viernes, 8 de agosto de 2014

LA INVIABILIDAD ECONÓMICA DE LA DEPRECIACIÓN ACELERADA





Iván Alonso

  • Iván Alonso
  • Economista

Con la idea de impulsar la inversión, el Gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley que otorga el beneficio de la depreciación acelerada a los inmuebles cuya construcción se inicie a partir de este año y que al final del 2016 tengan un avance igual o mayor al 80%. La depreciación no reduce la carga total de impuestos que soporta una edificación; solamente la difiere en el tiempo. Según la exposición de motivos que acompaña al proyecto, el costo fiscal será, en lo inmediato, de 700 millones de soles; pero este se recuperará en años futuros. Lo que no dice es que, al margen del costo fiscal, hay un costo económico que es irrecuperable.
La depreciación es un método para distribuir el costo de una inversión a lo largo de su vida útil. Una empresa que construye una fábrica se engañaría a sí misma si restara de sus ingresos de este año todo lo que ha invertido. Resultaría con una pérdida enorme que no refleja la realidad. El local que alberga la fábrica (si no la fábrica misma) va a prestar sus servicios por los próximos veinte o treinta años. Lo más sensato es prorratear la inversión, reconociendo como un costo solamente la veinteava o treintava parte por año. De esa manera, la empresa se hace una mejor idea de lo que está ganando o perdiendo año tras año.
La depreciación acelerada tiene el efecto de echar la sensatez por la borda. El reconocimiento contable de la inversión se comprime en un período evidentísimamente más corto que la vida útil del inmueble. El objetivo es reducir las utilidades gravables de hoy, a costa –es cierto– de incrementar las de mañana. El impuesto a la renta se traslada del presente hacia el futuro. Eso hace temporalmente más atractiva la inversión en inmuebles.
Allí justamente es donde está el problema. La depreciación acelerada distorsiona las decisiones de inversión y le impone un costo a la economía.
Supongamos que usted tiene 100 soles y puede invertirlos en una de dos maneras. La primera es organizar un concierto que le deja, después de pagarle al artista, 120 soles de ingresos. La escenografía es irrecuperable, así que toda su inversión es un costo atribuible a ese concierto y nada más. Ha ganado 20 soles, que se convierten en 14 después de impuestos. Una rentabilidad de 14%, que puede replicarse los próximos 30 años.
Otra posibilidad es construir un local industrial. Digamos que puede alquilarlo no por 20, sino por 18. Claramente, se trata de una inversión inferior. Haga sus cuentas y verá que después de depreciación e impuestos le queda una rentabilidad de tan solo 13%.
Pero aquí viene la depreciación acelerada para inducirlo precisamente a hacer la inversión inferior, la que menos aporta al conjunto de la economía. El local sigue generando servicios por un valor de 18, o sea, el alquiler que alguien está dispuesto a pagarle. Gracias a la depreciación acelerada, sin embargo, usted no pagará impuesto a la renta en los próximos cinco años. Su rentabilidad es ahora de 15%. Y no porque haya hecho una mejor inversión, sino porque el fisco ha postergado sus aspiraciones. Usted es cuatro soles más rico, pero el país es dos soles más pobre.
La depreciación acelerada no significa que vaya a haber más inversión. Significa solamente que la inversión se va a distribuir de otra manera. Siendo esa otra manera una que contribuye menos al bienestar nacional.

miércoles, 6 de agosto de 2014

RICHARD WEBB OPINA SOBRE EL FRACASO HISTÓRICO DE LAS AFP






Richard Webb

  • Richard Webb
  • Director del Instituto del Perú de la USMP
El sistema AFP ha fracasado en su objetivo principal, asegurar la vejez del trabajador, a pesar de dos décadas de existencia y del apoyo del Estado a través de elevadas comisiones. Al final, apenas uno de cada siete trabajadores cotiza cada año. Entre los afiliados que aportan irregularmente, y la mayoría que nunca aporta, es evidente que la protección lograda es una pequeña fracción del objetivo buscado, y que la mayor parte de la población se encuentra desprotegida. Cualquiera diría que es hora para un reexamen. 
Varios errores confluyeron en la creación de las AFP. El primero fue la creencia de que el peruano no ahorra, idea nunca sustentada pero tenaz, quizá por la predisposición a menospreciarnos. La realidad es todo lo contrario. La familia peruana no solo ahorra, sino que está entre las que más ahorran en el mundo. Según la encuesta anual de niveles de vida, en el 2013 el ahorro de las familias fue 24% de sus ingresos, antes de su aporte a los fondos de pensiones, o de su considerable gasto en educación. La contundencia de esa estadística se suma a que todos somos testigos del masivo esfuerzo de ahorro e inversión de millones de familias que construyen y mejoran sus viviendas y negocios en las ciudades, capitalizándolas con mercadería, máquinas y vehículos de trabajo, proceso que se viene repitiendo en las áreas rurales.
El segundo error fue tratar a la gente como si fueran muebles, sujetos pasivos e inmóviles, sin tener en cuenta que los obligados a cotizar podrían reducir otras formas de ahorro, mientras que los no afiliados podrían aumentar otras formas de ahorro, y eso, precisamente, es lo que ha sucedido. Al final, afiliados y no afiliados ahorran casi el mismo porcentaje de sus ingresos, según el estrato de ingresos en que se ubican. Entre las familias con ingresos entre quinientos y mil soles mensuales por persona en el 2013, los afiliados ahorraron 19% y los no afiliados 17%. Entre los que superaban los mil soles, los no afiliados ahorraron incluso más que los afiliados. Más que aumentar el ahorro, las AFP lo estarían reorientando hacia el sistema financiero, al Estado y a la gran empresa. 
El tercer error fue subestimar el fuerte incentivo a la informalidad creado por el aporte retenido en planilla. Si bien estas sufren varias retenciones con objetivos sociales, la que más incentiva la informalidad es la pensión obligada, por su alto monto, y porque es la que menos valor tiene en la percepción del trabajador. Comparando, las retenciones por gratificación y vacaciones son una modificación en el calendario de la remuneración más que un verdadero sobrecosto. Incluso la CTS, ahora flexibilizada, es percibida casi como remuneración. 
Un cuarto error fue escoger un modelo de seguridad social diseñado para Suiza o Chile, países con alta formalidad, trabajadores mayormente en planilla y un Estado competente. En el Perú, ni el Estado mismo cumple sus deudas a las AFP. 
En vez de incluir, las AFP agravan la división entre lo formal y lo informal. En vez de un sistema inclusivo y de bajo costo, imponemos uno tan costoso que excluye a la mayoría, luego socorremos parcialmente al pobre extremo con una costosa Pensión 65, y al final dejamos a la mitad de la población desprotegida.

viernes, 1 de agosto de 2014

La desnudez del contexto corporeo (femenino) como gesto de protesta no es novedoso. En épocas premodernas en Inglaterra, Lady Godiva se alzó desnuda sobre un caballo blanco para protestar contra los tributos arbitrarios, impuestos por su marido el Conde de Coventry.





Si el cuerpo humano es una máquina (la más perfecta de todas), resulta que también es finita, temporal e histórica. Si es así, entonces también porque no nos deprecian tributariamente como cualquier activo fijo en su renta - producto. Ja. Es una broma marxistoide.

lunes, 17 de febrero de 2014

La OCDE presenta un plan para que las multinacionales paguen impuestos



Los Ministerios de Hacienda del G20 han pedido a la OCDE que desarrolle un plan de acción para tratar los problemas de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de un modo coordinado y completo. Específicamente, este Plan de acción debería proporcionar a los países instrumentos nacionales e internacionales que alineen mejor la potestad impositiva con las actividades económicas.
Se estima que la Unión Europea pierde un billón de euros de ingresos públicos al año debido al fraude y la elusión fiscales. La brecha tributaria ha alcanzado una magnitud alarmante y representa un coste anual de aproximadamente 2.000 euros por ciudadano europeo. El promedio de ingresos tributarios que pierde Europa hoy en día supera el importe total que los Estados miembros gastan en sanidad y equivale a más de cuatro veces el importe destinado a la educación en la UE.
Coordinación transfronteriza
El fraude y la elusión fiscales representan un problema grave y pluridimensional, que exige un planteamiento coordinado a nivel nacional, de la UE e internacional. Dado que los Estados miembros conservan sus competencias en materia fiscal, es importante que estos tomen medidas a nivel nacional.
No obstante, teniendo en cuenta la globalización actual de la economía y la naturaleza transfronteriza del fraude y la elusión fiscales, así como el afán de los Estados miembros por mantener su competitividad, las medidas unilaterales a nivel nacional no bastan, por sí solas, para lograr el efecto deseado. Por tanto, todos los esfuerzos deben ir dirigidos a establecer una estrategia fiscal común europea, concreta y cohesionada, que todos los Estados miembros adopten y pongan en práctica.
Las empresas multinacionales actualmente representan una gran proporción del producto interior bruto (PIB) mundial. Del mismo modo, el comercio entre empresas representa una proporción creciente del comercio en general. La globalización ha dado como resultado un cambio de paradigma empresarial, partiendo de modelos operativos específicos para cada país para dar lugar a modelos globales basados en organizaciones de gestión matricial y cadenas de suministro integradas que centralizan varias funciones a nivel regional o global.
Los Gobiernos y las instituciones comunitarias no dejan de investigar y de denunciar la ingeniería fiscal de multinacionales tecnológicas que ubican su sede y pagan el grueso de sus impuestos en Irlanda, donde se aplica uno de los impuestos de Sociedades más bajos de Europa. En el resto de países, en cambio, sus filiales funcionan a modo de comisionistas y tributan por una parte muy pequeña de sus impuestos, en comparación con los ingresos generados en ese país.
Por todo ello, la OCDE ha elaborado un Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, dividido en dos fases, cuyo primer plazo concluirá en septiembre de este año y el segundo en septiembre del que viene. Se persigue con él, entre otras cosas, que las multinacionales suministren a todos los Gobiernos pertinentes la información necesaria sobre la asignación mundial de sus ingresos, sobre la actividad económica y sobre los impuestos pagados entre los diversos países para evitar que continúen aprovechando la planificación fiscal para no tributar o hacerlo mínimamente en ninguno de ellos. Las normas internacionales han pretendido resolver estas fricciones desde el respeto a la soberanía impositiva, pero existen lagunas.
Con el tiempo, la normativa actual también ha revelado debilidades que crean oportunidades para la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Por ello, lo que crea preocupación a la política impositiva es que, debido a lagunas en la interacción de distintos sistemas impositivos, en algunos casos derivadas de tratados de doble imposición, los beneficios de las actividades transfronterizas puedan quedar sin gravar o quedar, sin razón, insuficientemente gravado.
Problemas de recaudación
Muchos gobiernos tienen que hacer frente a menores ingresos y a mayores costes de cumplimiento. Además, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (Beps, por sus siglas en inglés) socavan la integridad del sistema tributario, ya que la opinión pública considera que los bajos impuestos declarados por las grandes empresas son injustos.
Cuando las normas dejan que las empresas reduzcan su carga fiscal trasladando sus ingresos fuera de las jurisdicciones en las que se realizan las actividades que generan esos ingresos, otros contribuyentes de esa jurisdicción tienen que soportar una carga mayor. Y, además, las empresas se ven perjudicadas por el desequilibrio que se produce en la competencia y las multinacionales en su reputación.
La expansión de la economía digital también supone desafíos para la fiscalidad internacional. La economía digital se caracteriza por basarse, como ninguna otra, en activos intangibles, por el uso masivo de datos -especialmente los personales-, por la adopción general de modelos comerciales poliédricos que aprovechan el valor de las externalidades generadas por los servicios gratuitos, y por la dificultad para determinar la jurisdicción bajo la que tiene lugar la creación de valor. Estos fenómenos han creado oportunidades para que las multinacionales minimicen enormemente su carga tributaria, por lo que muchos gobiernos tienen que hacer frente a menores ingresos y a mayores costes de cumplimiento.
Estas debilidades ponen en peligro el marco actual basado en el consenso, haciendo necesaria una importante movilización de los tomadores de decisiones para evitar que los problemas empeoren.
Cambio de directrices
Para lograr este objetivo, previsto a partir de septiembre de 2014, la OCDE tiene planeado modificar sus directrices sobre precios de transferencia y las recomendaciones para el diseño de normas nacionales, según se ha puesto de relieve en la I Spanish International Tax Summit, organizada por la Asociación Española de Derecho Financiero (AEDF)-IFA Spanish, celebrada esta pasada semana en Madrid.
Se necesitan cambios fundamentales para evitar eficazmente la doble exención, así como los supuestos de exención o baja imposición asociados a prácticas que separen artificiosamente los ingresos imponibles de las actividades que los generaron. Se deben diseñar nuevos estándares internacionales para asegurar la coherencia del impuesto sobre sociedades a nivel internacional.
La OCDE se propone también desarrollar un instrumento multilateral que implemente las nuevas directrices y recomendaciones para evitar Beps y el cambio de los convenios bilaterales, que deberá estar concluido en septiembre de 2015.
Los trabajos para elaborar el Plan de acción de Beps se han iniciado mediante la elaboración de un informe básico que se propone identificar las cuestiones que plantea la economía digital y las acciones posibles para hacerles frente. También, se prevé ejecutar el desarrollo de disposiciones para el diseño de normas nacionales para evitar efectos como la doble exención, la doble deducción o el diferimiento a largo plazo, producidos por los mecanismos y entidades híbridas.
Entre las acciones que probablemente se cumplimentarán en 12 a 18 meses, se hallan las relativas a desajustes por mecanismos híbridos, abuso de convenio, ciertos aspectos de precios de transferencia de bienes intangibles, requisitos de documentación sobre precios de transferencia, un informe que identifique las cuestiones planteadas por la economía digital y las posibles acciones para afrontarlas, así como parte de los trabajos sobre prácticas fiscales perniciosas.
Segunda fase de trabajos
En dos años, la OCDE prevé que crear las acciones relacionadas con normas sobre compañías foráneas controladas (CFC), deducibilidad de intereses, prevención de la elusión artificiosa de la condición de establecimiento permanente (EP), aspectos de los precios de transferencia de bienes intangibles, riesgos, transacciones de capital y alto riesgo, parte de los trabajos sobre prácticas fiscales perniciosas, reglas de divulgación obligatoria y resolución de controversias.
Y, finalmente, las acciones que pueden requerir más de dos años incluyen aspectos de los precios de transferencia de transacciones financieras, parte de los trabajos sobre prácticas fiscales perniciosas y el desarrollo de instrumentos multilaterales para implementar más ágilmente los cambios en los convenios bilaterales.
Aunque todas estas acciones se consideran como elementos clave del Plan de acción, se reconoce que este trabajo tendrá que ser desarrollado en diferentes etapas, empezando por un análisis exhaustivo de las cuestiones.
Los temas a examinar incluyen, pero no se limitan, a la capacidad de una compañía para tener una presencia digital significativa en la economía de otro país sin estar sujeta a imposición debido a la falta de un nexo bajo las normas internacionales actuales, la atribución del valor creado a partir de la generación de datos comercializables de ubicación relevante mediante el uso de productos y servicios digitales, la caracterización de los ingresos procedentes de los nuevos modelos comerciales, la aplicación de normas relativas a la tributación en la fuente y el modo de asegurar la recaudación efectiva del IVA y otros impuestos indirectos relativos al suministro transfronterizo de bienes y servicios digitales. Ese trabajo necesitará de un análisis exhaustivo de los distintos modelos comerciales de este sector.
Control de los mecanismos híbridos
Para neutralizar los efectos de los desajustes provocados por mecanismos híbridos, se incluye en la planificación el desarrollo de disposiciones convencionales y recomendaciones para el diseño de normas internas para neutralizar el efecto -por ejemplo, la doble exención, la doble deducción, el diferimiento a largo plazo- de los mecanismos y entidades híbridas.
Entre ellas pueden figurar diversos cambios en el Modelo de Convenio Tributario de la OCDE para asegurar que no se utilizan mecanismos y entidades híbridas -así como entidades con residencia dual- para obtener indebidamente ventajas derivadas de los tratados; disposiciones en la legislación nacional que eviten la exención o el no reconocimiento de los pagos que sean deducibles para el pagador; medidas en la legislación nacional que denieguen una deducción por un pago que no se haya de incluir en los ingresos del receptor -y que no esté sujeto a imposición por normas de CFC u otras similares-.
Se incluirán, en esta misma línea, cambios en la legislación nacional que denieguen la deducción por un pago que también sea deducible en otra jurisdicción; y cuando sea necesario, una orientación para la coordinación o normas para resolver conflictos si hay más de un país que desea aplicar ese tipo de normas a una transacción o estructura. Se debe prestar una atención especial a la interacción entre los posibles cambios en una ley nacional y las disposiciones del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE. Este trabajo se coordinará con el relativo a las limitaciones a la deducción de gastos financieros, el dedicado a las normas de las CFC y el de la búsqueda del convenio más favorable (treaty shopping).


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