y LA EVASIÓN FISCAL

Hace algunas semanas escribí en el FACE que WikiLeaks iba a centrar su mira en el contexto corporativo, específicamente en su lado más oscuro; el financiero. Razón no me faltaba, hoy el mundo se remece ante la filtración voluntaria, por parte de un exbanquero suizo, de información sobre grandes …inmensos evasores fiscales que con la ayuda de la corporación financiera Julius Baer situaban sus ilícitos ingresos en el Paraíso Fiscal de Islas Gran Caimán.

Pensar que hace poco nuestro Nobel Mario Vargas Llosa ha dictado sendas conferencias en Punta del Este para esta criminal corporación financiera. Bueno todos tienen el derecho de ganarse los frejoles, y la tarifa de un Nobel debe ser grande, pero de allí a pontificar luego sobre transparencia y moral pública resulta no menos que inconsecuente. Evidentemente que lo que menos le importa a Julius Baer Corp. es la cultura sino más bien su blanqueo social.

Exbanquero entrega datos a Wikileaks
El suizo Rudolf Elmer dio a Assange información de 2,000 clientes sospechosos de evasión fiscal, ente ellos 40 políticos de todo el mundo.
Hay cuentas de 40 políticos y potentados de EE.UU., Suiza, Alemania y Gran Bretaña. (Reuters)
Un exbanquero suizo entregó datos de miles de titulares de cuentas bancarias fuera de sus países, sospechosos de evasión fiscal, al fundador de la web de Wikileaks, Julian Assange, en una rueda de prensa hoy.
Entre los titulares de las cuentas figuran unos 40 políticos y potentados de Estados Unidos, Suiza, Alemania y Gran Bretaña. Los datos proceden “de por lo menos tres instituciones financieras y abarcan un período que va de 1990 a 2009”, precisó en esa entrevista.
Rudolf Elmer dirigió en el pasado la oficina de Julius Baer en las islas Caimán hasta que fue despedido en el 2002. Ahora comparecerá ante un tribunal el miércoles por quebrantar el secreto bancario.
Elmer entregó a Assange los datos en una rueda de prensa en Londres. Los dos discos amarillos y azules contienen información de 2,000 clientes que han depositado dinero en el extranjero.
“El (Elmer) es claramente un informante de buena fe (...) Tenemos de algún modo el deber de apoyarle en este asunto”, declaró Assange, que está en libertad bajo fianza en Reino Unido y trata de evitar ser extraditado a Suecia, que quiere interrogarle por supuestos delitos sexuales.
Assange irritó a las autoridades de Estados Unidos después de que Wikileaks publicara cientos de cables diplomáticos secretos a los que había tenido acceso. Este añadió que pasarán varias semanas antes de que la información sea revisada y publicada en el sitio WikiLeaks.
Elmer, que trabajó en las islas Caimán durante ocho años, dijo: “Sé cómo funciona el sistema… Es dañino… (Quiero) educar a nuestra sociedad”.

Algunos acercamientos al control de la elusión fiscal en la Jurisprudencia Norteamericana

Siempre anduve interesado por encontrar el sustento ideológico a la elusión fiscal, pues el neoliberalismo imperante desde la "revolución" conservadora de Margaret Teatcher y Ronald Reagan a principios de los años 80 lo tomaron como bandera de la "reacción" corporativa anti fiscal. El origen de todo está en una antigua jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana: el "leading case" Gregory Vs. Helvering cuyo interesante desarrollo lo pueden encontrar en este estudio:

http://www.scjn.gob.mx/2010/transparencia/Documents/Becarios/Becarios_091.pdf

Arancel 0 a la Importación del Cemento

No hace mucho el TC causó gran polémica al enmendarle la plana al ejecutivo y restituir el arancel (12%) a la importación de cemento. Evidentemente se arrogó potestades que no tenía. Fiel a su política liberal, el Ejecutivo, vuelve a 0% el arancel, lo que por cierto es absolutamente constitucional, considerando que nuestra carta política le atribuye potestad tributaria originaria al Ejecutivo para modificar este tipo de impuesto a las importaciones. La noticia es de Perú21:

Le da la razón. El miembro del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Calle aseguró que es facultad del Ejecutivo establecer las tasas de los aranceles, en referencia a un decreto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que restituyó el valor de este impuesto de 12% a 0% para la importación de cemento.
En marzo de 2010, el organismo constitucional derogó la rebaja arancelaria que el Gobierno hizo para este producto y volvió a fijar en 12% la tasa respectiva, hecho que generó críticas de varios sectores contra el TC.
Aunque la entonces ministra de Economía, Mercedes Aráoz, dijo que se pediría una aclaración de dicha resolución, el sábado se publicó el decreto retornando a 0% el valor de importación.
“No necesariamente el Ejecutivo estaría incumpliendo una sentencia del tribunal. Es una decisión potestativa que tiene ese poder del Estado en cuanto a los aranceles”, sostuvo Calle, tras recordar que él tuvo una posición distinta al contenido de la resolución que publicó el órgano de control constitucional.
Sin embargo, el magistrado comentó que sí existen sectores que no están a favor de los fallos que instituciones, como el TC o el Poder Judicial, emiten, tienen todo su derecho de acusar constitucionalmente o emprender acciones legales contra los responsables.
“Se deben fortalecer las instituciones y no generalizar porque a alguien no le agrada un fallo. El tribunal decide para garantizar la vida legal del país y no para agradar a alguien”, dijo.
CHOQUE DE PODERES. En su oportunidad, el presidente Alan García declaró su extrañeza por la decisión del tribunal, e insinuó un problema de corrupción, al afirmar que en el tema del cemento “hay mucho dinero de por medio”, lo que cayó mal entre los magistrados de esta institución. El entonces presidente del TC, Juan Vergara, rechazó que la resolución haya tenido intereses económicos, y manifestó que la reducción arancelaria debe realizarse “de manera gradual”.
La abogada Cecilia Blume advirtió que la sentencia del TC abría el camino para que cualquier empresa terminara cuestionando las rebajas arancelarias y pidiendo su inconstitucionalidad. “Los consumidores terminarían pagando más por los productos”, aseveró.

EVENTO ACADÉMICO

Empezamos el año participando de este evento organizado por el Colegio de Contadores de Lima, Ver enlace:

http://www.ccpl.org.pe/app/news_publicidad.php?ID=280

SUSPENDEN VENTA DE ACCIONES ESTATALES EN CAYALTÍ

Mientras muchos nos encontrábamos prestos a celebrar la venida del nuevo año, una noticia remeció el mercado de acciones. Poder Judicial resuelve suspender la venta de valores de propiedad estatal en la azucarera Cayaltí. Un evidente conflicto de intereses es la causa, ver como informa el Diario de Tafur:

Por efecto del escándalo ocasionado por la contratación de un asesor del Grupo Gloria en la consultora Deloitte & Touche, encargada de valorizar las acciones del Estado en las empresas azucareras, un mandato judicial ordenó suspender el proceso de venta de las acciones del Estado en Cayaltí que iba a realizarse -según ProInversión- mañana jueves 30 de diciembre.

Esta resolución judicial, emitida por el Primer Juzgado de Chiclayo, determinó la suspensión del proceso de venta de los títulos del Estado en Cayaltí en virtud a la solicitud efectuada por la Asociación de Trabajadores de Cayaltí para la compra de las acciones del Estado.

La resolución judicial precisa: “Deloitte & Touche S.R.L. (valorizadora) no pudo participar o ser contratada para valorar las acciones del Estado en Cayaltí porque estaba impedida, según el artículo 6 inciso e) del Acuerdo PROINVERSION N° 267-01-2009, al tener como asesor principal al Sr. Juan Calisaya Medina, quien es empleado (en planillas) de la empresa Casagrande S.A.A., del Grupo Gloria, quien tiene un interés probado en comprar las acciones de esta azucarera”.

Además, el mandato judicial señala: “Deloitte & Touche S.R.L. al tener un vínculo con una compradora (Casagrande SAA), a través de su asesor Sr. Calisaya Medina, buscaría favorecer a un determinado grupo económico al valorizar las acciones, no respetando la transparencia y moralidad en el debido procedimiento estatal; más aún, si ProInversión sabía del vínculo laboral del asesor Calisaya con el Grupo Gloria”.

Justamente, antes de conocerse esta decisión judicial, los trabajadores de Cayaltí realizaron ayer una manifestación exigiendo la interrupción de la venta de acciones.

Los trabajadores señalaron su cuestionamiento al proceso de venta de ProInversión, señalando que se encontraban en desventaja frente a otros compradores, específicamente respecto al grupo Gloria.

Los trabajadores, además, exigieron que la venta sea directa y que el pago sea con cargo a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y acreencias laborales.

Por su parte, consultado sobre la suspensión decretada por orden judicial, el Presidente de la Asociación, Javier Vásquez Hernández, manifestó que se hizo justicia.

El dirigente sostuvo que ProInversión haciendo abuso de su poder infiltró a un ‘topo’, el alto funcionario de Gloria Juan Calisaya, para obtener información privilegiada y perjudicar a los trabajadores azucareros, por lo que exigió la inmediata destitución de estos malos funcionarios.

“Solicitamos a la Comisión Permanente del Congreso requiera la presencia del Ministro de Economía para que, en su condición de Presidente del Consejo Directivo de ProInversión, explique lo ocurrido y sancione a los responsables”, sentenció Vasquez Hernández.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), al amparo de la actual norma de protección de las azucareras con participación del Estado –cuyo vencimiento es el 31 de este mes- convocó al proceso de venta mediante subasta de las acciones estatales en esas empresas, empezando por Cayaltí, en donde tiene el 23.5% del accionariado.

La empresa Cayaltí, con fideicomiso de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), alcanzó recientemente a ProInversión la lista de 1,097 trabajadores aptos para ejercer la opción de compra, por lo que todo estaba listo para la subasta. Hasta la decisión judicial, que ayer, una vez conocida en la población norteña, fue recibida con alegría.

POR AMOR AL CINE

Hacer entender a Raffo y a la bella congresista León que el cine es cultura; es como pedirle al olmo las peras que no puede dar. Es tan utópica la empresa, que lo único que queda es la abierta confrontación al proyecto que se pretende aprobar en la Comisión Permanente del Congreso. Son tan miopes, que el único “beneficio” es como siempre la neutralización de la exacción fiscal; esta vez el impuesto municipal. Claro, en su regla del albedrío mercantil, lo que importa es llenar el país de multicines, con filmes de ínfima calidad que sólo llenarían a duras penas el (dis)gusto estético de Raffo. Adiós al Fondo del Conacine, nada de alentar el corajudo cine regionalista, lo importante es el porcorn y la cocacolita helada viendo a Rambo como se embute a sus enemigos.
Pero el cine es más que las nefastas intenciones de Raffo y Lucianita; el cine es el consumidor, claro, pero también los realizadores, los estudiantes, incluso los críticos, a cuya pléyade me uní hace algún tiempo con mi columna “A Ojo de Buen Cubero”, que mi buen amigo Mario Vallejo editaba en los diarios “Liberación” y “Expreso”: Pueden ver en este enlace algunas muestras:

http://blogmundano.blogspot.com/

Ver también este interesante punto de vista de Chacho León Frías

http://paginasdeldiariodesatan.blogspot.com/2010/12/ley-de-cine-un-argumento-en-jaque.html

COMISIÓN PERMANENTE APRUEBA MODIFICACIONES A LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

(Andina). La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó hoy con 11 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones el dictamen del proyecto de ley que modifica la Ley del Impuesto a la Renta para permitir la integración de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) con sus similares de Chile y de Colombia.
La iniciativa realiza 12 modificaciones al Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta respecto de las rentas de fuente extranjera y su determinación, y de las tasas de las personas naturales y jurídicas no domiciliadas, entre otras.
APOYO DEL MEFEl presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, Rafael Yamashiro, indicó que el nuevo texto del dictamen, cuyo proyecto inicial fue enviado por el Poder Ejecutivo, fue coordinado y respaldado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Esta integración de las bolsas va a permitir un mayor dinamismo del mercado de valores, lo que constituye un doble beneficio: una mayor fuente de financiamiento para los proyectos de alto riesgo en Perú y que la cartera de inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se revaloricen”, acotó.
Recordó que el proceso de integración del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) había quedado suspendido hasta que el dictamen sea aprobado por la Comisión Permanente.
El MILA significa la integración de los mercados de renta variable de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la BVL, la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) y los depósitos de valores de Chile, Colombia y Perú.
DETALLE DE LOS BENEFICIOSYamashiro señaló que la norma dará simetría a la imposición de rentas de la misma naturaleza entre las tres bolsas con un mismo trato tributario. De esta manera, en el caso de la enajenación de bienes, la retención a cuenta del impuesto por rentas de fuente peruana y de fuente extranjera, en el momento que se efectúe la liquidación en efectivo, se aplicará la tasa de 5% sobre la diferencia entre el ingreso producto de la enajenación y el costo computable registrado en alguna institución de compensación y liquidación de valores.
“Además, la propuesta busca uniformizar la imposición a sujetos no domiciliados, aplicando una tasa de retención de 4,99% por los intereses derivados de todas las modalidades de captación de fondos”, precisó.
Rafael Yamashiro agregó que se establece que solo están exoneradas del impuesto las primeras cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de las ganancias de capital provenientes de la enajenación de valores mobiliarios efectuada por una persona natural y que constituya renta de fuente peruana de Segunda Categoría.
Asimismo, manifestó que se incluye una exoneración a los intereses por operaciones de endeudamiento externo del Sector Público peruano.
Finalmente, mencionó que la iniciativa recoge las opiniones de entidades como el depósito de valores Cavali, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la BVL, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación de Bancos (Asbanc) y el MEF, entre otros.