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En 2013 los ricos pagarán más impuestos en Francia, casi tanto como lo
había prometido Hollande durante su campaña para llegar a dirigir a una
quinta potencia mundial que se encuentra al borde de la recesión y cuyo
déficit público compromete su programa de gobierno.
Ante la dificultad para encontrar nuevos recursos y pregonando una
medida “patriótica”, Hollande marca en materia fiscal una ruptura con
respecto al precedente gobierno conservador del presidente Nicolas Sarkozy.
Mientras el ex mandatario aligeró las cargas impositivas sobre la
fortuna, el socialista pretende instaurar una “contribución excepcional” a
las grandes fortunas para fortalecer “la cohesión social” mediante medidas de
“morales y justas”.
“Es algo excepcional, una forma de contribución patriótica para
equilibrar las finanzas publicas”, expresó Hollande en julio pasado sobre la
medida, un gravamen del 75% que deberán pagar quienes ganen mas de un millón
de euros al año.
Esta medida será examinada en el Parlamento en las sesiones
extraordinarias de la segunda quincena de septiembre, cuando el Socialismo,
que posee la mayoría en ambas cámaras, presente su riguroso proyecto del
presupuesto 2013, la ley de finanzas 2013 y el proyecto plurianual 2013-2015.
El diseño del proyecto es un verdadero rompecabezas para el gobierno
galo, que busca otorgarle “coherencia” a una medida “inteligente”, según el
ministro de economía Pierre Moscovici.
El proyecto gubernamental –que ya se encuentra en estudio mediante un
arbitraje- se mantiene en secreto y hasta el momento solo han filtrado pocos
detalles.
El arbitraje sobre el proyecto gubernamental será dado a conocer en
los próximos días, y, de obtener un examen favorable, el gobierno espera
evitar que sus medidas sean consideradas anticonstitucionales por el Consejo
Constitucional, que ya advirtió que vetará medidas “confiscatorias”.
“Una medida de ese calibre deberá estar acompañada por un plafón que
produzca efectos equivalentes destinados a evitar una ruptura de la igualdad
frente a las cargas públicas”, advirtió el consejo, que dijo que garantizará
la ley vigente de que los contribuyentes no consagren más del 85% de sus
ingresos al impuesto a la fortuna.
La medida podría causar un “éxodo fiscal” de las principales fortunas
de Francia, alertan los medios de comunicación, que sitúan entre “2.000 y
4.500” las personas afectadas por el impuestos a los ricos franceses, al
tiempo que especulan con el mismo tendrá una duración de “entre dos y tres
años”.
Desde la oposición conservadora, denuncian un “impuesto confiscatorio”
y afirman que la medida “demuestra una negación de la realidad y las
contradicciones del programa del principal partido de izquierda galo”, según
estimó el diputado de la Unión por una Mayoría Popular (UMP), Jean-Francois
Copé.
El gobierno de Hollande aduce que los impuestos a las grandes fortunas
actualmente le permiten recaudar 600 millones de euros, dado que la mayoría
de los ricos franceses se encuentran radicados en países vecinos con una
fiscalidad más blanda (Bélgica y Reino Unido) o en paraísos fiscales (Suiza,
Mónaco o Luxemburgo), mientras que el resto de la población aporta cuatro
veces más.
Asimismo, el gobierno pretende eliminar la mayoría de las
exoneraciones impositivas, especialmente las que incumben al patrimonio
(inmuebles, obras de arte, etc), a las herencias y al capital invertido, que
amputan una quinta parte de la recaudaciones de un impuesto sobre la fortuna
que le otorga a las arcas públicas 4 mil millones de euros anualmente.
Pese a que el socialismo insiste que sus medidas serán “justas” y que
“quienes más tienen más pagaran”, la mayoría de los analistas sostiene que el
alza fiscal no será suficiente para reducir el déficit en momentos donde la
economía se encuentra al borde de la recesión.
“El gobierno necesita encontrar nuevos ingresos, por eso podría
aplicar cargas impositivas al ahorro”, reveló el diario Le Monde esta semana
citando a un consejero económico del gobierno.
Hollande podría llegar a postergar su calendario de reforma para
evitar gravar a las empresas francesas en pos de mantener su competitividad.
“Esperamos que el gobierno nos brinde su confianza a las empresas
francesas y que lleve a cabo una política fiscal que nos permita contribuir
al regreso del crecimiento", dijo esta semana Laurence Parisot,
presidenta del grupo que nuclea a la patronal francesa, el Medef.
"No podrá haber un crecimiento beneficioso para todos los
franceses si las empresas no obtienen ganancia”, agregó.
Y ajustó: “Sabemos que hay que reducir el déficit público, que se
necesita recortar 30.000 millones de euros en 2013. Pero no es posible que
ese dinero aparezca a partir de nuevos impuestos. Lo primero que debe hacerse
es reducir el gasto público”.
Según estimaciones de diversos analistas, las alzas impositivas y los
nuevos impuestos podrían otorgarle al Estado entre 5 y 8 mil millones de
euros, una cuarta parte de los 33.000 millones que Hollande necesita recortar
para cumplir con su compromiso europeo de reducir el déficit público al 3% en
2013.
Luego de las vacaciones estivales europeas, Francia comienza a encarar
un año clave para su economía y para el gobierno que en gran parte se
definirá en el Parlamento el mes próximo.
En octubre, el gobierno enfrentará su primera movilización sindical,
luego de que la CGT anunciara esta semana marchas en las principales ciudades
del país para el día 9 para “defender el empleo industrial” y tras considerar
“alarmante la situación económica y social de Francia”.
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